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DIRECCION GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR – INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR – CONTRATOS INFORMATICOS – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – PASAJES – COMERCIO ELECTRONICO – MULTA (ADMINISTRATIVO) – COMPRAVENTA – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION – COMPETENCIA – CONTRATOS DE CONSUMO – AUTORIDAD DE APLICACION – INTERNET – FACULTADES CONCURRENTES – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – COMPETENCIA ADMINISTRATIVA – RELACION DE CONSUMO

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor –DGDyPC- mediante la cual se le impuso a la actora una multa de $40.000 por infracción al artículo 19 de la Ley N° 24.240. El denunciante compro dos pasajes aéreos a través de la plataforma "web" de titularidad de la actora que opera como intermediaria. Relató que luego de realizada la operación de compra “on line”, recibió los boletos electrónicos vía email y advirtió que estaban consignados en forma errónea el nombre y apellido de los pasajeros, siendo que los datos los había cargado en forma correcta. Ante el reclamo, la empresa recurrente le informó que la compañía aérea cobraría un adicional de U$S150 por el cambio de titularidad. La empresa recurrente se agravió al considerar que la DGDyPC resulta incompetente para el tratamiento de las causas que versen sobre la materia aérea, por cuanto el artículo 63 de la Ley N° 24.240 establece que para esos supuestos deberán aplicarse las normas del Código Aeronáutico y solo, en forma supletoria dicha Ley. Ahora bien, lo dispuesto en el citado artículo 63 no implica que siempre que un consumidor adquiera un pasaje aéreo a través de una agencia de viajes, la defensa de sus derechos se agote con las previsiones del Código Aeronáutico o de los tratados internacionales. La Ley Nº 24.240 resulta aplicable frente a cualquier relación de consumo, dado que tiene en miras la protección de los consumidores de toda clase de productos y de los usuarios de cualquier tipo de servicios, de allí que -como se configura en el caso- los pasajeros aéreos en su carácter de usuarios estén alcanzados por tal tutela (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala F, en los autos “Blanco, Esteban c/ Despegar.com.ar S.A. s/ ordinario”, expte. N° 3.190/2016, del 14/08/18). En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde rechazar el planteo formulado por la recurrente.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 41184. Autos: Despegar.com.ar S. A. Sala: II Del voto de Dra. Mariana Díaz 12-12-2019.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor –DGDyPC- mediante la cual se le impuso a la actora una multa de $40.000 por infracción al artículo 19 de la Ley N° 24.240. El denunciante compro dos pasajes aéreos a través de la plataforma "web" de titularidad de la actora que opera como intermediaria. Relató que luego de realizada la operación de compra “on line”, recibió los boletos electrónicos vía email y advirtió que estaban consignados en forma errónea el nombre y apellido de los pasajeros, siendo que los datos los había cargado en forma correcta. Ante el reclamo, la empresa recurrente le informó que la compañía aérea cobraría un adicional de U$S150 por el cambio de titularidad. La empresa recurrente se agravió al considerar que la DGDyPC resulta incompetente para el tratamiento de las causas que versen sobre la materia aérea, por cuanto el artículo 63 de la Ley N° 24.240 establece que para esos supuestos deberán aplicarse las normas del Código Aeronáutico y solo, en forma supletoria dicha Ley. Ahora bien, lo dispuesto en el citado artículo 63 no implica que siempre que un consumidor adquiera un pasaje aéreo a través de una agencia de viajes, la defensa de sus derechos se agote con las previsiones del Código Aeronáutico o de los tratados internacionales. Al respecto, cabe señalar que de la lectura del recurso se observa que el recurrente omite considerar que las atribuciones de la Administración local para abordar las cuestiones tenidas en cuenta en la resolución administrativa atacada, fueron analizadas a partir del marco de una relación de consumo y derivan directamente de las normas constitucionales aplicables en el orden nacional y local (conf. artículos 42 de la Constitución Nacional y 46 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires). Se impuso una sanción a la actora por un supuesto incumplimiento de una normativa de defensa del consumidor, en la medida que la empresa presta un servicio para el consumo final del cliente y, como consecuencia de ello, se encuentra obligada al cumplimiento de la mentada norma, siendo su autoridad de aplicación local la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde rechazar el planteo formulado por la recurrente.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 41184. Autos: Despegar.com.ar S. A. Sala: II Del voto de Dra. Mariana Díaz 12-12-2019.

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS – PROTECCION DEL CONSUMIDOR – CONTRATOS INFORMATICOS – COMERCIO ELECTRONICO – COMPRAVENTA – CONTRATOS DE CONSUMO – INFORMACION AL CONSUMIDOR – DEBER DE INFORMACION – DERECHO A LA INFORMACION – INTERNET – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – DERECHOS DEL CONSUMIDOR – RELACION DE CONSUMO

En los contratos celebrados por medios electrónicos entre empresas y consumidores, las diferencias económicas y cognoscitivas, y el desequilibrio en el poder negocial, se acentúa en el mundo virtual. Se profundizan las asimetrías económicas informáticas y tecnológicas (conf. Lorenzetti, Ricardo: “Comercio electrónico” – Ed. Abeledo-Perrot – Bs. As. – 2001). En esta nueva modalidad de contratación, el diálogo entre partes está mucho más reducido y estandarizado, razón por la cual el conocimiento defectuoso que supone el error puede aparecer con mayor frecuencia (conf. Altmark, Daniel (dir.) y Bielsa, Rafael (Coord. Académico): “Informática y derecho. Aportes de doctrina internacional” – Nº8 – Lexis Nexis – Depalma – Bs. As. – 2002 – pág. 128). En este sentido, las Directrices de Naciones Unidas para la Protección del Consumidor de 1985 (reformadas en 1999 y 2015) establecen que en materia de comercio electrónico se debe fomentar la confianza de los consumidores y, además, se debe garantizar que estén informados y sean conscientes de sus derechos y obligaciones en el mercado digital. Asimismo, los consumidores que recurran al comercio electrónico deben tener un grado de protección que no sea inferior al otorgado a otras formas de comercio (cfr. directrices arts. 5 inc. j y 63).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 41184. Autos: Despegar.com.ar S. A. Sala: II Del voto de Dra. Mariana Díaz 12-12-2019.

INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR – CONTRATOS INFORMATICOS – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – CARGA DE LA PRUEBA – PASAJES – COMERCIO ELECTRONICO – MULTA (ADMINISTRATIVO) – COMPRAVENTA – INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – CONTRATOS DE CONSUMO – PRUEBA – FALTA DE PRUEBA – INTERNET – PROCEDENCIA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor –DGDyPC- mediante la cual se le impuso a la actora una multa de $40.000 por infracción al artículo 19 de la Ley N° 24.240. La recurrente sostuvo que cumplió con las obligaciones a su cargo, y que no existió infracción al artículo 19 de la Ley N° 24.240, señalando que fue el propio denunciante quien consignó en forma errónea los nombres de los pasajeros, y que la penalidad que se pretendía cobrar era una exigencia de la compañía aérea y no de ella. Ahora bien, se advierte que la DGDyPC estimó que la sancionada -en su carácter de intermediaria- no respetó los términos, condiciones y modalidades de la contratación, debido a que el usuario utilizó sus servicios a fin de adquirir dos pasajes aéreos para trasladarse junto con un familiar a un destino internacional pero, tras efectuar la reserva, observó que los billetes electrónicos fueron emitidos en forma deficiente, exigiéndose una suma de dinero que no se encontraba incluida en los términos convenidos a los efectos de posibilitar la concreción del viaje. Al respecto, es importante recordar que cuando la Administración ejerce potestades sancionatorias -más aún si ellas son de carácter materialmente jurisdiccional- tiene el deber de acreditar los presupuestos de hecho que permitan dar por configurado el incumplimiento que habilita la imposición de la sanción y, a ese respecto, la presunción de validez no puede ser invocada para conferir legitimidad a actos que omiten cumplir con la obligación mencionada (cf., “mutatis mutandi”, mi voto en los autos “Island International School c/ GCBA s/ otras demandas contra la autoridad administrativa”, expte. Nº30273/0, sentencia del 15/7/16). En ese marco, no es posible sostener -tal como sostiene la accionante- que la sanción cuestionada haya sido impuesta en forma arbitraria pues aquella decisión encontró respaldo suficiente en la constatación del incumplimiento de lo establecido en los artículos 19 de la Ley N° 24.240. Es que, en el supuesto en análisis, ante la operación de compra de los pasajes aéreos llevada a cabo por el denunciante por intermedio de la agencia de viajes y bajo las condiciones oportunamente convenidas, la sancionada debería haber acreditado que la posterior emisión errónea de los boletos y la consecuente pretensión de cobro de un monto extra para abordar el avión, no configuran incumplimientos que le sean imputables. En consecuencia, ante la ausencia de elementos probatorios aportados por la actora, corresponde rechazar el planteo bajo análisis.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 41184. Autos: Despegar.com.ar S. A. Sala: II Del voto de Dra. Mariana Díaz 12-12-2019.

INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR – CONTRATOS INFORMATICOS – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – PRUEBA PERICIAL – CARGA DE LA PRUEBA – PASAJES – COMERCIO ELECTRONICO – MULTA (ADMINISTRATIVO) – COMPRAVENTA – INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – CONTRATOS DE CONSUMO – PRUEBA – FALTA DE PRUEBA – INTERNET – PROCEDENCIA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – PERICIA INFORMATICA

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor –DGDyPC- mediante la cual se le impuso a la actora una multa de $40.000 por infracción al artículo 19 de la Ley N° 24.240. La recurrente sostuvo que cumplió con las obligaciones a su cargo, y que no existió infracción al artículo 19 de la Ley N° 24.240, señalando que fue el propio denunciante quien consignó en forma errónea los nombres de los pasajeros al realizar la compra “on line”, y que la penalidad que se pretendía cobrar era una exigencia de la compañía aérea y no de ella. Ahora bien, cabe recordar que pesa sobre “…quien se halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva el deber de hacerlo, debiendo soportar esa parte -en su caso- las consecuencias de su actuar negligente o reticente” (confr. Fallos: 320:2715, voto del Dr. Vázquez; 324:2689, 325:2192, entre otros). En este sentido, debe considerarse que era la recurrente quien se encontraba en mejores condiciones para probar que la empresa no tuvo responsabilidad en la errónea consignación de los datos personales de los pasajeros al emitirse los pasajes aéreos. Sin embargo, más allá de las diligencias realizadas en el marco de las presentes actuaciones, la empresa no logró aportar elementos de prueba que permitieran descalificar la decisión de la DGDyPC. Nótese al respecto que la Perito Informática interviniente solicitó en forma previa a efectuar la pericia, que la actora pusiera a su disposición “el sistema [de emisión de tickets] completo en línea” y que comparezca una persona con el conocimiento funcional de las aplicaciones, a los efectos de pronunciarse acerca de los puntos indicados. Pese a que a dicha prueba fue ofrecida por la propia accionante, quien se encontraba en mejores condiciones para mostrar el modo en que opera el sistema “on line” y, especialmente, acreditar la ausencia de su intervención directa en la carga o transferencia de los respectivos datos; la recurrente no puso a disposición los elementos que hubieran permitido constatar su falta de responsabilidad en la infracción imputada. En tal contexto, cabe añadir que tampoco resulta posible descartar que pesara sobre la accionante la obligación de confrontar -aun en forma somera- los datos de los pasajeros para una correcta emisión de los billetes de avión. En consecuencia, ante la ausencia de elementos probatorios aportados por la actora, corresponde rechazar el planteo bajo análisis.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 41184. Autos: Despegar.com.ar S. A. Sala: II Del voto de Dra. Mariana Díaz 12-12-2019.

INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR – CONTRATOS INFORMATICOS – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – PASAJES – COMERCIO ELECTRONICO – MULTA (ADMINISTRATIVO) – COMPRAVENTA – GRADUACION DE LA MULTA – CONTRATOS DE CONSUMO – INTERNET – PROCEDENCIA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – GRADUACION DE LA SANCION

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor –DGDyPC- mediante la cual se le impuso a la actora una multa de $40.000 por infracción al artículo 19 de la Ley N° 24.240. El denunciante compro dos pasajes aéreos a través de la plataforma "web" de titularidad de la actora que opera como intermediaria. Relató que luego de realizada la operación de compra “on line”, recibió los boletos electrónicos vía email y advirtió que estaban consignados en forma errónea el nombre y apellido de los pasajeros, siendo que los datos los había cargado en forma correcta. Ante el reclamo, la empresa recurrente le informó que la compañía aérea cobraría un adicional de U$S150 por el cambio de titularidad. La recurrente se queja por la falta de fundamentación en la graduación de la sanción. Ahora bien, la autoridad de aplicación para determinar el monto de la multa y la graduación de la sanción consideró los parámetros previstos en el artículo 16 de la Ley N° 757. En particular, se tuvo en cuenta “la destacadísima posición que ocupa la denunciada en el mercado”. Además, en relación con el artículo 19 de la Ley N° 24.240 expuso que la obligación allí contenida “viene a reforzar uno de los principios fundamentales del derecho de los negocios”. De esta manera, la Administración dejó claramente de manifiesto cuáles han sido las pautas que determinaron la aplicación de la multa y su graduación; dejando a resguardo la posibilidad de un adecuado ejercicio del derecho de defensa por parte del administrado. En tal sentido, la multa $40.000 aplicada, aparece suficientemente motivada y no luce desproporcionada, si se tienen presentes, los parámetros merituados por la autoridad de aplicación para graduarla. Más aún, cuando en el artículo 47 de la Ley N° 24.240 se contempla un rango para la sanción que va de $100 a $5.000.000. En consecuencia, corresponde rechazar el agravio bajo estudio.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 41184. Autos: Despegar.com.ar S. A. Sala: II Del voto de Dra. Mariana Díaz 12-12-2019.

INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR – CONTRATOS INFORMATICOS – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – ESTABLECIMIENTO COMERCIAL – COMERCIO ELECTRONICO – MULTA (ADMINISTRATIVO) – COMPRAVENTA – INFRACCIONES FORMALES – INTERNET – PROCEDENCIA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – ENTREGA DE LA COSA

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor mediante la cual se le impuso a la actora -comercio de electrodomésticos- una sanción pecuniaria de $20.000, por infracción al artículo 10 bis de la Ley N° 24.240. El denunciante relató que adquirió un electrodoméstico por internet, y que se le hizo entrega de un modelo distinto al que había adquirido, y 3 días después de la fecha pactada. Luego, en instancia conciliatoria prejudicial se acordó que la aquí actora restituía la totalidad del precio pagado por el denunciante, más la suma de $5.000 por todo concepto. En su recurso, la actora alega su falta de infracción a la norma en cuestión. Ahora bien, la ley sanciona las infracciones a las obligaciones por ella impuestas, con prescindencia del daño sufrido por el consumidor, es decir, no se requiere la prueba ni existencia de daño alguno, basta que se configure un formal incumplimiento para merecer reproche y sanción legal. De tal manera, y como lo he expresado en autos “Cablevisión S.A. c/GCBA s/Otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apel.”, RDC 2576/2009-0, sentencia del 26/02/10, para que –en lo que aquí interesa– se configure una falta basta con comprobar que la empresa incurrió en las omisiones oportunamente detalladas. Ello es así toda vez que “lo que sanciona la Ley de Defensa del Consumidor es la omisión o incumplimiento de los deberes u obligaciones a cargo de los prestadores de bienes y servicios que fueron impuestos como forma de equilibrar la relación prestatario-consumidor. Se trata de infracciones formales donde la verificación de tales hechos hace nacer por sí la responsabilidad del infractor. No se requiere daño concreto sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley…” (conf. CNFed. CA, Sala II, Capesa SAICFIM c/ Sec. De Com. e Inv. – Disp. DNCI Nº 137/97, sentencia de fecha 18/12/1997).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 37224. Autos: Frávega S.A.C.I.E.I. Sala: II Del voto de Dr. Esteban Centanaro 11-10-2018.

INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR – CONTRATOS INFORMATICOS – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – ESTABLECIMIENTO COMERCIAL – COMERCIO ELECTRONICO – MULTA (ADMINISTRATIVO) – COMPRAVENTA – INFRACCIONES FORMALES – PRUEBA – FALTA DE PRUEBA – INTERNET – PROCEDENCIA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – ENTREGA DE LA COSA

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 37224. Autos: Frávega S.A.C.I.E.I. Sala: II Del voto de Dr. Esteban Centanaro 11-10-2018.

INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR – CONTRATOS INFORMATICOS – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – ESTABLECIMIENTO COMERCIAL – COMERCIO ELECTRONICO – MULTA (ADMINISTRATIVO) – COMPRAVENTA – FALTA DE FUNDAMENTACION – IMPROCEDENCIA – VICIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO – INTERNET – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – ENTREGA DE LA COSA

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 37224. Autos: Frávega S.A.C.I.E.I. Sala: II Del voto de Dr. Esteban Centanaro 11-10-2018.

INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR – DICTAMEN JURIDICO – CONTRATOS INFORMATICOS – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – NOTIFICACION – ESTABLECIMIENTO COMERCIAL – COMERCIO ELECTRONICO – MULTA (ADMINISTRATIVO) – COMPRAVENTA – VICIOS DEL PROCEDIMIENTO – IMPROCEDENCIA – INTERNET – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – ENTREGA DE LA COSA

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 37224. Autos: Frávega S.A.C.I.E.I. Sala: II Del voto de Dr. Esteban Centanaro 11-10-2018.

INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR – CONTRATOS INFORMATICOS – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – ESTABLECIMIENTO COMERCIAL – COMERCIO ELECTRONICO – MULTA (ADMINISTRATIVO) – PROPORCIONALIDAD DE LA SANCION – COMPRAVENTA – GRADUACION DE LA MULTA – INTERNET – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – GRADUACION DE LA SANCION – ENTREGA DE LA COSA

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 37224. Autos: Frávega S.A.C.I.E.I. Sala: II Del voto de Dr. Esteban Centanaro 11-10-2018.

INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR – MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – CONTRATOS INFORMATICOS – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – ESTABLECIMIENTO COMERCIAL – COMERCIO ELECTRONICO – MULTA (ADMINISTRATIVO) – COMPRAVENTA – INFRACCIONES FORMALES – INTERNET – PROCEDENCIA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – ENTREGA DE LA COSA

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor mediante la cual se le impuso a la actora -comercio de electrodomésticos- una sanción pecuniaria de $20.000, por infracción al artículo 10 bis de la Ley N° 24.240. El denunciante relató que adquirió un electrodoméstico por internet, y que se le hizo entrega de un modelo distinto al que había adquirido, y 3 días después de la fecha pactada. Luego, en instancia conciliatoria prejudicial se acordó que la aquí actora restituía la totalidad del precio pagado por el denunciante, más la suma de $5.000 por todo concepto. La actora no ha arrimado prueba alguna que desvirtúe el acaecimiento de las conductas de la empresa sancionada que motivaran la denuncia del consumidor y que sustentan la aplicación de la sanción cuestionada, por lo que a mi entender la decisión atacada se encuentra debidamente motivada, y no advierto de qué forma la consideración de una eventual solución a la que hubiera arribado la actora con el denunciante después de concluida la instancia conciliatoria prevista por el artículo 9° de la Ley Nº 757 -texto consolidado 2016- podría haber modificado lo decidido por la Administración atento el carácter formal de las infracciones al régimen de protección al consumidor, las que se configuran por la sola acción reprochable más allá de cuál sea su resultado (cf. Sala I “Ediciones Alyaya S.A. c/GCBA s/otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones Expte RDC 524/0 sentencia del 30/9/2004”, “Coto CICSA c/GCBA s/otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones Expte RDC 2923” sentencia del 26/3/2012 y Balbín, Carlos F., “El régimen de protección del usuario y consumidor en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires", en Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comentado y Anotado, 3era edición actualizada y ampliada, Abeledo Perrot, p.1357).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 37224. Autos: Frávega S.A.C.I.E.I. Sala: II Del voto de Dr. Carlos F. Balbín 11-10-2018.

INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR – DICTAMEN JURIDICO – CONTRATOS INFORMATICOS – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – NOTIFICACION – ESTABLECIMIENTO COMERCIAL – COMERCIO ELECTRONICO – MULTA (ADMINISTRATIVO) – COMPRAVENTA – VICIOS DEL PROCEDIMIENTO – IMPROCEDENCIA – VICIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO – INTERNET – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – ENTREGA DE LA COSA

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 37224. Autos: Frávega S.A.C.I.E.I. Sala: II Del voto de Dr. Carlos F. Balbín 11-10-2018.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA – INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR – CONTRATOS INFORMATICOS – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – ESTABLECIMIENTO COMERCIAL – COMERCIO ELECTRONICO – MULTA (ADMINISTRATIVO) – PUBLICACION DE LA SANCION – COMPRAVENTA – INFRACCIONES FORMALES – INTERNET – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – ENTREGA DE LA COSA

En el caso, corresponde confirmar la resolución administrativa dictada por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor mediante la cual se le impuso a la actora -comercio de electrodomésticos- una sanción pecuniaria de $20.000, por infracción al artículo 10 bis de la Ley N° 24.240. El denunciante relató que adquirió un electrodoméstico por internet, y que se le hizo entrega de un modelo distinto al que había adquirido, y 3 días después de la fecha pactada. Luego, en instancia conciliatoria prejudicial se acordó que la aquí actora restituía la totalidad del precio pagado por el denunciante, más la suma de $5.000 por todo concepto. En lo que refiere a la queja de la actora sobre la imposición de publicar en un diario la sanción, debo señalar que si bien los textos del artículo 47 de la Ley N° 24.240, y del artículo 21 de la Ley N° 757 resultan claros en cuanto a que las sanciones deben ser publicadas en todos los casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido al respecto de forma contundente, sosteniendo que “la facultad que le asiste a la autoridad de aplicación de graduar las sanciones de acuerdo a los antecedentes del infractor y a las circunstancias del caso según el artículo 49 de la ley se limita a la facultad de aplicar, en forma conjunta o independiente, cualesquiera de las sanciones enumeradas en cada uno de los incisos del artículo 47, mas dicha facultad no alcanza al último párrafo del mencionado precepto, el cual determina de manera imperativa que la resolución condenatoria debe publicarse en el diario de mayor circulación del lugar donde la infracción se hubiera cometido, a costa del infractor.- Dicha disposición en examen -publicación imperativa- constituye una sanción accesoria insoslayable a aplicar, cualquiera fuere la sanción condenatoria principal y con prescindencia de la levedad o gravedad de la infracción cometida y sancionada. De no ser así -aplicable a todos los casos el legislador hubiera incluido a la publicación como un inciso más de los enumerados en el artículo en ciernes, convirtiéndola de ese modo en una sanción posible a aplicar, junta o independientemente con las demás.” (CSJN, "in re" “Banco Bansud S.A. c/ Secretaría de Comercio e Inversiones s/ Disposición 1242/98”; Fallos 324:1742) (cf. Sala I “Garbarino S.A. c/GCBA s/otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones” Expte RDC 306/0, sentencia del 4/8/2011).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 37224. Autos: Frávega S.A.C.I.E.I. Sala: II Del voto de Dr. Carlos F. Balbín 11-10-2018.

ACEPTACION DE LA OFERTA – CONTRATOS INFORMATICOS – CONTRATOS – ALCANCES – CONSENTIMIENTO – INTERNET – OFERTA – CARACTER – ELEMENTOS DEL CONTRATO

Para la existencia de un contrato se deben reunir los siguientes elementos esenciales: el consentimiento, objeto y causa. Por ello, el consentimiento contractual es el elemento que se señala como “esencialísimo” y propio, porque sin él no hay contrato. Sobre el modo de exteriorización del mismo, debo mencionar que muchas veces las normas de nuestros códigos han resultado superadas por el desarrollo de los medios de comunicación de los que hoy se disponen, el teléfono, el fax, correo electrónico, etc. Siguiendo este punto, los términos del consentimiento son la “oferta” y la “aceptación”, lo cual resulta claramente del artículo 1144 del Código Civil, es decir, que deben coincidir las voluntades de ambos contratantes, de modo que se forme aquella suerte de “voluntad común” a la que alude el artículo 1137 del Código Civil al definir el contrato. El impacto de la informática, de las comunicaciones y el auge de la globalización en nuestra sociedad han producido transformaciones en diversos aspecto jurídicos. Esta nueva realidad digital y la gran cantidad de información ingresada a la web brinda ilimitadas posibilidades de consumir, y paralelamente genera nuevas formas de publicitar. En esta nueva categoría de contratos situamos—en general— a los celebrados por medios electrónicos que tienen ciertas características particulares. Por ejemplo, en los contratos por redes abiertas como Internet, hay una oferta indeterminada al público en general y el usuario o destinatario de la oferta solo puede aceptar o abonar el precio. Vemos pues, que con la utilización de las nuevas tecnologías en las relaciones comerciales, se abandona el soporte tradicional de los mensajes sobre papel y se lo reemplaza por soportes magnéticos o electrónicos.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 13359. Autos: SION SA Sala: II Del voto de Dr. Esteban Centanaro 18-11-2010.

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