REGIMEN PENAL JUVENIL – IMPUTABILIDAD – EDAD – REFORMA DE LA LEY – DIVISION DE PODERES – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – FACULTADES DEL PODER LEGISLATIVO – CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD – IMPROCEDENCIA – CONTROL JUDICIAL
En el caso, corresponde revocar la decisión de grado en cuanto resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 y sobreseer al adolescente de 14 años en orden al delito de robo en grado de tentativa. La Jueza hizo lugar al planteo de la Defensa y declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 que bajó la edad de punibilidad del régimen anterior de 16 a 14 años. Para así decidir señaló que el Poder Legislativo, en abstracto, decidió que cualquier conducta de las incluidas en el Código Penal puede ser pasible de aplicar penas a personas que han alcanzado los 14 años, situación que –aun cuando se trata de una decisión de política criminal de exclusiva potestad legislativa– implica desoír lo apuntado por el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General N° 24 y las recomendaciones dadas por ese órgano a la República Argentina. Recalcó que en tales instrumentos se insta al Estado argentino a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años. El Fiscal apeló la decisión. Denunció que el fallo implica una invasión de facultades legislativas del Congreso Nacional y afecta el principio de legalidad y la división de poderes. Ahora bien, resulta conveniente separar desde el comienzo el juicio de constitucionalidad de la valoración sobre la oportunidad o el acierto de la reforma del Régimen Penal Juvenil. El Congreso Nacional, en ejercicio de la atribución prevista en el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, tiene la potestad para definir los presupuestos generales de la responsabilidad penal a través de leyes que se encuentran sometidas al bloque de constitucionalidad y convencional y que son, por ello, plenamente revisables por los jueces. El control judicial, sin embargo, no autoriza a sustituir una opción legislativa por otra sólo porque la segunda parezca más conveniente, menos punitiva o preferible desde una determinada concepción de política criminal. Con ajuste en ello, adelanto que la declaración de inconstitucional decidida no puede ser convalidada y habrá de ser revocada, en tanto, a mi modo de ver, los fundamentos desarrollados en la resolución no logran demostrar que el artículo 1° de la Ley N° 27.801 resulte inconciliable con una norma constitucional o convencional, sino que, antes bien, exhiben una valoración adversa de la opción de política criminal adoptada por el legislador.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63807. Autos: M. I. A Sala: III Del voto de Dr. Ignacio Mahiques 25-09-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
REGIMEN PENAL JUVENIL – IMPUTABILIDAD – EDAD – REFORMA DE LA LEY – CARACTER NO VINCULANTE – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD – IMPROCEDENCIA – REGLAS DE INTERPRETACION – CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
En el caso, corresponde revocar la decisión de grado en cuanto resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 y sobreseer al adolescente de 14 años imputado en orden al delito de robo en grado de tentativa. La Jueza hizo lugar al planteo de la Defensa y declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 que bajó la edad de punibilidad del régimen anterior de 16 a 14 años. Para así decidir señaló que el Poder Legislativo, en abstracto, decidió que cualquier conducta de las incluidas en el Código Penal puede ser pasible de aplicar penas a personas que han alcanzado los 14 años, situación que –aun cuando se trata de una decisión de política criminal de exclusiva potestad legislativa– implica desoír lo apuntado por el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General N° 24 y las recomendaciones dadas por ese órgano a la República Argentina. Recalcó que en tales instrumentos se insta al Estado argentino a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años. El Fiscal apeló la decisión. Precisó que las Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño tienen valor como pautas de interpretación pero carecen de fuerza obligatoria en sentido estricto. Ciertamente, la Jueza llega a su conclusión sobre la base de una determinada lectura de las observaciones y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, que constituyen pautas interpretativas relevantes, aunque sin fuerza vinculante autónoma. Así, la crítica dirigida a la reforma se sostiene, principalmente, en que el Congreso se apartó del criterio propiciado por aquel organismo, antes que en la demostración de una incompatibilidad concreta entre la solución legislativa y una norma constitucional o convencional.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63807. Autos: M. I. A Sala: III Del voto de Dr. Ignacio Mahiques 25-09-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
REGIMEN PENAL JUVENIL – IMPUTABILIDAD – EDAD – FUNDAMENTACION INSUFICIENTE – REFORMA DE LA LEY – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – FACULTADES DEL PODER LEGISLATIVO – CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD – IMPROCEDENCIA – POLITICA CRIMINAL
En el caso, corresponde revocar la decisión de grado en cuanto resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 y sobreseer al adolescente de 14 años imputado en orden al delito de robo en grado de tentativa. La Jueza hizo lugar al planteo de la Defensa y declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 que bajó la edad de punibilidad del régimen anterior de 16 a 14 años. Para así decidir señaló que el Poder Legislativo, en abstracto, decidió que cualquier conducta de las incluidas en el Código Penal puede ser pasible de aplicar penas a personas que han alcanzado los 14 años, situación que –aun cuando se trata de una decisión de política criminal de exclusiva potestad legislativa– implica desoír lo apuntado por el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General N° 24 y las recomendaciones dadas por ese órgano a la República Argentina. Recalcó que en tales instrumentos se insta al Estado argentino a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años. El Fiscal apeló la decisión. Denunció que la sentencia no identifica qué norma constitucional o convencional resulta vulnerada por el criticado artículo 1° de la Ley N° 27.801. El control judicial debe limitarse a establecer si la solución legislativa resulta compatible con la Constitución y los tratados de igual jerarquía; fuera de ese examen, la sustitución del criterio adoptado por el Congreso por otro que se estime más adecuado importaría avanzar sobre decisiones de política criminal constitucionalmente atribuidas al legislador. En esas condiciones, a pesar de que la declaración de inconstitucionalidad requiere identificar con precisión la norma superior vulnerada y explicar la contradicción insalvable que impediría aplicar la ley al caso, al constatar los fundamentos empleados en la resolución impugnada, se advierte una enumeración de diversos derechos y principios de jerarquía constitucional y convencional, pero no se explica de qué manera el umbral de punibilidad establecido por el legislador resulta incompatible con alguno de ellos. En otras palabras, para rechazar la validez y legitimidad de la norma se exige una carga de fundamentación seria que demuestre que la reducción del umbral contradice una disposición constitucional o convencional, sin que resulta suficiente afirmar o valorar, en términos generales, que el régimen que mantenía el umbral de punibilidad de 16 años brindaba una protección más amplia a los adolescentes.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63807. Autos: M. I. A Sala: III Del voto de Dr. Ignacio Mahiques 25-09-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
REGIMEN PENAL JUVENIL – IMPUTABILIDAD – EDAD – REFORMA DE LA LEY – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – FACULTADES DEL PODER LEGISLATIVO – CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD – IMPROCEDENCIA – POLITICA CRIMINAL
En el caso, corresponde revocar la decisión de grado en cuanto resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley N° 27.801 y sobreseer al adolescente de 14 años imputado en orden al delito de robo en grado de tentativa. La Jueza hizo lugar al planteo de la Defensa y declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 que bajó la edad de punibilidad del régimen anterior de 16 a 14 años. Para así decidir señaló que el Poder Legislativo, en abstracto, decidió que cualquier conducta de las incluidas en el Código Penal puede ser pasible de aplicar penas a personas que han alcanzado los 14 años, situación que –aun cuando se trata de una decisión de política criminal de exclusiva potestad legislativa– implica desoír lo apuntado por el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General N° 24 y las recomendaciones dadas por ese órgano a la República Argentina. Recalcó que en tales instrumentos se insta al Estado argentino a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años. El Fiscal apeló la decisión. Denunció que la sentencia no identifica qué norma constitucional o convencional resulta vulnerada por el criticado artículo 1° de la Ley N° 27.801 y sostuvo que implica una invasión de las facultades del Congreso Nacional. Ahora bien, pueden formularse críticas fundadas en la reducción de edad, al máximo de pena, a la amplitud de ciertos supuestos o a los residuos tutelares del régimen, que son importantes para el debate público y para una eventual reforma; pero mientras no revelen una contradicción constitucional concreta, no autorizan a reemplazar judicialmente la opción legislativa por la que el Tribunal estime preferible.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63807. Autos: M. I. A Sala: III Del voto de Dr. Ignacio Mahiques 25-09-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
REGIMEN PENAL JUVENIL – IMPUTABILIDAD – EDAD – REFORMA DE LA LEY – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD – IMPROCEDENCIA – INTERPRETACION DE TRATADOS INTERNACIONALES – CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
En el caso, corresponde revocar la decisión de grado en cuanto resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 y sobreseer al adolescente de 14 años imputado en orden al delito de robo en grado de tentativa. La Jueza hizo lugar al planteo de la Defensa y declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 que bajó la edad de punibilidad del régimen anterior de 16 a 14 años. Para así decidir consideró que la decisión legislativa resulta regresiva en el caso en función al bien jurídico que efectivamente habría afectado la conducta del adolescente. El Fiscal apeló la decisión. Sostuvo que la Observación General N° 24 del Comité de los Derechos del Niño reconoce los 14 años como estándar mínimo aceptable sin que de la resolución se advierta explicación acerca de los motivos pro los cuales esa edad sea inconstitucional cuando la adopta nuestro país. Ahora bien, el artículo 40, inciso 3, apartado a) de la Convención de los Derechos del Niño exige establecer una edad mínima por debajo de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales, sin que se determine en el precepto cuál debe ser esa edad. En la Observación General N° 24 del Comité de los Derechos del Niño se recomienda fijar la edad mínima en 14 años como piso, se encomia a los Estados que mantienen edades superiores, como 15 o 16 años, y se los insta a no reducirlas, con remisión al artículo 41 de la Convención. De allí que la recomendación de no reducir edades superiores deba ser examinada junto con la circunstancia de que la propia observación reconoce el umbral de 14 años como estándar general aceptable. Las observaciones que recomendaron conservar el límite de 16 años poseen un valor hermenéutico especialmente relevante y no corresponde minimizar su importancia, pero no equivalen, por sí mismas, a una reforma del texto convencional ni eximen al Tribunal de determinar qué obligación jurídica concreta se desprende de ellos en el orden interno; es decir, el peso interpretativo no equivale a su obligatoriedad ni constituye, por sí solo, un parámetro autónomo de validez de una ley del Congreso Nacional, sobre todo cuando la edad de 14 años es la que se estableció como estándar mínimo por la propia Observación General N° 24.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63807. Autos: M. I. A Sala: III Del voto de Dr. Ignacio Mahiques 25-09-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
REGIMEN PENAL JUVENIL – IMPUTABILIDAD – EDAD – REFORMA DE LA LEY – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – INTERPRETACION DE LA LEY – PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD – CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD – IMPROCEDENCIA – CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
En el caso, corresponde revocar la decisión de grado en cuanto resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 y sobreseer al adolescente de 14 años imputado en orden al delito de robo en grado de tentativa. La Jueza hizo lugar al planteo de la Defensa y declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 que bajó la edad de punibilidad del régimen anterior de 16 a 14 años. Para así decidir consideró que la decisión legislativa resulta regresiva en el caso en función al bien jurídico que efectivamente habría afectado la conducta del adolescente. La Fiscalía apeló la decisión. Puntualizó que para determinar si existe regresividad no basta con comparar las edades de punibilidad previstas en las leyes, sino confrontar ambos regímenes de protección jurídica desde una perspectiva global; y en ese sentido la Ley N° 27.801 incorporó múltiples garantías, institutos y principios que responden a la tutela de los derechos de los niños y adolescentes. Ahora bien, el juicio de regresividad exige algo más que comparar el nuevo régimen con el anterior, pues su objeto consiste en establecer si la modificación redujo injustificadamente el contenido exigible de un derecho fundamental y no en preservar toda regulación legal más favorable a partir de la interpretación aislada de una sola de sus normas. Desde esta perspectiva, correspondía identificar el derecho afectado y demostrar que la nueva regulación descendió por debajo del estándar constitucional o convencional, carga que la sentencia no satisface al invocar la protección integral sin explicar por qué comprende necesariamente la exclusión de toda responsabilidad penal juvenil hasta los 16 años. La incorporación de adolescentes de 14 y 15 años amplía el poder penal respecto de la legislación precedente, pero esa circunstancia no demuestra, sin más, una regresión constitucionalmente prohibida.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63807. Autos: M. I. A Sala: III Del voto de Dr. Ignacio Mahiques 25-09-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
REGIMEN PENAL JUVENIL – IMPUTABILIDAD – EDAD – FUNDAMENTACION INSUFICIENTE – REFORMA DE LA LEY – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – INTERPRETACION DE LA LEY – PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD – CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD – IMPROCEDENCIA – CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
En el caso, corresponde revocar la decisión de grado en cuanto resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 y sobreseer al adolescente de 14 años imputado en orden al delito de robo en grado de tentativa. La Jueza hizo lugar al planteo de la Defensa y declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 que bajó la edad de punibilidad del régimen anterior de 16 a 14 años. Para así decidir consideró que la sanción de la norma implica desoír lo apuntado por el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General N° 24 y las recomendaciones dadas por ese órgano a la República Argentina. Sostuvo, además, que la decisión legislativa resulta regresiva en el caso en función al bien jurídico que efectivamente habría afectado la conducta del adolescente. Destacó que el debate parlamentario previo a la sanción de la ley se centró en hechos gravísimos y consideró que no está claro que el legislador haya querido abordar todas las infracciones adolescentes en el ámbito penal, sino solo aquellas particularmente graves y violentas. La Fiscalía apeló la decisión. Sostuvo que la resolución utiliza dos premisas incompatibles entre sí. Por un lado, se dice que el artículo 1° de la Ley N° 27.801 es regresiva “per se” porque incumple la recomendación del Comité de los Derechos del Niño que instó a que no descienda de 16 años la edad de punibilidad. Por el otro, se afirma que la regresividad debe determinarse en concreto, según la entidad del injusto. La decisión de la Jueza presenta un problema que acertadamente señala el Fiscal: concluye que la Ley N° 27.801 es inconstitucional por falta de proporcionalidad entre el hecho atribuido y la baja de edad de punibilidad, lo que presupone una confusión de niveles de juicio. Así, la resolución echa mano a un parámetro (la escasa entidad del hecho) que se refiere a las consecuencias que trae aparejadas el injusto penal, para descalificar, desde una perspectiva constitucional una norma que alude a otra cosa: el ámbito subjetivo, general y abstracto del Régimen Penal Juvenil.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63807. Autos: M. I. A Sala: III Del voto de Dr. Ignacio Mahiques 25-09-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
REGIMEN PENAL JUVENIL – IMPUTABILIDAD – EDAD – FUNDAMENTACION INSUFICIENTE – REFORMA DE LA LEY – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – INTERPRETACION DE LA LEY – PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD – CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD – IMPROCEDENCIA – CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
En el caso, corresponde revocar la decisión de grado en cuanto resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 y sobreseer al adolescente de 14 años imputado en orden al delito de robo en grado de tentativa. La Jueza hizo lugar al planteo de la Defensa y declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 que bajó la edad de punibilidad del régimen anterior de 16 a 14 años. Para así decidir consideró que la sanción de la norma implica desoír lo apuntado por el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General N° 24 y las recomendaciones dadas por ese órgano a la República Argentina. Sostuvo, además, que la decisión legislativa resulta regresiva en el caso en función al bien jurídico que efectivamente habría afectado la conducta del adolescente. Destacó que el debate parlamentario previo a la sanción de la ley se centró en hechos gravísimos y consideró que no está claro que el legislador haya querido abordar todas las infracciones adolescentes en el ámbito penal, sino solo aquellas particularmente graves y violentas. La Fiscalía apeló la decisión. Sostuvo que la resolución utiliza dos premisas incompatibles entre sí. Por un lado, se dice que el artículo 1° de la Ley N° 27.801 es regresiva “per se” porque incumple la recomendación del Comité de los Derechos del Niño que instó a que no descienda de 16 años la edad de punibilidad. Por el otro, se afirma que la regresividad debe determinarse en concreto, según la entidad del injusto. La resolución expone una contradicción interna en la medida que primero dice que la baja de la edad establecida en el artículo 1° de la Ley N° 27.801 (comparada con el régimen anterior) es una decisión de política criminal que implica desoír lo apuntado por el Comité de los Derechos del Niño, lo que significa que para la Jueza es regresiva pro sí misma; para luego afirmar que dicha regresividad debe determinarse concreto según la entidad del suceso reprochado. Tal como lo expone la Fiscalía, la aplicación del umbral etario dependerá entonces, según el razonamiento plasmado en el resolutorio, de la gravedad del hecho. El problema no reside en que el control se realice en el caso en concreto, sino en que la edad mínima termina modulada según la entidad del delito. Esta manera de resolver se opone directamente a la Observación General N° 24 del Comité, que rechaza expresamente modular la edad mínima de responsabilidad según la gravedad del delito.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63807. Autos: M. I. A Sala: III Del voto de Dr. Ignacio Mahiques 25-09-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
REGIMEN PENAL JUVENIL – IMPUTABILIDAD – EDAD – FUNDAMENTACION INSUFICIENTE – REFORMA DE LA LEY – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – INTERPRETACION DE LA LEY – PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD – CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD – IMPROCEDENCIA – CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
En el caso, corresponde revocar la decisión de grado en cuanto resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 y sobreseer al adolescente de 14 años imputado en orden al delito de robo en grado de tentativa. La Jueza hizo lugar al planteo de la Defensa y declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 que bajó la edad de punibilidad del régimen anterior de 16 a 14 años. El Fiscal apeló la decisión. Sostuvo que la referencia a la pena es anticipatoria porque en el estadio procesal actual no puede haber ese tipo de sanción y, además, que la resolución desatiende la finalidad de la norma y no examina la existencia de medios menso lesivos dentro del propio régimen. Ahora bien, la decisión recurrida identifica reiteradamente el sometimiento al Régimen Penal Juvenil con castigo al reducirlo a una respuesta punitiva exclusivamente identificada con la pena privativa de la libertad, sin considerar adecuadamente el diseño de la ley en función de los principios que la informan. En ese sentido, el artículo 4° fija como finalidad fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos, procurar la educación, resocialización e integración social. El artículo 5° sujeta toda injerencia a la necesidad, idoneidad, proporcionalidad y menor lesividad, orienta las sanciones a fines educativos y resocializadores y autoriza medidas protectorias durante el proceso. Los artículos 8° y 9° contemplan programas educativos, sanitarios, deportivos, familiares y comunitarios, así como la intervención de organismos especializados de protección de la niñez. A ello se suma un catálogo de respuestas no privativas de la libertad (artículo 12°) y mecanismos de disponibilidad o suspensión de la acción. Los artículos 41 a 45 regulan el criterio de oportunidad, la mediación penal juvenil y la suspensión del proceso a prueba, con presupuestos específicos y participación de la víctima. En este tren de ideas, si bien no corresponde anticipar que alguno de esos institutos sea necesariamente aplicable al caso, sí corresponde señalar que el régimen no contiene una única respuesta ni conduce inevitablemente a la imposición de una pena de prisión, como se deduce del fallo.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63807. Autos: M. I. A Sala: III Del voto de Dr. Ignacio Mahiques 25-09-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
REGIMEN PENAL JUVENIL – IMPUTABILIDAD – EDAD – FUNDAMENTACION INSUFICIENTE – REFORMA DE LA LEY – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – INTERPRETACION DE LA LEY – PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD – CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD – IMPROCEDENCIA
En el caso, corresponde revocar la decisión de grado en cuanto resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 y sobreseer al adolescente de 14 años imputado en orden al delito de robo en grado de tentativa. La Jueza hizo lugar al planteo de la Defensa y declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 que bajó la edad de punibilidad del régimen anterior de 16 a 14 años. Consideró que la decisión legislativa resulta regresiva en el caso en función al bien jurídico que efectivamente habría afectado la conducta del adolescente. El Fiscal apeló la decisión. Sostuvo que la resolución desatiende la finalidad de la norma y no examina la existencia de medios menso lesivos dentro del propio régimen y que la referencia a la pena es anticipatoria porque en el estadio procesal actual no puede haber ese tipo de sanción. Ahora bien, la decisión recurrida identifica reiteradamente el sometimiento al Régimen Penal Juvenil con castigo al reducirlo a una respuesta punitiva exclusivamente identificada con la pena privativa de la libertad, sin considerar adecuadamente el diseño de la ley en función de los principios que la informan. En ese sentido, el artículo 4° fija como finalidad fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos procurar la educación, resocialización e integración social. El artículo 5° sujeta toda injerencia a la necesidad, idoneidad, proporcionalidad y menor lesividad, orienta las sanciones a fines educativos y resocializadores y autoriza medidas protectorias durante el proceso. Los artículos 8° y 9° contemplan programas educativos, sanitarios, deportivos, familiares y comunitarios, así como la intervención de organismos especializados de protección de la niñez. A ello se suma un catálogo de respuestas no privativas de la libertad (artículo 12°) y mecanismos de disponibilidad o suspensión de la acción. Los artículos 41 a 45 regulan el criterio de oportunidad, la mediación penal juvenil y la suspensión del proceso a prueba, con presupuestos específicos y participación de la víctima. En este tren de ideas, si bien no corresponde anticipar que alguno de esos institutos sea necesariamente aplicable al caso, sí corresponde señalar que el régimen no contiene una única respuesta ni conduce inevitablemente a la imposición de una pena de prisión, como se deduce del fallo.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63807. Autos: M. I. A Sala: III Del voto de Dr. Ignacio Mahiques 25-09-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
REGIMEN PENAL JUVENIL – IMPUTABILIDAD – EDAD – APARTAMIENTO DEL JUEZ – DEBER DE IMPARCIALIDAD – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – IMPROCEDENCIA
En el caso, corresponde revocar la decisión de grado en cuanto resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 y sobreseer al adolescente de 14 años imputado en orden al delito de robo en grado de tentativa y apartar a la Jueza. La Jueza hizo lugar al planteo de la Defensa y declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 que bajó la edad de punibilidad del régimen anterior de 16 a 14 años. Sostuv que la decisión legislativa resulta regresiva en el caso en función al bien jurídico que efectivamente habría afectado la conducta del adolescente. El Fiscal apeló la decisión y solicitó el apartamiento de la Jueza por haber adelantado su criterio sobre la relevancia penal de la conducta reprochada. El apartamiento constituye una medida excepcional, que no puede fundarse en la mera revocación del pronunciamiento ni en la discrepancia con el criterio jurídico de la Magistrada, sino que procede cuando las valoraciones ya formuladas sobre el mérito del caso permiten albergar un temor objetivo acerca de su imparcialidad para continuar interviniendo. Con base en ello, resulta atendible la solicitud del Ministerio Público Fiscal en la medida que la decisión recurrida exhibe un adelanto de posición y criterio en derredor de la relevancia penal de la conducta atribuida a los adolescentes involucrados en el legajo principal. En particular, al expedirse sobre la entidad del hecho, su grado de ejecución y la afectación concreta del bien jurídico, la Jueza anticipó valoraciones vinculadas con el mérito de la imputación que deberán ser nuevamente examinadas durante la continuación del proceso, circunstancia que justifica su apartamiento.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63807. Autos: M. I. A Sala: III Del voto de Dr. Ignacio Mahiques 25-09-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
REGIMEN PENAL JUVENIL – IMPUTABILIDAD – EDAD – FUNDAMENTACION INSUFICIENTE – REFORMA DE LA LEY – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – INTERPRETACION DE LA LEY – PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD – CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD – IMPROCEDENCIA
En el caso, corresponde revocar la decisión de grado en cuanto resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 y sobreseer al adolescente de 14 años imputado en orden al delito de robo en grado de tentativa. La Jueza hizo lugar al planteo de la Defensa y declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 que bajó la edad de punibilidad del régimen anterior de 16 a 14 años. Para así decidir señaló que el Poder Legislativo, en abstracto, decidió que cualquier conducta de las incluidas en el Código Penal puede ser pasible de aplicar penas a personas que han alcanzado los 14 años, situación que –aun cuando se trata de una decisión de política criminal de exclusiva potestad legislativa– implica desoír lo apuntado por el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General N° 24 y las recomendaciones dadas por ese órgano a la República Argentina. Recalcó que en tales instrumentos se insta al Estado argentino a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años. El Fiscal apeló la decisión. Denunció que el fallo implica una invasión de facultades legislativas del Congreso Nacional y afecta el principio de legalidad y la división de poderes. Es preciso recordar que en el sistema constitucional argentino queda en cabeza exclusiva del Poder Legislativo la determinación de cuáles son los intereses que deben ser protegidos y en qué medida deben expresarse la respuesta punitiva para garantizar una protección suficiente. En este sentido, cualesquiera sean las apreciaciones que se tengan respecto de la política criminal adoptada por el Congreso Nacional, lo cierto es que un Juez no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma basado en su mero desacuerdo con ella, sino que los Tribunales de justicia deben imponer la mayor mesura en dicho ejercicio, mostrándose tan celosos en el uso de sus facultades como del respeto que la Constitución Nacional asigna, con carácter privativo, a los otros poderes (Fallos 343:345 –voto del Juez Rosatti– y 347:1527 –voto del Juez Rosatti–). Sentado lo anterior, no se advierte en la decisión dictada por la Magistrada de grado el adecuado respeto a los parámetros antes indicados.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63807. Autos: M. I. A Sala: III Del voto de Dr. Jorge A. Franza 25-09-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
REGIMEN PENAL JUVENIL – IMPUTABILIDAD – EDAD – FUNDAMENTACION INSUFICIENTE – REFORMA DE LA LEY – IGUALDAD ANTE LA LEY – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – INTERPRETACION DE LA LEY – PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD – CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD – IMPROCEDENCIA – SEGURIDAD JURIDICA
En el caso, corresponde revocar la decisión de grado en cuanto resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 y sobreseer al adolescente de 14 años imputado en orden al delito de robo en grado de tentativa. La Jueza hizo lugar al planteo de la Defensa y declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 que bajó la edad de punibilidad del régimen anterior de 16 a 14 años. Para así decidir formuló un análisis pormenorizado del injusto atribuido y de las características personales del joven sometido a proceso, luego de lo cual concluyó que la disminución de la edad de punibilidad resultaba regresiva en el caso concreto, en la medida que el hecho atribuido constituyó una tentativa inidónea de desapoderamiento, sin menoscabo consumado al patrimonio ni afectación lesiva grave a la integridad física del damnificado, que el régimen anterior hubiera sido derivada al sistema de protección integral, sin persecución penal al presunto autor. El Fiscal apeló la decisión. Sostuvo que la escasa entidad del hecho o la situación de vulnerabilidad social del adolescente no guardan relación con la determinación de quién queda alcanzado por el Régimen Penal Juvenil según su edad. Ahora bien, el razonamiento desarrollado suscita ciertos interrogantes desde la perspectiva de los principios de igualdad ante la ley, seguridad jurídica y previsibilidad de las decisiones judiciales, lo que lleva a la conclusión de que el temperamento adoptado no resulta un acto jurisdiccionalmente válido. En tal sentido, la resolución en cuestión parte de la premisa de que la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal no resulta inconstitucional por sí misma, sino que su validez dependerá de las particulares circunstancias de cada caso, entre las que identifica la edad del adolescente, la gravedad del delito atribuido y su trayectoria vital. Sin embargo, no establece parámetros jurídicos suficientemente determinados que permitan precisar en qué supuestos la aplicación de la norma (artículo 1 de la Ley N° 27.801) resultaría constitucionalmente admisible y en cuáles, por el contrario, configuraría una regresión incompatible con los derechos y garantías reconocidos por el ordenamiento constitucional y convencional.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63807. Autos: M. I. A Sala: III Del voto de Dr. Jorge A. Franza 25-09-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
REGIMEN PENAL JUVENIL – IMPUTABILIDAD – EDAD – FUNDAMENTACION INSUFICIENTE – REFORMA DE LA LEY – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – INTERPRETACION DE LA LEY – PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD – CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD – IMPROCEDENCIA
En el caso, corresponde revocar la decisión de grado en cuanto resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 y sobreseer al adolescente de 14 años imputado en orden al delito de robo en grado de tentativa. La Jueza hizo lugar al planteo de la Defensa y declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 que bajó la edad de punibilidad del régimen anterior de 16 a 14 años. Para así decidir formuló un análisis pormenorizado del injusto atribuido y de las características personales del joven sometido a proceso, luego de lo cual concluyó que la disminución de la edad de punibilidad resultaba regresiva en el caso concreto, en la medida que el hecho atribuido constituyó una tentativa inidónea de desapoderamiento, sin menoscabo consumado al patrimonio ni afectación lesiva grave a la integridad física del damnificado, que el régimen anterior hubiera sido derivada al sistema de protección integral, sin persecución penal al presunto autor. El Fiscal apeló la decisión. Sostuvo que la escasa entidad del hecho o la situación de vulnerabilidad social del adolescente no guardan relación con la determinación de quién queda alcanzado por el régimen penal juvenil según su edad. El criterio propuesto por la Magistrada podría conducir a que un dato objetivo y sumamente relevante como la edad de punibilidad sea considerado constitucional con relación a determinados adolescentes e inconstitucional respecto de otros, no a partir de una pauta normativa identificable, sino en función de la valoración judicial de las circunstancias personales y la entidad del hecho investigado. En definitiva, la referencia a las circunstancias particulares del adolescente y del hecho atribuido no resulta, por sí sola, suficiente para justifica la declaración de inconstitucionalidad si no se explica de qué manera tales circunstancias determinan una afectación concreta de derechos constitucionales que no podría evitarse mediante la aplicación de los mecanismos de individualización y las garantías propias del Régimen Penal Juvenil.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63807. Autos: M. I. A Sala: III Del voto de Dr. Jorge A. Franza 25-09-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
REGIMEN PENAL JUVENIL – IMPUTABILIDAD – EDAD – REFORMA DE LA LEY – CARACTER NO VINCULANTE – DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD – INTERPRETACION DE LA LEY – PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD – CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD – IMPROCEDENCIA – REGLAS DE INTERPRETACION – CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
En el caso, corresponde revocar la decisión de grado en cuanto resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley N° 27.801 y sobreseer al adolescente de 14 años imputado en orden al delito de robo en grado de tentativa. La Jueza hizo lugar al planteo de la Defensa y declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley N° 27.801 que bajó la edad de punibilidad del régimen anterior de 16 a 14 años. Para así decidir señaló que el Poder Legislativo, en abstracto, decidió que cualquier conducta de las incluidas en el Código Penal puede ser pasible de aplicar penas a personas que han alcanzado los 14 años, situación que –aun cuando se trata de una decisión de política criminal de exclusiva potestad legislativa– implica desoír lo apuntado por el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General N° 24 y las recomendaciones dadas por ese órgano a la República Argentina. Recalcó que en tales instrumentos se insta al Estado argentino a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años. El Fiscal apeló la decisión. Sostuvo que la Observación General N° 24 del Comité de los Derechos del Niño reconoce los 14 años como estándar mínimo aceptable sin que de la resolución se advierta explicación acerca de los motivos por los cuales esa edad sea inconstitucional cuando la adopta nuestro país. En este aspecto, se habrá de compartir el dictamen del Fiscal en punto a que una edad mínima de 14 años cumple el piso que el propio Comité considera compatible con el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño y, por ello, la reforma no deriva de la Convención una disminución de garantías sino que ejerce dentro del marco convencional una competencia que el tratado dejó deliberadamente en manos del legislador nacional. Por su parte, la Magistrada al afirmar que el Comité de los Derechos del Niño habría vedado al Estado la posibilidad de reducir la escala de punibilidad previamente fijada en su ordenamiento interno –conforme el alcance que atribuyó a la Observación General N° 24 y a las generales dirigidas al Estado argentino– yerra en su razonamiento, en la medida en que otorga fuerza vinculante a recomendaciones que no poseen ese carácter.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63807. Autos: M. I. A Sala: III Del voto de Dr. Jorge A. Franza 25-09-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
