FUNCION PUBLICA – INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS – CERTIFICADO MEDICO – POTESTAD DISCIPLINARIA – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – FALTA GRAVE – LICENCIA POR ENFERMEDAD – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION – FACULTADES DISCIPLINARIAS – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION – CESANTIA – SUMARIO ADMINISTRATIVO – HOSPITALES PUBLICOS – EMPLEO PUBLICO – PRUEBA – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE PRUEBA – IMPROCEDENCIA – PANDEMIA – COVID-19 – FALTAS DISCIPLINARIAS – RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS – GRADUACION DE LA SANCION – ENFERMEROS – FIRMA FALSA – FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO
En el caso, corresponde rechazar el recurso de revisión interpuesto por la actora (enfermera) y, en consecuencia, confirmar la Resolución Administrativa mediante la cual se la declaró cesante por haber presentado un certificado médico apócrifo a fin de justificar una inasistencia laboral. Ante todo, cabe señalar que no está controvertida la materialidad de la conducta imputada, pues la propia agente reconoció haber presentado un certificado médico apócrifo, circunscribiendo su defensa sólo a cuestionar la proporcionalidad de la sanción disciplinaria aplicada. Para ello, la accionante sostuvo que la medida impuesta era desproporcionada en relación con sus antecedentes personales y el contexto laboral atravesado en ese período (pandemia por COVID-19). Ahora bien, conforme lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, que el Tribunal comparte, se observa que la actora pretende que se acojan sus peticiones en virtud de su buen desempeño laboral previo a la sanción expulsiva. Sin embargo, nada concreto indica respecto del reproche que se le ha efectuado en cuanto a la presentación de un certificado médico falso a los fines de emplearlo para justificar su ausencia a su puesto de trabajo. Nótese que en ningún momento aduce que desconocía esta circunstancia sino que pretende excusarse por un estado de saturación laboral que la motivó a tomarse el día de trabajo. Todo ello da cuenta que no ha podido demostrar que el Gobierno demandado procedió de manera arbitraria en su caso o que no ponderara circunstancias relevantes a la hora de sancionarla. Resulta un dato insoslayable para el análisis del caso, que la actora al prestar declaración indagatoria no negó la existencia de los hechos imputados, circunstancia que también fue tenida en vista en la resolución cuestionada a los fines de disponer su cesantía. Por otra parte, luego de que la actora fue notificada del auto de imputación de cargos en el procedimiento sumarial, dejó vencer el plazo de 3 días otorgado para presentar alegato y no presentó prueba alguna. En este contexto, viene al caso referir lo expuesto por el Gobierno demandado en su contestación de demanda en cuanto a que esta conducta importa vulnerar las prescripciones de la Ley N° 6.357 de Integridad Pública.
DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 60968. Autos: González Díaz Emma Verónica Sala: II Del voto de Dra. Mariana Díaz 02-10-2025.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
FUNCION PUBLICA – INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS – CERTIFICADO MEDICO – POTESTAD DISCIPLINARIA – JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – FALTA GRAVE – LICENCIA POR ENFERMEDAD – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION – FACULTADES DISCIPLINARIAS – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION – CESANTIA – SUMARIO ADMINISTRATIVO – HOSPITALES PUBLICOS – EMPLEO PUBLICO – PRUEBA – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDENCIA – PANDEMIA – COVID-19 – FALTAS DISCIPLINARIAS – RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS – GRADUACION DE LA SANCION – ENFERMEROS – FIRMA FALSA – FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO
En el caso, corresponde rechazar el recurso de revisión interpuesto por la actora (enfermera) y, en consecuencia, confirmar la Resolución Administrativa mediante la cual se la declaró cesante por haber presentado un certificado médico apócrifo a fin de justificar una inasistencia laboral. La accionante señaló que la decisión de declarla cesante sin que previamente se le hubiera impuesto ninguna otra sanción, y teniendo un legajo personal intachable, con una formación académica actualizada, revela que el acto resulta desproporcionado y violatorio del principio de razonabilidad y graduación de la pena. Manifestó que las condiciones de trabajo (en época de pandemia) y la falta de descanso demuestran que la sanción por una sola inasistencia deviene excesiva. Ahora bien, conforme lo dictaminado por la Señora Fiscal de Cámara, que el Tribunal comparte, es necesario recordar que la norma que regula las relaciones de empleo público determina ciertas obligaciones y prohibiciones que deben ser respetadas por quienes se encuentran sujetos a ella. De este modo, frente al supuesto en que dichas disposiciones resultasen incumplidas, el Gobierno local debe aplicar las sanciones allí previstas, poniendo en práctica su potestad disciplinaria, la cual tiene por objeto -entre otros- mantener el debido funcionamiento de los servicios administrativos (Fallos 310:738). En el caso “sub examine”, tras ponderar la gravedad de los sucesos acaecidos (presentación de un certificado médico falso a los fines de justificar una ausencia para tomar un día de descanso), las pruebas producidas durante la tramitación del procedimiento sumarial y las defensas efectuadas por la entonces agente, la Administración tuvo por acreditados los cargos imputados y, conforme a la normativa aplicable, consideró que la cesantía resultaba la sanción que más se ajustaba al comportamiento disvalioso desplegado por la accionante. Al efecto, en la resolución se indicó que la conducta de la agente resultaba “(…) autosuficiente para generar una sanción disciplinaria de carácter segregativa, por encontrarse ostensiblemente conculcado el principio general de la buena fe al que están sometidas las partes en el seno de una relación de empleo público”, así como también se entendió que “admitir que el hecho podría sancionarse con una medida disciplinaria menor, significaría aceptar que dicha conducta tuviera algún tipo de justificación, que a todas luces, no la tiene”. Desde este lugar, la sanción impuesta no luce desproporcionada considerando el modo en que acontecieron los hechos, puesto que, si bien es comprensible lo relatado por la actora en cuanto a la situación de cansancio laboral que padecía, no escapaba al contexto propio de la pandemia del Covid compartida por todos los profesionales de la salud, y en última instancia, por la sociedad en su conjunto.
DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 60968. Autos: González Díaz Emma Verónica Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 02-10-2025.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS – CERTIFICADO MEDICO – POTESTAD DISCIPLINARIA – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – FALTA GRAVE – LICENCIA POR ENFERMEDAD – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION – FACULTADES DISCIPLINARIAS – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION – CESANTIA – HOSPITALES PUBLICOS – INTERPRETACION DE LA LEY – EMPLEO PUBLICO – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDENCIA – FALTAS DISCIPLINARIAS – GRADUACION DE LA SANCION – ENFERMEROS – FIRMA FALSA – LEY DE EMPLEO PUBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO
En el caso, corresponde rechazar el recurso de revisión interpuesto por la actora (enfermera) y, en consecuencia, confirmar la Resolución Administrativa mediante la cual se la declaró cesante por haber presentado un certificado médico apócrifo a fin de justificar una inasistencia laboral. La accionante planteó que al dictar el acto sancionador el Gobierno demandado se había excedido en la escala de punición fijada en el artículo 63 de la Ley N° 471, pues el quebrantamiento de las disposiciones previstas en el artículo 10 (norma que se le imputó como infringida) únicamente podían ser sancionadas con apercibimiento o suspensión, y la sanción de cesantía requería un incumplimiento grave. Ahora bien, la actora soslaya que el artículo 62 de la Ley N° 471 permite aplicar la sanción de cesantía tanto en los supuestos de “quebrantamiento grave de las prohibiciones establecidas en los artículos 11 y 12” como de “incumplimiento grave de las obligaciones” que son las enunciadas en el artículo 10 de la misma norma, y que justamente se tuvieron por verificadas en su caso. En efecto, aunque el artículo 62 no haya hecho alusión expresa al artículo 10 -que es el que contempla las obligaciones de los agentes-, lo cierto es que el incumplimiento grave de estas últimas sí se halla expresamente incluido en la primera parte de su inciso e), que hace referencia al “incumplimiento grave de las obligaciones”. De este modo, de los términos de las normas analizadas se desprende que cuando en el marco de las potestades disciplinarias de la Administración derivadas de la relación de empleo público, se verifica un incumplimiento grave de las obligaciones descriptas en el artículo 10 de la Ley N° 471, un resultado posible es la aplicación de una sanción de tipo segregativa como la aquí cuestionada. Ello en nada colisiona con la remisión directa a los artículos 11 y 12 que hace el artículo 63, puesto que en los referidos artículos 11 y 12 no se prevén obligaciones, sino prohibiciones e incompatibilidades, de modo que no tendría sentido sostener que la primera parte del inciso e) del artículo 62 (“incumplimiento grave de las obligaciones”) únicamente puede remitir a los artículos 11 y 12, o peor aún, que no pueden ser objeto de la medida de cesantía.
DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 60968. Autos: González Díaz Emma Verónica Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 02-10-2025.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS – CERTIFICADO MEDICO – POTESTAD DISCIPLINARIA – RESPONSABILIDAD DEL DEPENDIENTE – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – FALTA GRAVE – LICENCIA POR ENFERMEDAD – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION – RESPONSABILIDAD PENAL – FACULTADES DISCIPLINARIAS – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – CAUSA PENAL – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION – CESANTIA – SOBRESEIMIENTO – HOSPITALES PUBLICOS – INTERPRETACION DE LA LEY – EMPLEO PUBLICO – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDENCIA – FALTAS DISCIPLINARIAS – DELITO PENAL – PROCESO PENAL – GRADUACION DE LA SANCION – ENFERMEROS – FIRMA FALSA – JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA – LEY DE EMPLEO PUBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO
En el caso, corresponde rechazar el recurso de revisión interpuesto por la actora (enfermera) y, en consecuencia, confirmar la Resolución Administrativa mediante la cual se la declaró cesante por haber presentado un certificado médico apócrifo a fin de justificar una inasistencia laboral. La accionante planteó que en la causa penal que se le había iniciado por el hecho cometido se la había sobreseído, por lo que la conducta reprochada no ha revestido la entidad que pretende darle la Administración. Ahora bien, toca mencionar que, según lo previsto en el esquema normativo, “…la sustanciación de los sumarios administrativos por hechos que puedan configurar delitos y la imposición de las sanciones pertinentes son independientes de la causa criminal” (conforme artículo 67 de la Ley N° 471). En esa línea, cabe recordar que “la potestad penal y la potestad disciplinaria pueden confluir sobre un mismo hecho, pues lo consideran desde perspectivas jurídicas diferentes” (Tribunal Superior de Justicia, en “Arn, Telmo Iván c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ impugnación de actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido”, Expte. Nº 2303/2003, del 18/12/2003). Desde esa perspectiva, lo decidido en sede penal -extinción de la acción por cumplimiento de las reglas de conducta impuestas al momento de suspender el proceso a prueba y el posterior sobreseimiento- no implicó decisión alguna en torno al hecho luego valorado en el sumario administrativo para dar por acreditada la comisión de la falta imputada. Más aun, la inexistencia de delito no conlleva necesariamente a la ausencia de reproche en el ámbito disciplinario, toda vez que un hecho puede no constituir un delito y, no obstante, configurar una falta en el ámbito de la potestad disciplinaria de la Administración. En efecto, la imputación que dio sustento a la sanción cuestionada versó sobre la inobservancia, por parte de la agente, de la obligación de prestar el servicio en las condiciones debidas y de observar una conducta correcta, digna y decorosa, al haber presentado un certificado médico apócrifo para justificar una inasistencia a su lugar de trabajo. En definitiva, el planteo de la apelante relativo a que lo decidido en el fuero penal debería servir de fundamento para ponderar la gravedad del hecho en el ámbito disciplinario no encuentra sustento en la normativa involucrada, sin que aquella hubiera brindado otros argumentos para darle a la circunstancia apuntada el efecto pretendido.
DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 60968. Autos: González Díaz Emma Verónica Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz, Dr. Fernando E. Juan Lima 02-10-2025.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – GRAVAMEN IRREPARABLE – CUESTIONES DE PRUEBA – FALTA GRAVE – DECLARACION TESTIMONIAL – RECURSO DE APELACION – RECHAZO IN LIMINE – DERECHO A SER OIDO – RESOLUCIONES INAPELABLES – MENORES DE EDAD – CAMARA GESELL
En el caso corresponde declarar admisible el recurso de apelación presentado por la Asesora Tutela contra la decisión de grado que rechazó la solicitud de la Fiscalía de autorizar la declaración testimonial de la menor de edad bajo la modalidad de Cámara Gesell. En efecto, entiendo que el presente debe examinarse de conformidad con una interpretación armónica de las previsiones dispuestas en el artículo 292 del Código Procesal Penal CABA. En este sentido, sin perjuicio de que la decisión adoptada por el "A quo" no resulta expresamente apelable, atendiendo a las particulares circunstancias de este caso, considero que la decisión mencionada resulta susceptible de irrogar un perjuicio de insuficiente o tardía reparación ulterior, por cuanto podría afectar el derecho a ser oído de la hija menor de la imputada (Del voto en disidencia del Dr. Buján).
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 56661. Autos: L., C. R. Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján 30-08-2024.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – POTESTAD DISCIPLINARIA – JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – FALTA GRAVE – FACULTADES DISCIPLINARIAS – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION – CESANTIA – EMPLEO PUBLICO – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDENCIA – FALTAS DISCIPLINARIAS – ERARIO PUBLICO – GRADUACION DE LA SANCION – PERDIDA DE CONFIANZA
En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora contra la Resolución Administrativa que dispuso su cesantía como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por haber incumplido con las obligaciones dispuestas en el artículo 10, incisos a), c), f) y g) de la Ley Nº 471. Mediante una investigación, se hallaron mecanismos irregulares detectados en ciertas cajas pertenecientes a la Dirección General de Tesorería –una de ellas a cargo de la actora-, los cuales permitirían cobrar operaciones cuyos importes nunca ingresaron a las arcas del Gobierno local. En virtud de ello, se ordenó la instrucción de sumario administrativo. La instrucción se valió de varios medios de prueba, y corroboró la detección de dos operatorias de cobro irregular: 1.- el reinicio del sistema; 2.- el corte de timbrado o timbrado por la mitad. En relación a la situación individual de la actora, surge que se han detectado 45 trámites irregulares que empleaban ambas operatorias alternadamente. La actora se queja de la graduación de la sanción, afirmando que existe “… falsedad en relación con atribuirse[le] concepto ‘malo’, siendo que de [su] legajo resulta la falta de sanciones […] [y que] si se hubiera tenido en cuenta el buen concepto que merece quien jamás tuvo sanciones disciplinarias, no se hubiera aplicado la sanción de cesantía, sino una menor”. Con respecto a este punto, no puede deducirse que la autoridad administrativa hubiera desoído los parámetros impuestos por la normativa a efectos de graduar la sanción aplicada, atento la importancia de las normas infringidas. Ello así, por cuanto la Administración concluyó que la conducta de la agente revestía una entidad de tal gravedad que sustentaba la medida disciplinaria aplicada, a raíz de que se encontraba comprometido el erario de la Ciudad y el patrimonio de todos los contribuyentes y habitantes. En línea con ello, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que “[e]n tanto la conducta del empleado sea -como en el caso- susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de sus superiores en lo ateniente a su corrección en la prestación del servicio, la separación del cargo no puede calificarse como arbitraria” (Fallos: 297:233).
DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 50896. Autos: Bonelli Roxana Paula Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín 21-12-2022.
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IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – POTESTAD DISCIPLINARIA – RESPONSABILIDAD DEL DEPENDIENTE – JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – FALTA GRAVE – ABSOLUCION – RESPONSABILIDAD PENAL – FACULTADES DISCIPLINARIAS – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION – CESANTIA – SOBRESEIMIENTO – EMPLEO PUBLICO – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDENCIA – FALTAS DISCIPLINARIAS – DELITO PENAL – PROCESO PENAL – GRADUACION DE LA SANCION – JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
En el caso, corresponde rechazar el recurso directo interpuesto por la actora contra la Resolución Administrativa que dispuso su cesantía como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por haber incumplido con las obligaciones dispuestas en el artículo 10, incisos a), c), f) y g) de la Ley Nº 471. Mediante una investigación, se hallaron mecanismos irregulares detectados en ciertas cajas pertenecientes a la Dirección General de Tesorería –una de ellas a cargo de la actora-, los cuales permitirían cobrar operaciones cuyos importes nunca ingresaron a las arcas del Gobierno local. En virtud de ello, se ordenó la instrucción de sumario administrativo. La instrucción se valió de varios medios de prueba, y corroboró la detección de dos operatorias de cobro irregular: 1.- el reinicio del sistema; 2.- el corte de timbrado o timbrado por la mitad. En relación a la situación individual de la actora, surge que se han detectado 45 trámites irregulares que empleaban ambas operatorias alternadamente. La actora se quejó respecto a que “[n]o se ha aguardado la definición de la Justicia, imputándose[le] delitos por los que no fu[e] condenada mediante la correspondiente sentencia”. Al respecto, huelga recordar que a partir de la investigación llevada adelante en el presente caso, se iniciaron actuaciones judiciales sobre malversación de caudales públicos, toda vez que los funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus respectivos cargos tienen responsabilidades civiles, penales y administrativas (Fallos: 319:1034). En el orden local, este principio de derecho ha sido receptado en los artículos 52 y 59 de la Ley N° 471 -según t.c. Ley N° 6.347-. Es decir que “[l]a potestad penal y la potestad disciplinaria pueden confluir sobre un mismo hecho, pues lo consideran desde perspectivas jurídicas diferentes. Cada ordenamiento […] intenta garantizar y proteger intereses y bienes jurídicos distintos” (Tribunal Superior de Justicia, “Arn, Telmo Iván c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ impugnación de actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido”, Expte. n° 2303/03, sentencia del 18/12/2003). De este modo, el agravio de la agente no puede tener favorable acogida, puesto que la absolución o el sobreseimiento en el primero, no impide la posibilidad que su autor sea sancionado en el segundo, a raíz de las diferentes responsabilidades que acarrea uno y otro, de acuerdo a lo expresamente indicado en los regímenes positivos vigentes. En este entendimiento, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que “[l]a circunstancia de haberse sobreseído en sede penal a los actores no constituye obstáculo para la determinación de su responsabilidad disciplinaria, ya que el pronunciamiento administrativo es independiente del judicial en razón de ser distintas las finalidades perseguidas y los bienes jurídicos tutelados en cado uno de ellos, así como también son diferentes los principios que se aplican en uno y otro sector y fundamentalmente diversos los valores en juego” (Fallos: 305:102).
DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 50896. Autos: Bonelli Roxana Paula Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín 21-12-2022.
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ASESORAMIENTO PROFESIONAL – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – FALTA GRAVE – PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – CESANTIA – EMPLEO PUBLICO – INCOMPATIBILIDAD DE CARGOS – JORNADA DE TRABAJO – FALTA DE PERJUICIO
En el caso, corresponde rechazar el recurso de revisión interpuesto por el actor y confirmar la Resolución que dispuso su cesantía por incurrir en situaciones consideradas incompatibles con la Ley N° 471, como el deber de no ejercer coetáneamente con el empleo alguna actividad o profesión inconciliables con éste, que implicó una violación a las obligaciones establecidas en el artículo 10, inciso a), c) y f) de la Ley N° 471 y a la prohibición expresamente establecida en el artículo 11, inciso a) de la ley citada. El actor aduce que la sanción es desproporcionada, destacó su falta de antecedentes y que ni la Administración ni los particulares se vieron perjudicados por su accionar. Sin embargo, no se está sancionando una conducta aislada sino que el agente incurrió en las prohibiciones del artículo 11 de la Ley N°471 de forma reiterada. En tal contexto, la ausencia de antecedentes pierde relevancia en el análisis de la sanción a imponer. Asimismo, en cuanto a la ausencia de perjuicio, cuadra aclarar que no se encuentra controvertido que los trámites fueron realizados durante el horario de trabajo del actor; este hecho, "per se", implica la existencia de un perjuicio a la Administración. Asimismo, la necesidad de una conducta dolosa tendiente a causar un daño no está pautada en la norma como requisito para sancionar a un agente. Ello así, no se advierte que la Administración haya incurrido en arbitrariedad al calificar la violación habitual de una prohibición expresa como falta grave.
DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 43742. Autos: Silva, Ariel de los Ángeles Sala: III Del voto de Dr. Hugo R. Zuleta 29-04-2021.
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ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO – FALTA GRAVE – PRESCRIPCION DE LA ACCION – REGIMEN DE FALTAS – TIPO LEGAL – IMPROCEDENCIA – FALTAS
En el caso, corresponde confirmar la resolución del juez a quo en cuanto declara prescriptas las actas de comprobación labradas por estacionar el auto en lugar prohibido. Al respecto, y en cuanto a la extinción de la acción en materia de faltas, la anterior redacción del artículo 15 de la Ley Nº 451, que regía al momento de los hechos, establecía que la prescripción era anual, salvo en los casos en que la Ley Nacional de Tránsito consagra el plazo de dos años. Ahora bien, entiende el Representante del Ministerio Público Fiscal que se dan ciertos supuestos previstos por el artículo 77 inciso b) de la Ley Nº 24449 ( 1 y 3) que califican a los hechos materia de análisis como faltas graves, en atención a las características de los vehículos utilizados y de los lugares en que fueron cometidas. Por ello, considera que se debe aplicar el plazo de prescripción de dos años previstos para este tipo de faltas (art. 89, inc. b, Ley 24449). Sentado ello, y en cuanto a la cuestión específicamente debatida en la presente causa es dable mencionar que, a juicio de esta Sala, si bien los vehículos poseen grandes dimensiones, el espacio que ocupan estacionados no implica la obstrucción de la circulación. Ello, toda vez que tal como se desprende de las actas de infracción, todas ellas fueron cometidas en avenidas que constan de diversos carriles (Santa Fe, Pueyrredón, Rivadavia, Federico Lacroze, San Juan). Esto evidencia que un vehículo detenido en esas condiciones no puede coartar o impedir la circulación en los términos exigidos por el primer supuesto previsto en el inc. b del artículo 77 de la Ley Nacional de Tránsito, sino dificultarla. En cuanto al tercer supuesto, es decir, la ocupación de los espacios reservados por razones de seguridad y/o visibilidad, el Fiscal no especifica la normativa en la que se basa para afirmar su configuración, tan solo lo presupone, pese a que en las actas no consta que los vehículos estuvieran estacionados en lugares reservados. Por otra parte, el fiscal entiende que corresponde que sean consideradas como faltas graves en atención a que las actas fueron labradas sobre avenidas, estando expresamente prohibido por la Ley Nº 634/06, la que además dispone, entre otros supuestos, que queda prohibido estacionar en “todo lugar donde se pueda afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o se oculte señalización” (art. 12, inc. a). Sin embargo, dicho plexo normativo establece prohibiciones respecto del estacionamiento de vehículos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y complementa las disposiciones de la Ley Nª 451 en cuanto al estacionamiento prohibido previsto en el artículo 6.1.52, pero en modo alguno puede inferirse de aquel que dichas prohibiciones, conviertan por sí solas a las faltas en graves si no se dan los supuestos establecidos por el artículo 77 de la Ley Nº 24449.
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 6673. Autos: CONGELARG S.A Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dr. José Saez Capel, Dra. Elizabeth Marum 06-11-2007.
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LEY APLICABLE – LEY DE TRANSITO – FALTA GRAVE – PRESCRIPCION DE LA ACCION – REGIMEN DE FALTAS – FALTAS – VIOLACION DE SEMAFORO – FALTAS DE TRANSITO
Violar luz roja, es de aquellas faltas caracterizadas como graves por la normativa federal aplicable por remisión legislativa (art. 15, Ley Nº 451), en cuanto establece que tendrán dicho carácter las conductas que resulten atentatorias a la seguridad del tránsito (art. 77 inciso a, Ley Nº 24449). Dicha caracterización implica que la conducta imputada en autos pueda ser perseguida, por parte del estado local, hasta por el plazo de dos años.
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 3770. Autos: CHALELA, Osvaldo Antonio Sala: I Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dr. José Saez Capel, Dra. Elizabeth Marum 23-09-2004.
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HABILITACION DE REMISE – FALTA GRAVE – PRESCRIPCION DE LA ACCION – REGIMEN DE FALTAS – FALTAS – FALTAS DE TRANSITO
La falta de habilitación de remís es de aquellas caracterizadas como graves por la normativa federal aplicable por remisión legislativa (art. 15, Ley Nº 451) en cuanto establece que tendrá dicho carácter la conducta de circular con vehículos de transporte de pasajeros o carga, sin contar con la habilitación extendida por autoridad competente o que teniéndola no cumpliera con lo allí exigido (art.77 inciso K ley 24449). Dicha caracterización implica que la conducta imputada pueda ser perseguida, por parte del estado local, hasta por el plazo de dos años.
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 3765. Autos: IGARZABAL, Jorge Gustavo Sala: I Del voto de Dr. José Saez Capel, Dra. Elizabeth Marum 16-09-2004.
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