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JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA – CRISIS ECONOMICA – ELEMENTO SUBJETIVO – ELEMENTO OBJETIVO – IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS – DOLO – MULTA (TRIBUTARIO) – INGRESO TARDIO DEL GRAVAMEN – EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD – INFRACCIONES TRIBUTARIAS – SANCIONES TRIBUTARIAS – INTERPRETACION DE LA LEY – TRIBUTOS – PRUEBA – REGIMEN JURIDICO – FALTA DE PRUEBA – PROCEDENCIA – AGENTES DE RETENCION

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y, en consecuencia, rechazar la demanda interpuesta por la parte actora, con el objeto de impugnar la resolución administrativa que le impuso una multa como consecuencia del retardo en el depósito de las sumas percibidas en su carácter de agente de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -ISIB- (Código Fiscal t. o. 2017). En efecto, el nudo de la cuestión se centra en determinar si se encontraba -o no- configurado el elemento subjetivo del tipo infraccional, de imprescindible verificación para la procedencia de la multa aplicada. La Magistrada de grado revocó la sanción, precisamente, al entender que ello no se encontraba correctamente verificado. Sobre el punto, la Corte Suprema de Justicia tiene dicho que “…resulta innegable que las provincias pueden establecer libremente impuestos sobre las actividades ejercidas dentro de ellas, sin otras limitaciones que las que resulten de la Constitución Nacional, y que entre sus facultades, que dentro de esos límites son amplias y discrecionales (Fallos: 307:360 y sus citas), se encuentra, naturalmente, la de aplicar sanciones pecuniarias para asegurar la percepción de aquéllos (Fallos:187:306) (…) el art. 37, inc. b, del Código Fiscal permite expresamente al agente de recaudación liberarse de responsabilidad en los casos en que se pruebe la imposibilidad de pagar los impuestos al fisco por fuerza mayor o disposición legal, judicial o administrativa. Ello demuestra que la citada norma ha respetado el principio de culpabilidad, el cual exige que sean castigados únicamente aquellos que tengan la posibilidad real de ajustar sus conductas a los mandatos de la ley” (Fallos: 312:149). Cabe señalar que en el recurso de reconsideración la actora adjuntó sus balances de los años 2015 y 2016 que arrojaban pérdida como así también artículos referidos a la crisis general del sector lechero cuya situación financiera acarreó demoras en los pagos. Como podrá observarse, las defensas de la sancionada discurren en torno a la inexistencia de dolo, es decir, el elemento subjetivo requerido para la configuración de la conducta defraudatoria que le había sido imputada. Así, adujo que no había tenido intención alguna de defraudar al fisco. Ahora bien, es imperioso remarcar que las sumas que la actora había recaudado en concepto de retenciones y/o percepciones de tributos no le resultaban propias, sino que, por su naturaleza jurídica, desde su mismo origen pertenecían al fisco y a sus arcas debían haber sido ingresadas en forma tempestiva. La propia calidad de agente de retención y/o de percepción hace nacer materialmente la obligación de entregar al fisco aquello que por su cuenta y orden se ha retenido o percibido. Es por aquella razón que, tal como lo consideró esta Sala “… el ingreso tardío de las sumas retenidas para satisfacer el tributo, crea una razonable presunción susceptible de ser desvirtuada tanto por las pruebas que aporte el imputado como por las demás constancias obrantes en la causa. Consecuentemente, se admite la posibilidad de declarar la inexistencia de dolo en el responsable retenedor en casos o situaciones que deberán ser analizadas con rigurosa prolijidad” (“in re” “ING Bank NV c/ impugnación de actos administrativos”, Expte. Nº13829/2004, sentencia del 9/10/2007).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 55007. Autos: Verónica S.A.C.I.A.F.E.I. Sala: II Del voto de Dr. Fernando E. Juan Lima 27-02-2024.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.

CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – CRISIS ECONOMICA – ELEMENTO OBJETIVO – IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS – MULTA (TRIBUTARIO) – INGRESO TARDIO DEL GRAVAMEN – EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD – INFRACCIONES TRIBUTARIAS – SANCIONES TRIBUTARIAS – INTERPRETACION DE LA LEY – TRIBUTOS – PRUEBA – REGIMEN JURIDICO – FALTA DE PRUEBA – PROCEDENCIA – AGENTES DE RETENCION

CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – CRISIS ECONOMICA – IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS – MULTA (TRIBUTARIO) – INGRESO TARDIO DEL GRAVAMEN – EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD – INFRACCIONES TRIBUTARIAS – SANCIONES TRIBUTARIAS – INTERPRETACION DE LA LEY – TRIBUTOS – PRUEBA – REGIMEN JURIDICO – FALTA DE PRUEBA – PROCEDENCIA – AGENTES DE RETENCION

CRISIS ECONOMICA – CONTRATO DE SUMINISTROS – PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – PRECIO – MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA – VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO – IMPROCEDENCIA – INFLACION – LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

En el caso, corresponde confirmar la resolución que rechazó la medida cautelar autónoma interpuesta por la parte actora en el marco de un contrato administrativo de suministro. Ello así, el recurrente no logró desvirtuar los fundamentos del decisorio apelado con relación a la falta de acreditación de la verosimilitud del derecho invocado. En efecto, no ha podido justificar con un grado mínimo de suficiencia la imposibilidad de cumplimiento del contrato o la actuación irregular o ilegítima de la contraria. Nótese que –por una parte- la Administración habría accedido a los pedidos de recomposición peticionados por el demandante, al tiempo que la prueba por él aportada (tendiente a demostrar la alegada exigüidad de los reajustes) no resultó -en principio apta a los fines pretendidos, en tanto se trata de una cuestión compleja que, valga señalar, requiere un desarrollo probatorio que excede el propio de las medidas cautelares. Por el otro, se observa, liminarmente, que la demandada habría actuado en el marco del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que expresamente, en el artículo 9°, habría previsto la posibilidad de prorrogar el contrato en los términos del artículo 119 de la Ley N° 2.095.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 40660. Autos: Cambiasso Leandro Sala: I Del voto de Dr. Carlos F. Balbín, Dra. Mariana Díaz 28-10-2019.

CRISIS ECONOMICA – CONTRATO DE SUMINISTROS – PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES – ECUACION ECONOMICO FINANCIERA – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – PRECIO – MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA – VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO – IMPROCEDENCIA – INFLACION – LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

En el caso, corresponde confirmar la resolución que rechazó la medida cautelar autónoma en el marco de un contrato administrativo de suministro. En atención a lo dictaminado por la Sra. Fiscal ante la Cámara, argumentos que esta Sala comparte en lo sustancial y a los que cabe remitir en honor a la brevedad. En efecto, los agravios esgrimidos por la actora no logran desvirtuar lo sostenido por la Jueza de grado en cuanto a que en el estrecho marco cognoscitivo que permite el ámbito cautelar, no se encuentra configurado el requisito de verosimilitud del derecho. Ello así, de las constancias agregadas a la causa no es posible colegir, ni aún con el grado mínimo que permite el limitado marco de la tutela anticipada, que las circunstancias invocadas en la demanda –inflación, devaluación de la moneda y aumento de precios en la estructura de costos- hayan alcanzado una magnitud tan considerable como para alterar la ecuación económica financiera del contrato celebrado entre el actor y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, impidiéndole al primero su cumplimiento. En este sentido, tal como puso de manifiesto la Jueza de grado, además de las facultades con las que cuenta la Administración cocontratante para prorrogar el convenio, que fueron en su oportunidad aceptadas por el actor, el contrato de suministro involucrado ha sido revisado por la Administración en todas las oportunidades en que así fue solicitado por la actora y fue pasible de reiteradas recomposiciones de conformidad con el mecanismo de actualización previsto en el Pliego de Bases y Condiciones particular.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 40660. Autos: Cambiasso Leandro Sala: I Del voto de Dr. Carlos F. Balbín, Dra. Mariana Díaz 28-10-2019.

CRISIS ECONOMICA – AMPLITUD DE DEBATE Y PRUEBA – CONTRATO DE SUMINISTROS – PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES – ECUACION ECONOMICO FINANCIERA – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – PRECIO – MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA – VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO – IMPROCEDENCIA – INFLACION – MAYORES COSTOS – LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

En el caso, corresponde confirmar la resolución que rechazó la medida cautelar autónoma en el marco de un contrato administrativo de suministro. En atención a lo dictaminado por la Sra. Fiscal ante la Cámara, argumentos que esta Sala comparte en lo sustancial y a los que cabe remitir en honor a la brevedad. Ello así, de las constancias agregadas a la causa no es posible colegir, ni aún con el grado mínimo que permite el limitado marco de la tutela anticipada, que las circunstancias invocadas en la demanda –inflación, devaluación de la moneda y aumento de precios en la estructura de costos- hayan alcanzado una magnitud tan considerable como para alterar la ecuación económica financiera del contrato celebrado entre el actor y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, impidiéndole al primero su cumplimiento. El planteo de la accionante, relativo a que los reajustes de precios efectuados no alcanzan a compensar los desequilibrios ocurridos ni a reestablecer la ecuación conómico-financiera del contrato, no puede dilucidarse sin un amplio marco probatorio que arroje mayores precisiones en torno a las distintas estructuras de costos a lo largo del desarrollo de la contratación y su conexión con los índices de inflación, devaluación de la moneda y aumento de precios, y en el que se pueda determinar más concretamente cuál ha sido su impacto específico en la actividad de la empresa y por qué la recomposición reconocida no ha sido suficiente. Cabe señalar que la certificación efectuada por el contador público basada únicamente en la información incluida en la Declaración Jurada de Determinación de Costo Unitario confeccionada por el actor bajo su exclusiva responsabilidad, no logra convencer "per se" acerca de la verosimilitud del derecho invocado por el actor.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 40660. Autos: Cambiasso Leandro Sala: I Del voto de Dr. Carlos F. Balbín, Dra. Mariana Díaz 28-10-2019.

RENEGOCIACION DEL CONTRATO – CRISIS ECONOMICA – ECUACION ECONOMICO FINANCIERA – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – INTERPRETACION DE LA LEY – RIESGO EMPRESARIAL – TEORIA DE LA IMPREVISION – LEY DE CONVERTIBILIDAD

Lo dispuesto en los artículos 7° y 10 de la Ley de Convertibilidad no ha implicado una prohibición en la recomposición de precios, ni la revisión del criterio de mantenimiento del equilibrio económico financiero del contrato y, mucho menos, la imposibilidad de aplicar la teoría de la imprevisión –de sustento constitucional– si los presupuestos se encuentran reunidos, sino que lo que ha vedado es el traslado automático de la aplicación de fórmulas de actualización o revisión (en igual sentido v. “Cliba Ingeniería Urbana SA c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos” EXP 17.832, Sala II, sentencia del 14 de noviembre de 2013).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 33071. Autos: AEBA Ambiente y Ecología de Buenos Aires SA Sala: I Del voto de Dra. Fabiana Schafrik 21-12-2016.

RENEGOCIACION DEL CONTRATO – CRISIS ECONOMICA – COCONTRATANTE – ECUACION ECONOMICO FINANCIERA – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – BUENA FE – RIESGO EMPRESARIAL – TEORIA DE LA IMPREVISION

Si bien es cierto que “no puede soslayarse que quien contrata con el Estado tiene cierta capacidad y experiencia para los negocios y por tanto, goza de ciertos conocimientos respecto de la evolución del mercado que necesariamente considerará al presentar su oferta [esto quiere decir] que al presentar su propuesta, el oferente está asumiendo el denominado riesgo empresario que eventualmente deberá soportar como cocontratante de la Administración, cuando se produzca una distorsión en su contra”esa carga cede “cuando se verifiquen los supuestos que dan lugar a la teoría de la imprevisión, del hecho del príncipe, el caso fortuito, etc.” (Procuración del Tesoro de la Nación Dictámenes 278:133). A lo expuesto debe añadirse que tal solución se compadece con el principio de buena fe contractual y permite además precisar el alcance de todos los costos que hacían a la prestación del servicio.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 33071. Autos: AEBA Ambiente y Ecología de Buenos Aires SA Sala: I Del voto de Dra. Fabiana Schafrik 21-12-2016.

RENEGOCIACION DEL CONTRATO – CRISIS ECONOMICA – ECUACION ECONOMICO FINANCIERA – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – ORDEN PUBLICO – BUENA FE – RIESGO EMPRESARIAL – TEORIA DE LA IMPREVISION

En el caso, corresponde modificar la sentencia de grado, y en consecuencia, hacer parcialmente lugar a la demanda interpuesta por la parte actora y disponer que el alea económica sobreviniente deberá ser soportada equitativamente en un 50% por cada parte. En efecto, “la regla básica es que en el camino de la recomposición las partes deben compartir el desequilibrio de las prestaciones porque el hecho o acontecimiento no es imputable a ninguna de ellas [por ello] las partes deben coparticipar de los riesgos sobrevenidos y causantes de la alteración del equilibrio económico del contrato” (conf. Balbín, Carlos F. Balbín, Carlos F. "Tratado de Derecho Administrativo" Buenos Aires, La Ley, 2011, Tomo IV, 600). En consecuencia, y atento a la forma en que se propone resolver este agravio no resulta necesario expedirse sobre el planteo de la actora atinente a la modificación de la distribución del alea económica a su favor ya que la teoría de la imprevisión resulta un instituto de orden público que trae aparejado un resarcimiento parcial –a deferencia del resarcimiento integral que trae aparejado el “hecho del príncipe”– que obliga a la Administración a asistir al cocontratante damnificado ya que el interés público implica el cumplimiento del contrato. (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Fabiana Schafrik)

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 33071. Autos: AEBA Ambiente y Ecología de Buenos Aires SA Sala: I Del voto de Dra. Fabiana Schafrik 21-12-2016.

RENEGOCIACION DEL CONTRATO – CRISIS ECONOMICA – ECUACION ECONOMICO FINANCIERA – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – TEORIA DE LA IMPREVISION – MAYORES COSTOS

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, rechazar la demanda interpuesta por la parte actora, con el objeto de condenar a la demandada a abonar los mayores costos del contrato administrativo. De las constancias obrantes en la causa surge que mediante los Decretos Nº 471/2003, Nº 401/2004, Nº 111/2005, el demandado, reconoció aumentos a favor de la actora en concepto de mayores costos provocados por la coyuntura económica que alteró la ecuación del contrato. Ello así, es oportuno destacar que al formular la redeterminación de los precios objetada, la Administración, expresamente indicó que de la estructura de costos del servicio comprometido tomaba en consideración aquellos que revestían el carácter de elementos esenciales del contrato para, luego, fijar el porcentaje de incremento y, por último, aplicarlo a la totalidad del precio correspondiente a todos los servicios certificados (cf. decreto Nº471/03 ya citado). Al momento de justificar su proceder, con apoyo en la intervención de las dependencias técnicas pertinentes, se indicó que la selección de rubros buscaba calcular la real incidencia de los incrementos de costos en los insumos más significativos para el contrato, a fin de evitar que ese incremento resultara distorsionado al quedar calculado sobre rubros que, según el criterio aplicado, podrían quedar alterados en función de políticas de financiamiento u otras decisiones empresariales que excederían la recomposición en juego. Ahora bien, la aplicación de tales premisas al supuesto que nos ocupa conduce a sostener que, la actora, no ha logrado acreditar que el aumento de precios reconocido por la demandada resulte insuficiente en el ámbito propio de la teoría de la imprevisión.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 33071. Autos: AEBA Ambiente y Ecología de Buenos Aires SA Sala: I Del voto de Dra. Mariana Díaz 21-12-2016.

RENEGOCIACION DEL CONTRATO – CRISIS ECONOMICA – ECUACION ECONOMICO FINANCIERA – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – PRUEBA – FALTA DE PRUEBA – TEORIA DE LA IMPREVISION – MAYORES COSTOS

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado, y en consecuencia, rechazar la demanda interpuesta por la parte actora con el objeto de condenar a la demandada a abonar los mayores costos del contrato administrativo. De las constancias obrantes en la causa surge que mediante los Decretos Nº 471/2003, Nº 401/2004, Nº 111/2005, el demandado, reconoció aumentos a favor de la actora en concepto de mayores costos provocados por la coyuntura económica que alteró la ecuación del contrato. Ello así, es oportuno destacar que al formular la redeterminación de los precios objetada, la Administración, expresamente indicó que de la estructura de costos del servicio comprometido tomaba en consideración aquellos que revestían el carácter de elementos esenciales del contrato para, luego, fijar el porcentaje de incremento y, por último, aplicarlo a la totalidad del precio correspondiente a todos los servicios certificados (cf. decreto Nº471/03 ya citado). Ahora bien, la aplicación de tales premisas al supuesto que nos ocupa conduce a sostener que, la actora, no ha logrado acreditar que el aumento de precios reconocido por la demandada resulte insuficiente en el ámbito propio de la teoría de la imprevisión. En efecto, la actora no ha cumplido con la carga de probar que la determinación del aumento resultaría inadecuada en función del quebranto provocado por la alteración de la economía del contrato que invoca. Nótese que, la actora, se limitó a sostener que el índice de aumento aplicado no cubriría la real incidencia de los incrementos experimentados en los costos de aquellos rubros que no se tomaron en cuenta para determinar la tasa de aumento aplicable a la facturación mensual de la actora. Sin embargo, estaba a su cargo demostrar, y no lo hizo, que esos mayores costos no quedaban alcanzados —como sostuvo el demandado— por decisiones empresariales ajenas al alea económica destinada a repartirse entre las partes del contrato para, de ese modo, compartir el esfuerzo adicional ocasionado por la crisis económica ocurrida. En tal sentido, frente a la completa orfandad probatoria y ante las características de los rubros bajo estudio no ha quedado desvirtuado que ellos posean aptitud para distorsionar el alcance de la compensación reclamada, en función de la decisión empresaria que determinó el modo de asumirlos. Concretamente, dado que no se brindó argumentación alguna para establecer la relación entre tales rubros y los alcances del servicio involucrado en autos, la pretensión de la actora en este aspecto pierde sustento.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 33071. Autos: AEBA Ambiente y Ecología de Buenos Aires SA Sala: I Del voto de Dra. Mariana Díaz 21-12-2016.

RENEGOCIACION DEL CONTRATO – HIGIENE URBANA – CRISIS ECONOMICA – ECUACION ECONOMICO FINANCIERA – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – ORDEN PUBLICO – ALCANCES – RESARCIMIENTO – TEORIA DE LA IMPREVISION

En el caso, corresponde revocar parcialmente el pronunciamiento de grado, y en consecuencia, establecer que en virtud de la crisis social y económica acaecida en el año 2001, el alea económica sobreviniente del contrato de prestación de servicios de higiene urbana celebrado entre la empresa actora y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberá ser soportada equitativamente en un 50% por cada parte. En efecto, el agravio de la actora recurrente, en cuanto a que ya había realizado esfuerzos que representaban su participación en el desequilibrio económico del contrato, será desestimado. Ello así, por cuanto la alegada pérdida financiera que la actora dice haber sufrido por abonársele en LECOP, o la absorción del costo financiero de los pagos fuera de término, serían en todo caso pérdidas que eventualmente merecerían el reconocimiento correspondiente a una pretensión orientada al efecto, pero no son elementos a considerar para la distribución de la carga provocada por la necesidad de reconstruir la equivalencia de las prestaciones del contrato. En consecuencia, estimo que no resulta necesario ahondar mayormente sobre el planteo de la actora atinente a la modificación de la distribución del alea económica a su favor, ya que la teoría de la imprevisión resulta un instituto de orden público que trae aparejado un resarcimiento parcial –a diferencia del resarcimiento integral que trae aparejado el “hecho del príncipe”– que obliga a la Administración a asistir al cocontratante damnificado ya que el interés público implica el cumplimiento del contrato.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 30291. Autos: Solurban S.A. Sala: II Del voto de Dra. Fabiana Schafrik 25-10-2016.

RENEGOCIACION DEL CONTRATO – HIGIENE URBANA – PRINCIPIO DE EQUIDAD – CRISIS ECONOMICA – ECUACION ECONOMICO FINANCIERA – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – TEORIA DE LA IMPREVISION

En el caso, corresponde revocar parcialmente el pronunciamiento de grado, y en consecuencia, establecer que en virtud de la crisis social y económica acaecida en el año 2001, el alea económica sobreviniente del contrato de prestación de servicios de higiene urbana celebrado entre la empresa actora y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberá ser soportada equitativamente en un 50% por cada parte. En efecto, el agravio del Gobierno recurrente, relacionado con la distribución del porcentaje que cada una de las partes debe contribuir para recomponer la ecuación económica del contrato establecido en la instancia de grado, debe prosperar. Ello es así dado que el "a quo" –pese a reconocer que la excesiva onerosidad sobreviniente de un contrato debía ser soportada con esfuerzos conjuntos– consideró ajustado distribuir el alea sobreviniente en un 70% a cargo del Gobierno local y un 30% a cargo de la parte actora, sin profundizar en las razones para así determinarlo. Es que “la regla básica es que en el camino de la recomposición las partes deben compartir el desequilibrio de las prestaciones porque el hecho o acontecimiento no es imputable a ninguna de ellas, por ello, las partes deben coparticipar de los riesgos sobrevenidos y causantes de la alteración del equilibrio económico del contrato” (conf. Balbín, Carlos F. “Tratado de Derecho Administrativo” Buenos Aires, La Ley, 2011, Tomo IV, pág. 600).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 30291. Autos: Solurban S.A. Sala: II Del voto de Dra. Fabiana Schafrik 25-10-2016.

RENEGOCIACION DEL CONTRATO – HIGIENE URBANA – CRISIS ECONOMICA – ECUACION ECONOMICO FINANCIERA – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – PROCEDENCIA – MAYORES COSTOS

En el caso, corresponde revocar parcialmente el pronunciamiento de grado, y en consecuencia, reconocer el importe adeudado por mayores costos de limpieza de sumideros. Ello con relación al contrato de prestación de servicios de higiene urbana celebrado entre la actora y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a la crisis social y económica acaecida en el año 2001, que provocó un desequilibrio en las prestaciones a cargo de las partes. En efecto, se agravia la actora recurrente por cuanto en la sentencia apelada se omitió considerar el reclamo por mayores costos por limpieza de sumideros efectuado ante el Gobierno. Así las cosas, tanto del informe de la perito contable como del expediente administrativo, surge que las diferencias de los Decretos por los cuales se reconoció a favor de la actora el pago de mayores costos, no han sido abonadas en la facturación por Limpieza de Sumideros.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso, Administrativo y Tributario Causa Nro: 30291. Autos: Solurban S.A. Sala: II Del voto de Dra. Fabiana Schafrik 25-10-2016.

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