busqueda-avanzada-de-jurisprudencia-temas-relacionados

HONORARIOS DEL CONCILIADOR – LEY APLICABLE – JURISDICCION NACIONAL – CODIGO PROCESAL PARA LA JUSTICIA EN LAS RELACIONES DE CONSUMO EN EL AMBITO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – IMPOSICION DE COSTAS – DAÑOS Y PERJUICIOS – COSTAS – RECHAZO DE LA DEMANDA – PROCEDENCIA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION – COSTAS EN EL ORDEN CAUSADO – HONORARIOS PROFESIONALES – RELACION DE CONSUMO – COSTAS AL DEMANDADO – APLICACION TERRITORIAL DE LA LEY

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63257. Autos: Vargas, Mónica Sala: I Del voto de Dr. Pablo C. Mántaras, Dra. Fabiana Schafrik, Dr. Carlos F. Balbín 17-07-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – HONORARIOS DEL CONCILIADOR LEY APLICABLE PRINCIPIO DE GRATUIDAD JURISDICCION NACIONAL CODIGO PROCESAL PARA LA JUSTICIA EN LAS RELACIONES DE CONSUMO EN EL AMBITO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES IMPOSICION DE COSTAS DAÑOS Y PERJUICIOS INTERPRETACION DE LA LEY COSTAS RECHAZO DE LA DEMANDA EXIMICION DE COSTAS PROCEDENCIA DEFENSA DEL CONSUMIDOR ACCESO A LA JUSTICIA PRINCIPIO OBJETIVO DE LA DERROTA CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION COSTAS EN EL ORDEN CAUSADO EXCEPCIONES HONORARIOS PROFESIONALES RELACION DE CONSUMO COSTAS AL DEMANDADO APLICACION TERRITORIAL DE LA LEY

En la presente acción de daños y perjuicios en materia de consumo iniciada por la parte actora, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto al rechazar la acción, impuso las costas por su orden, con la excepción de los honorarios correspondientes a la instancia prejudicial, que se imponen a la demandada. La demandada se agravió en cuanto al modo en que fueron impuestas las costas. Sostuvo que el “a quo” no había fundado el motivo por el cual se había apartado del principio objetivo de la derrota. Ello, en atención a que el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -CPCCN- establecía que la parte vencida en juicio debía soportar las costas del proceso, y que si el juez eximía (total o parcialmente de esa responsabilidad al litigante vencido) por encontrar mérito para ello, debía expresarlo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad. Ahora bien, independientemente de que el artículo invocado en el agravio no resulta aplicable en esta jurisdicción, cabe recordar que el texto del artículo 66 del Código para la Justicia en las Relaciones de Consumo -CPJRC- es claro y permite advertir que el principio rector en materia de costas, en los procesos de consumo, no es únicamente el principio de la derrota. En efecto, aquel debe conjugarse con el principio de gratuidad en favor del consumidor, cuando es éste quien acciona. Ello, con la finalidad de no obstaculizar el acceso a la justicia a los consumidores. En virtud de lo expuesto, cabe reconocer que la decisión del Juez al disponer las costas por su orden, con la excepción de los honorarios correspondientes a la instancia prejudicial, que se hicieron recaer en la demandada, resulta compatible con el principio de gratuidad en favor del consumidor.

HONORARIOS DEL CONCILIADOR – LEY APLICABLE – PRINCIPIO DE GRATUIDAD – JURISDICCION NACIONAL – CODIGO PROCESAL PARA LA JUSTICIA EN LAS RELACIONES DE CONSUMO EN EL AMBITO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – IMPOSICION DE COSTAS – DAÑOS Y PERJUICIOS – INTERPRETACION DE LA LEY – COSTAS – RECHAZO DE LA DEMANDA – EXIMICION DE COSTAS – PROCEDENCIA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – ACCESO A LA JUSTICIA – PRINCIPIO OBJETIVO DE LA DERROTA – CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION – COSTAS EN EL ORDEN CAUSADO – EXCEPCIONES – HONORARIOS PROFESIONALES – RELACION DE CONSUMO – COSTAS AL DEMANDADO – APLICACION TERRITORIAL DE LA LEY

En la presente acción de daños y perjuicios en materia de consumo iniciada por la parte actora, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto al rechazar la acción, impuso las costas por su orden, con la excepción de los honorarios correspondientes a la instancia prejudicial, que se imponen a la demandada. La demandada se agravió en cuanto al modo en que fueron impuestas las costas. Sostuvo que el “a quo” no había fundado el motivo por el cual se había apartado del principio objetivo de la derrota. Ello, en atención a que el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -CPCCN- establecía que la parte vencida en juicio debía soportar las costas del proceso, y que si el juez eximía (total o parcialmente de esa responsabilidad al litigante vencido) por encontrar mérito para ello, debía expresarlo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad. Ahora bien, independientemente de que el artículo invocado en el agravio no resulta aplicable en esta jurisdicción, cabe considerar que esa forma de decidir le es impuesta al juez por la propia norma del artículo 66 del Código Procesal para la Justicia en las Relaciones de Consumo -CPJRC- pues, tal como dicha norma reza, “…las actuaciones judiciales promovidas por consumidores o usuarios individuales o colectivas se regirán por el principio de gratuidad (…) lo que importa que se encuentran exentas del pago de tasa de justicia, timbrados, sellados, contribuciones, costas y de todo gasto que pueda irrogar el juicio…”. Como se puede advertir, de la lectura de la norma, la eximición de gastos en favor del consumidor, incluidas las costas, no está sujeta en rigor a ninguna condición, ni siquiera al resultado del proceso. Ello es así, pues a lo que se aspira, con esa gratuidad favorable al consumidor, es a no frustrar el acceso a la justicia. De tal modo, la justificación del Juez en materia de costas surge del marco normativo al que su sentencia remite, cuando hace referencia a los artículos 65 y 66 del CPJRC. La lectura de aquellas normas permite señalar que la forma de imponer las costas responde a la necesidad de dar estricto cumplimiento al mandato legal que establece que las actuaciones iniciadas por los consumidores se encuentran exentas del pago de las costas. Finalmente, resta señalar que la demandada no promovió el incidente de solvencia previsto en el artículo 68 y siguientes del CPJRC. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación.

UNIVERSIDADES NACIONALES – JURISDICCION NACIONAL – FUNCIONARIOS PUBLICOS – CUESTIONES DE COMPETENCIA – DECLARACION DE INCOMPETENCIA – COMPETENCIA FEDERAL – ACTOS DISCRIMINATORIOS – JURISDICCION Y COMPETENCIA – DOCTRINA – COMPETENCIA EN RAZON DE LA MATERIA – COMPETENCIA EN RAZON DE LA PERSONA

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que declaró la incompetencia del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas para entender en la presente investigación de un acto discriminatorio (Ley N° 23.592) y remitir las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para continuar con su trámite. La Querellante formuló denuncia contra la decana de una Universidad Nacional y otros miembros de su Consejo Directivo por un acto discriminatorio que presuntamente se habría desarrollado al haber propuesto la Decana y aprobado los restantes miembros del Consejo Directivo, una resolución por la cual se dispuso la separación de su cargo del Secretario de Vinculación Ciudadana. La parte encuadró los hechos en la figura penal prevista en el artículo 3 párrafo segundo de la Ley N° 23.592. En efecto, si bien el tipo penal endilgado ha sido transferido a la órbita de esta Ciudad mediante la Ley N° 26.357, lo que se encuentra controvertido en las presentes es la competencia material en los términos de la “Competencia Federal por la persona o investidura del sujeto” que es aquella establecida por el artículo 116 de la Constitución Nacional atento que el acto cuestionado es producto de la actividad desplegada por los denunciados como integrantes de un ente autárquico y autónomo del Estado Nacional y no a título personal. Al tratarse de funcionarios públicos en ejercicio de sus labores, no quedan dudas de que estamos en presencia de ejercicio de jurisdicción administrativa de carácter nacional, con lo que su control es necesariamente de competencia federal. Ello así, los hechos investigados deben ser juzgados por Magistrados con competencia Federal.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 32059. Autos: P., M. Sala: III Del voto de Dra. Silvina Manes, Dr. Jorge A. Franza 02-05-2017.

JURISDICCION NACIONAL – REGLAS DE CONDUCTA – PROCEDIMIENTO PENAL – SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA – JURISDICCION ORDINARIA – IMPEDIMENTO DE CONTACTO – DERECHO DE COMUNICACION – HIJOS

En el caso, corresponde revocar la resolución, en cuanto, al conceder la suspensión del proceso a prueba en favor del imputado, le impuso como regla de conducta la obligación de abstenerse de contactarse por cualquier medio con sus hijos menores, ello sin perjuicio del régimen de visitas que pueda disponerse en sede civil. En efecto, ningún fundamento ha sido expresado por parte de la representante del ministerio público fiscal al momento de proponer la restricción. Y el juez a quo, más allá de referirse a cuestiones dogmáticas de carácter general, no fundamentó sus razones para imponer en el caso una obligación que impide el vínculo paternal del imputado con sus hijos menores de edad. Asimismo, la regla de conducta no puede sujetarse a la intervención de otra jurisdicción a la que no han acudido las partes. En el caso, supeditar el contacto del padre con sus hijos a un régimen de visitas que no ha sido requerido.

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 24238. Autos: D., E. M. Sala: III Del voto de Dr. Sergio Delgado 20-10-2014.

PODER JUDICIAL PROVINCIAL – JURISDICCION NACIONAL – DESPLAZAMIENTO DE LA COMPETENCIA – COMPETENCIA – CUESTIONES DE COMPETENCIA – ORDEN PUBLICO – COMPETENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA – PROCEDENCIA – OBJETO – MODIFICACION DE LA COMPETENCIA

Pese a la existencia de las nuevas normas que atribuyen competencia a los órganos jurisdiccionales locales, ella continuó ejerciéndose transitoriamente por los órganos de la jurisdicción nacional. Sin embargo, esta situación sólo tuvo por finalidad evitar una privación de justicia durante el período de organización institucional del gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 9652. Autos: Procopio, Mario Roberto Sala: II Del voto de Dr. Esteban Centanaro, Dra. Nélida Mabel Daniele, Dr. Eduardo A. Russo 14-08-2001.

ZONA PORTUARIA – JURISDICCION NACIONAL – CAPACIDAD CONTRIBUTIVA – INTERPRETACION DE LA LEY – TRIBUTOS

Si por diversas razones, en la zona portuaria se instalan sujetos de intensa capacidad contributiva, ellos no pueden pretender excluirse del sistema tributario local por el hecho de pertenecer a la zona portuaria o porque, en dicha zona, además de los servicios y obras locales, se ejecutan otras de índole federal. En tal caso, por una vía oblicua, se estaría excluyendo a la zona portuaria de la jurisdicción local.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 2757. Autos: CENTRAL PUERTO S.A. Sala: I Del voto de Dr. Horacio G. Corti 28-09-2006.

ZONA PORTUARIA – JURISDICCION NACIONAL – TRIBUTOS – ALUMBRADO, BARRIDO Y LIMPIEZA – PAGO DE TRIBUTOS – CARACTER

Por las características de la zona portuaria, la autoridad federal allí competente puede considerar razonable la realización de actividades administrativas que eventualmente coincidan con las que son típicas de las jurisdicciones locales. Pero, de ello no se sigue que entonces queden invalidades las potestades tributarias locales o que, bajo el amparo de dicha política de la autoridad nacional, los contribuyentes puedan desligarse de sus compromisos con los habitantes del Gobierno local que los aloja. Por cierto, tampoco el Gobierno local se encuentra dispensado de prestar el servicio, más allá de que ciertos contribuyentes no manifiesten interés en él.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 2757. Autos: CENTRAL PUERTO S.A. Sala: I Del voto de Dr. Horacio G. Corti 28-09-2006.

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA – PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO – PRIVACION DE JUSTICIA – JURISDICCION NACIONAL – COMPETENCIA – REVALUO IMPOSITIVO – TRIBUTOS – COMPETENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA – PROCEDENCIA – CONTIENDA NEGATIVA DE COMPETENCIA – OBJETO

Pese a la existencia de las normas que atribuyeron competencia a los órganos jurisdiccionales locales, ésta continuó ejerciéndose transitoriamente por los órganos de la jurisdicción nacional. Sin embargo esa situación sólo tuvo por finalidad evitar una privación de justicia durante el período de organización institucional de la Ciudad de Buenos Aires. Ello permite advertir que, al hallarse íntegramente constituido este fuero Contencioso Administrativo y Tributario, han desaparecido los motivos que dieron causa al ejercicio transitorio de su competencia por órganos de otra jurisdicción – nacional- y, en consecuencia, su mantenimiento comprometería el orden público implicado en la materia (CCAyT, art. 2), agraviando la autonomía institucional de la Ciudad (esta Sala, in re "GCBA c/Expreso Caraza SAC s/Ejecución Fiscal", Expte. Nº EJ1 2719/01, entre otros). Esa conclusión se ve reforzada por la doctrina que surge del pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Niella, Reinaldo c/GCBA s/Acción Declarativa- art. 322 CPCyC", con fecha 24/10/00, donde declaró la competencia de la jurisdicción local.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 1830. Autos: GCBA Sala: I Del voto de Dr. Carlos F. Balbín, Dr. Horacio G. Corti 22-05-2003.

Cerrar