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CONDENA PENAL – TRIBUNAL DE ALZADA – ALCANCES – SENTENCIA CONDENATORIA – PROCEDIMIENTO PENAL – RESOLUCIONES JUDICIALES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – REVISION JUDICIAL

Los artículos 8.2 h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exigen la revisión de todo aquello que el Tribunal esté en condiciones de revisar. La Dra. Carmen Argibay ha dicho, en términos tan claros y contundentes que basta la transcripción de los mismos, a los que adhiero, que: “si un individuo que ha sido condenado penalmente tiene un derecho constitucional a que la sentencia sea revisada o controlada por un tribunal superior, dicha revisión tendría que comprender todos aquellos argumentos en los que se ha sustentado la condena, es decir, aquellas premisas cuya modificación tienen aptitud para alterar la condena o la pena a favor del recurrente. En consecuencia, ese carácter total que debe tener el derecho de revisión de la condena vedará, en principio, que puedan realizarse distinciones que predeterminen la materia a revisar, excluyendo de antemano ciertos aspectos, como ocurre, por ejemplo, con la clasificación entre cuestiones de hecho y de derecho” (CS, in re “Casal, Matías E. y otro” 20/9/05, JA. 2005-IV. Fascículo 10). Su afirmación respecto a que la revisión del fallo condenatorio implica que todo examen solicitado por la defensa al tribunal de alzada, si resulta posible, debe ser llevada a cabo, es la que se ha de realizar.

DATOS: Causa Nro: . Autos: Sala: Del voto de Dra. Marta Paz 18-11-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


REVOCACION DE SENTENCIA – CONDENA PENAL – TRIBUNAL DE ALZADA – SENTENCIA CONDENATORIA – DOBLE INSTANCIA – PROCEDIMIENTO PENAL

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 13 inciso 3 reputa a la doble instancia como principio judicial general que reclama que el condenado tenga la posibilidad, regulada por el orden jurídico, de intentar un nuevo examen de su condena en los límites del recurso planteado ante un tribunal con poder para revocar la sentencia (del voto del Dr. Julio Maier in re “Alberganti, Christian Adrián s/art. 68 CC -apelación s/recurso de inconstitucionalidad concedido”).

DATOS: Causa Nro: . Autos: Sala: Del voto de Dra. Marta Paz 18-11-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


RECURSO DE APELACION (PROCESAL) – CONDENA PENAL – TRIBUNAL DE ALZADA – IMPUTADO – ADMISIBILIDAD DEL RECURSO – SENTENCIA CONDENATORIA – DOBLE INSTANCIA – PROCEDIMIENTO PENAL – IMPROCEDENCIA – REQUISITOS – REVISION JUDICIAL – MINISTERIO PUBLICO FISCAL

El artículo 61 de la Ley Nº 1287 no le concede al Ministerio Público Fiscal derecho a la vía de no cumplirse con los recaudos que requiere para tal. Las provincias tienen derecho a diseñar su propio organigrama judicial y pueden, por ende, determinar que una causa concluya en primera instancia sin recurso ante la cámara local o corte local. El Poder Legislativo es quien está exclusivamente facultado para regular esta materia y no se infringe ningún tratado internacional previsto en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional ya que en ellos sólo se prevé la doble instancia a favor del imputado (art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Señala Julio Maier que “El recurso contra la sentencia de los tribunales de juicio se debe elaborar como una garantía procesal del condenado, que tiene derecho a que su sentencia sea revisada por un tribunal superior. El recurso contra la sentencia ya no puede ser concebido como una facultad de todos los intervinientes en el procedimiento que corresponde también a los acusadores, en especial al acusador público (fiscal) para remover cualquier motivo de injusticia de la sentencia, conforme a las pretensiones de los otros intervinientes distintos del condenado penalmente; deberá perder, así, su carácter bilateral -el de ser facultad de todos los participantes- para transformarse en un derecho exclusivo del condenado a requerir la doble conformidad con la condena…ello equivale a decir que sólo la condena penal dictada por un tribunal de juicio es recurrible y sólo lo es por el condenado” (Maier, Julio B. “Derecho Procesal Penal” T. I, págs. 708/9, Editores del Puerto SRL, 2004).

DATOS: Causa Nro: . Autos: Sala: Del voto de Dra. Marta Paz 18-11-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


RECURSO DE APELACION (PROCESAL) – CONDENA PENAL – TRIBUNAL DE ALZADA – IMPUTADO – ADMISIBILIDAD DEL RECURSO – SENTENCIA CONDENATORIA – PROCEDIMIENTO PENAL – REVISION JUDICIAL

Señala Julio Maier que “El recurso contra la sentencia de los tribunales de juicio se debe elaborar como una garantía procesal del condenado, que tiene derecho a que su sentencia sea revisada por un tribunal superior. El recurso contra la sentencia ya no puede ser concebido como una facultad de todos los intervinientes en el procedimiento que corresponde también a los acusadores, en especial al acusador público (fiscal) para remover cualquier motivo de injusticia de la sentencia, conforme a las pretensiones de los otros intervinientes distintos del condenado penalmente; deberá perder, así, su carácter bilateral -el de ser facultad de todos los participantes- para transformarse en un derecho exclusivo del condenado a requerir la doble conformidad con la condena…ello equivale a decir que sólo la condena penal dictada por un tribunal de juicio es recurrible y sólo lo es por el condenado” (Maier, Julio B. “Derecho Procesal Penal” T. I, págs. 708/9, Editores del Puerto SRL, 2004).

DATOS: Causa Nro: . Autos: Sala: Del voto de Dra. Marta Paz 18-11-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


REINSERCION LABORAL – EXONERACION – CONDENA PENAL – EMPLEO PUBLICO – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – ANTECEDENTES PENALES – REINCORPORACION

En el caso, corresponde declarar la nulidad de la exoneración del actor por habérsele imputado la comisión de un delito, y consecuentemente ordenar la reincorporación del mismo a sus tareas habituales en el Hospital Público. Ello así, por cuanto, es el Estado el que le otorga la libertad asistida y espera la reinserción social y laboral, y también es el Estado quien lo aparta de su empleo, aún con un concepto muy bueno de su desempeño, sin reproches en la esfera de su aptitud e idoneidad para el trabajo. La reinserción en estos términos sería sostener que el responsable de un delito, es parte en todo momento de nuestra comunidad, y no puede resultar excluido ni marginado por el sólo hecho de contar con antecedentes penales. La Administración, en su carácter de empleadora, debiera asistir y acompañar ese proceso de integración.-

DATOS: Causa Nro: . Autos: Sala: Del voto de Dra. Nélida Mabel Daniele 18-11-2026.

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MALOS TRATOS O ACTOS DE CRUELDAD CONTRA ANIMALES – CONDENA PENAL – SENTENCIA FIRME – MEDIDAS CAUTELARES – DEPOSITARIO JUDICIAL – SECUESTRO DE ANIMALES – RESTITUCION DE ANIMALES – ONG – ALLANAMIENTO DOMICILIARIO

En el caso, corresponde revocar parcialmente la decisión de grado y, en consecuencia, mantener la custodia de las aves secuestradas en cabeza de la ONG "Pájaros Caídos", bajo el marco jurídico de depositaria judicial hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el proceso, debiendo el Juzgado de Grado notificar de tal extremo a la ONG. En efecto, toda vez que en el presente aún no ha recaído sentencia alguna, resulta prematuro adoptar un temperamento definitivo respecto de los ejemplares secuestrados, en cambio corresponde mantener la tenencia de los pájaros secuestrados en la esfera de la ONG "Pájaros Caídos" aunque bajo el título jurídico de depositario judicial en aras de su preservación hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el presente proceso.

DATOS: Causa Nro: . Autos: Sala: Del voto de Dr. José Saez Capel, Dra. Elizabeth Marum 18-11-2026.

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CONDENA PENAL – SENTENCIA CONDENATORIA – RECURSO DE APELACION – DOBLE INSTANCIA – PROCEDIMIENTO PENAL – PRISION PREVENTIVA – RECHAZO IN LIMINE – REQUISITOS – CASACION HORIZONTAL

En el caso corresponde rechazar "in limine" el recurso de apelación horizontal intentado. El Defensor de Cámara interpuso recurso de apelación horizontal contra la decisión de la Sala de este fuero que revocó la decisión de grado que había rechazado el pedido fiscal de prisión preventiva del imputado y dispuso que la cumpliera en el establecimiento carcelario. El Defesor sostuvo que el imputado tenía derecho a la revisión del fallo, y a tal efecto el remedio procesal incoado era la vía adecuada. Sin embargo, la particularidad insoslayable para la procedencia del remedio procesal intentado radica en la necesidad de que a la revocación de una absolución le prosiga el dictado de una sentencia condenatoria, circunstancia que es ajena a la de autos.

DATOS: Causa Nro: . Autos: Sala: Del voto de Dr. Marcelo P. Vázquez, Dr. José Saez Capel, Dra. Elizabeth Marum 18-11-2026.

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DELITO DOLOSO – CONDENA PENAL – MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – VALORACION DE LA PRUEBA – ABUSO SEXUAL – PROFESIONALES DE LA SALUD – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION – CESANTIA – SUMARIO ADMINISTRATIVO – HOSPITALES PUBLICOS – EMPLEO PUBLICO – ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO – CAUSALES – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA – LEY DE EMPLEO PUBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde confirmar la sanción de cesantía impuesta sobre el actor con fundamento en la verificación de la causal prevista en el artículo 63, inciso f), de la Ley N° 471 – existencia de una condena firme por delito doloso-, y en el hecho de que se desempeñaba como radiólogo en un Hospital de la Ciudad. En efecto, de las constancias de la causa no se advierte que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) hubiera obrado de forma manifiestamente ilegítima al denegar la producción de la prueba ofrecida por el actor en el marco del sumario administrativo. En definitiva, el GCBA justificó su decisión, en el marco del sumario administrativo, y el actor no logró demostrar que el acto cuestionado carezca de motivación.

DATOS: Causa Nro: . Autos: Sala: Del voto de Dra. Laura A. Perugini 18-11-2026.

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REINSERCION LABORAL – INGRESO A LA FUNCION PUBLICA – CONDENA PENAL – CESANTIA – ALCANCES – EMPLEO PUBLICO – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES

La readaptación social de quien hubo delinquido constituye uno de los presupuestos del sistema represivo estatal e, incluso, uno de los fundamentos de su existencia y desenvolvimiento. Los artículos 5º y 6º de la Convención Americana sobre los Derechos del Hombre dan cuenta de esta política general, mediante la cual, bajo premisa de racionalidad, suele diferenciarse al Estado moderno de aquellos regímenes políticos que ignoran la práctica de los derechos humanos. Estas diferencias, no obstante, se tornan ilusorias ante casos, donde se observa un compromiso estatal que contradice los comportamientos sociales y políticos jurídicamente suscriptos. Resulta contradictorio con los fines de una República que quien dispone metas de readaptación para aquél que incurriera en un ilícito, demostrara una total incomprensión de este principio y determinara un sistema de exclusión laboral para quienes hayan cumplido una condena. La estigmatización es la resultante de sentimientos de condena que prevalecen y se arraigan en las personas, pero tales sentimientos no pueden ser objeto de regulación normativa, pues el estado de derecho no se halla determinado por ellos, sino por las directivas del texto constitucional que se oponen a su manifestación.

DATOS: Causa Nro: . Autos: Sala: Del voto de Dra. Nélida Mabel Daniele 18-11-2026.

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CONDENA PENAL – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – SENTENCIA FIRME – EFECTOS DE LA SENTENCIA PENAL EN SEDE ADMINISTRATIVA – CESANTIA – ADMISIBILIDAD DEL RECURSO – IMPROCEDENCIA – PREJUDICIALIDAD

En el caso, corresponde rechazar la demanda interpuesta por la parte actora, con el objeto de impugnar la disposición de la Administración que declaró su cesantía. Los antecedentes del fuero represivo resultan relevantes puesto que en la misma dirección apuntan, por su parte, las constancias que integran el sumario. De esta forma, habiendo quedado firme la materia debatida en sede penal, y siendo la actora considerada autora penalmente responsable del delito de falsificación de documentos públicos y condenada, no cabe duda alguna acerca de su responsabilidad en el hecho imputado. Como se podrá advertir, pierden todo asidero las críticas vertidas -respecto al planteo de prejudicialidad- por la agente en su escrito de inicio al encontrarse firme la condena penal. Ello así, toda vez que su principal argumento a fin de desvirtuar la exoneración impuesta en sede administrativa —en aquel momento— fue justamente el hecho de no haber condena en el fuero represivo. A su vez, y a mayor abundamiento, es dable destacar que se ha señalado que “Si bien es cierto que el procedimiento administrativo disciplinario y el proceso penal son diferentes por su génesis, sus fines y sus sanciones, teóricamente puede admitirse un cierto paralelismo entre ellos, práctica y racionalmente ha de evitarse que un mismo hecho de lugar a decisiones contradictorias en el proceso penal y en el procedimiento administrativo. La verdad judicial —se dice— debe ser en lo posible única. Ello da como resultado que si se absuelve en la instancia penal a un funcionario, la sanción administrativa no sería procedente si se invocan exacta y precisamente los mismos hechos y circunstancias que sirvieron de base al pronunciamiento penal. Si así no fuere penetrariase en el mundo del caos, rompiendo la unidad lógica que esencialmente debe existir en la actuación de los órganos estatales”. (conf. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Tº III-B, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 434, núm. 1064). Como consecuencia de lo expuesto, la sanción penal, en cuanto incida en la esfera administrativa, es de obligatorio respeto por parte de la Administración Pública; así, en los casos en que la condena penal tuviere como pena la inhabilitación, por ejemplo, la extinción de la relación de empleo es imperativa (Marienhoff, Miguel S., ob. cit., p. 435). En suma, las consideraciones expuestas permiten concluir, que en perjuicio de lo postulado por la accionante, encuentro la decisión sancionatoria adoptada en sede administrativa razonable teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida.

DATOS: Causa Nro: . Autos: Sala: Del voto de Dr. Esteban Centanaro 18-11-2026.

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PORTACION DE ARMAS (PENAL) – CONDENA PENAL – FACULTADES DE LA AUTORIDAD DE PREVENCION – REQUISA PERSONAL – ALCANCES – DETENCION SIN ORDEN JUDICIAL – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – REQUISA – PROCEDIMIENTO POLICIAL – NULIDAD (PROCESAL)

En el caso, corresponde confirmar la resolución del Magistrado de grado en cuanto resolvió condenar al imputado por considerarlo autor penalmente responsable del delito de portación de armas de uso civil sin la debida autorización legal, previsto y reprimido por el artículo 189 bis, inciso segundo, tercer párrafo, del Código Penal de la Nación, con la circunstancia agravante del párrafo octavo de la misma norma. En efecto, respecto a la verificación de las razones que habrían fundado la requisa policial, y posterior secuestro del arma, es dable decir que el artículo 112 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece un parámetro mínimo a partir del cual las autoridades del prevención podrán efectuar requisas sin orden judicial. Por ello, conforme los parámetros del mencionado artículo del Código de rito, este tramo del quehacer de los gendarmes resulta válido. Tal como surge de lo relatado por éstos y de lo consignado en el acta inicial del procedimiento, al momento de la detención el presunto imputado llevaba consigo una bolsa blanca en cuyo interior fue hallada el arma secuestrada. La diligencia de revisar la bolsa en esas circunstancias se impone por la necesidad de asegurar la integridad física y la vida de quienes se encuentren presentes en el lugar en que se lleva a cabo el procedimiento policial. Y es allí donde se halla configurado el supuesto de “urgencia” previsto en el artículo 112 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que autoriza a realizar la requisa sin orden judicial a fin de evitar que pudiera ponerse en riesgo la integridad física de eventuales transeúntes y la de los propios preventores. Es así que existían razones de urgencia para actuar sin orden judicial, pues al desarrollarse el procedimiento en la vía pública, es decir, un ámbito donde transitan personas, la existencia de un arma de fuego en poder del detenido podía poner en peligro la vida de los que allí se encontraban. Esta circunstancia, habilita a afirmar la efectiva necesidad de proceder a la requisa para garantizar la integridad física de los preventores y ciudadanos en general.

DATOS: Causa Nro: . Autos: Sala: Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dra. Marcela De Langhe 18-11-2026.

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CONDENA PENAL – MEDIDAS CAUTELARES – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION – ALCANCES – VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO – LICENCIA DE CONDUCIR – TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS – IMPROCEDENCIA – LICENCIA DE TAXI – ANTECEDENTES PENALES – JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado, en cuanto rechazó la medida cautelar solicitada por el actor, tendiente a que se ordenara a la Dirección General de Educación Vial y Licencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgarle en forma provisoria la licencia profesional para conducir clase D, subclase 1, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Al analizar la validez constitucional del régimen de concesión de licencia de conducir que nos ocupa, el Tribunal Superior de Justicia sostuvo que “convertir los antecedentes penales en automático impedimento para obtener la licencia de conducir vulnera mandatos contenidos en la Constitución de la Ciudad y de la Nación” y que, según la normativa vigente, “compete al poder administrador establecer las medidas tendientes a mostrar la relación directa entre el apartamiento del actor de la actividad y un aumento de la preservación de la seguridad en el tránsito (…) brindando con ello, razonabilidad a la reglamentación que restringe el acceso de quienes ostentan determinados antecedentes penales a licencias de conducir clase D 1 y 2” (cf. TSJ in re “Pérez, Ariel c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, expte. n° 4888/06, sentencia del 21 de marzo de 2007). Frente a todo ello, corresponde señalar que no existe constancia alguna que permita conocer los antecedentes fácticos que precedieron la condena por abuso sexual y, consecuentemente, el grado de relación que podría existir respecto del servicio de taxis al que aspira acceder el actor. Esa circunstancia cobra relevancia, pues en supuestos análogos “la situación de vulnerabilidad” en que se encuentra, para lo que ahora importa, el usuario del vehículo de alquiler, ha sido un dato tomado en cuenta al momento de valorar el alcance atribuible a los antecedente penales de quien solicita el registro clase D1 (cf. TSJ en “Ambrosi, Leonardo c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, expte. n° 5859/08, sentencia del 24/6/2009). Por lo tanto, en este contexto, no corresponde tener por acreditada la verosimilitud en el derecho invocada por el actor.

DATOS: Causa Nro: . Autos: Sala: Del voto de Dr. Carlos F. Balbín, Dra. Inés M. Weinberg de Roca, Dra. Mariana Díaz 18-11-2026.

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CONDENA PENAL – OPOSICION DEL FISCAL – PORTACION DE ARMAS – PROCEDIMIENTO PENAL – LIBERTAD CONDICIONAL – COMISION DE NUEVO DELITO

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no revocar la libertad condicional del encausado. En efecto, la Fiscal de grado sostiene, contrario a lo sostenido por la Judicante, que la libertad condicional otorgada al imputado debe ser revocada por cuanto cometió un nuevo delito, quebrantando el compromiso que asumiera al concedérsele el beneficio. Ello así, la Magistrada de grado para descartar la revocación de la libertad condicional y mantener el vencimiento de la pena fijada al encartado, consideró que si bien el nombrado resultó procesado con prisión preventiva en orden a la comisión del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, portación de arma de guerra, portación de arma de uso civil y encubrimiento, aún no recayó sentencia condenatoria firme que así lo compruebe. Al respecto Zaffaroni explica: “La libertad del penado queda condicionada al cumplimiento de los cinco recaudos establecidos por el mismo art. 13 en sus respectivos incisos (…) El inciso 4º establece la obligación de no cometer nuevos delitos (…) el requisito del inc. 4º es la comisión de un delito en sentido técnico jurídico, es decir, que sólo puede tenerse por cometido un delito cuando haya recaído sentencia condenatoria, no siendo suficiente el mero procesamiento ni la constatación en la sentencia de un injusto inculpable…” (Zaffaroni, Raúl Eugenio, Derecho Penal. Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 919). Por tanto, asiste razón a la A-Quo en cuanto a que la revocación de la libertad condicional opera sólo con la sentencia firme que declare la responsabilidad penal del encausado por el nuevo delito.

DATOS: Causa Nro: . Autos: Sala: Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dra. Marcela De Langhe 18-11-2026.

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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – SUSPENSION DE LA MATRICULA – CONDENA PENAL – MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – CODIGO DE ETICA PROFESIONAL – FACULTADES DISCIPLINARIAS – ADMISIBILIDAD DEL RECURSO – REGIMEN JURIDICO – SANCIONES DISCIPLINARIAS (ADMINISTRATIVO) – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – PROCEDENCIA – RECURSO DIRECTO DE APELACION

En el caso, corresponde revocar la resolución del Tribunal de Ética Profesional del Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires que impuso a la contadora la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio de la profesión por un año, prevista en el artículo 28, inciso “d” de Ley N° 466, por “denunciar falsamente el extravío de cheques que había librado para evitar su pago”, resultando dicha conducta violatoria del artículo 3º del Código de Ética. En efecto, no se valió de su condición de contadora para realizar los actos que se le atribuyen; estos podrían haber sido llevados a cabo por cualquier titular de una cuenta corriente. El problema consiste en determinar cuáles son los tipos de actos contrarios a la veracidad o a la integridad que, pese a no haber sido realizados en el ejercicio profesional, pueden dar lugar a una sanción disciplinaria en razón del estado profesional. Entiendo que no puede tratarse de una categoría abierta, pues, de ser así, el Tribunal de Ética podría decidir sancionar cualquier conducta. La respuesta está, en mi opinión, en el artículo 17 del Código de Ética, que es la única norma de ese cuerpo que se refiere a faltas contra el estado profesional. Dice: “Constituye una violación a los deberes inherentes al estado profesional y, en consecuencia, se considera infracción al presente Código, el hecho de que un matriculado –aun no estando en el ejercicio de las actividades específicas de la profesión- haya sido condenado judicialmente por un delito económico”. Entonces, para que exista falta sancionable de acuerdo con el Código de Ética, el artículo 17 establece como condición que el matriculado haya sido condenado por un delito económico, se sigue que, de no mediar condena penal, como ocurre en el caso, no puede considerarse que existió falta a los deberes del estado profesional sancionable.

DATOS: Causa Nro: . Autos: Sala: Del voto de Dr. Hugo R. Zuleta 18-11-2026.

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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – CONDENA PENAL – MOTIVACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – CODIGO DE ETICA PROFESIONAL – FACULTADES DISCIPLINARIAS – ADMISIBILIDAD DEL RECURSO – INTERPRETACION DE LA LEY – REGIMEN JURIDICO – PRINCIPIO DE LEGALIDAD – SANCIONES DISCIPLINARIAS (ADMINISTRATIVO) – NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO – PROCEDENCIA – RECURSO DIRECTO DE APELACION

En el caso, corresponde revocar la resolución del Tribunal de Ética Profesional del Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires que impuso a la contadora la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio de la profesión por un año, prevista en el artículo 28, inciso “d” de Ley N° 466, por “denunciar falsamente el extravío de cheques que había librado para evitar su pago”, resultando dicha conducta violatoria del artículo 3º del Código de Ética. En efecto, el artículo 17 del Código de Ética, solo prevé como una violación a los deberes inherentes al estado profesional el hecho de haber sido condenado judicialmente, lo que no ocurrió en el caso, y, por su parte, la generalidad del contenido del artículo 3º dificulta reconocer qué conductas comprende, pero no caben dudas que se limita a la actividad profesional. En este contexto, dado que no se ha demostrado la culpabilidad de la actora (cf. art. 1º, CP), sostener la razonabilidad de la sanción implicaría atribuir al Tribunal de Ética la facultad de revisar y sancionar a los matriculados por cualquier conducta pública, lo que resulta excesivo y afecta el principio de legalidad (cf. art. 19, CN).

DATOS: Causa Nro: . Autos: Sala: Del voto de Dra. Gabriela Seijas 18-11-2026.

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