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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – FALTA DE CONTROVERSIA EN EL RECLAMO – LEGITIMACION – FACULTADES – FACULTADES DE LA ADMINISTRACION – PERMISO ADMINISTRATIVO – MODIFICACION DE LA LEY – PERMISO DE OBRA – OBRA EN CONSTRUCCION – ACCION DE AMPARO – TUTELA JUDICIAL EFECTIVA – ACCESO A LA JUSTICIA – SUSPENSION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – FALLOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA – CODIGO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

En el caso, corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo y declaró la pérdida de vigencia del permiso de obra otorgado para el predio en cuestión. Los actores iniciaron acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y la Fiduciaria o quien resultara propietario de la obra en cuestión, a fin de que se dictara el acto administrativo omitido de caducidad del registro de planos. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, ordenó, por mayoría revocar la sentencia. Los actores han explicado de qué manera la construcción de la obra proyectada los agravia. En su demanda fundan su legitimación procesal en la afectación de sus derechos a un hábitat urbano acorde a la normativa vigente y citan como sustento los artículos 43 de la Constitución Nacional, y 14 y 27 de la Constitución de la Ciudad. Pidieron que se tuvieran presentes los fundamentos que llevaron a modificar la zonificación de R2aII a R1b1, esto es, la falta de un ordenamiento que protegiera la tipología barrial y el valor arquitectónico, y afirmaron que sufrirían una reducción en el asolamiento, aumento de ventosidad y de transitividad e incidencia en la prestación de los servicios públicos. El artículo 27 de la CCABA establece, en lo que aquí interesa: “La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve: (…) La preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora (…)”. A su turno, la Ley 2930 de Plan Urbano Ambiental dispone en su artículo 8º, en lo pertinente: “Los objetivos del PUA se refieren tanto a la mejora del hábitat de los sectores sociales de menores ingresos, como a las condiciones de calidad ambiental que debe guardar el hábitat residencial en su conjunto, con la debida preservación de las características singulares que otorgan identidad y diversidad a los distintos espacios urbanos. A los fines del cumplimiento del propósito enunciado, se establecen los siguientes lineamientos: (…) b) El mantenimiento de la diversidad funcional y de fisonomías del hábitat residencial, a través de las siguientes acciones: (…) 2. Promover tipologías edilicias que no den lugar a situaciones de segregación social ni a disrupciones morfológicas. 3. Preservar los sectores urbanos de baja y media densidad poblacional que manifiestan características singulares de valor y buen grado de consolidación. 4. Promover actividades que fortalezcan a las identidades barriales". Tanto el Plan Urbano Ambiental como el Código de Edificación y el Código de Planeamiento Urbano requieren para su sanción y modificación el procedimiento de doble lectura (cf. art. 89, CCABA). Rechazar la demanda importa privar de tutela judicial a los actores, cuya legitimación está acordada por el artículo 14 de la CCABA, y supondría dejar al arbitrio de la Administración cumplir o no con la normativa en materia urbanística luego de un procedimiento específico y riguroso. (Del voto en disidencia de la Dra. Gabriela Seijas).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 61752. Autos: Martínez Fabiana Laura y otros Sala: III Del voto de Dra. Gabriela Seijas 22-12-2025.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.

REGIMEN PENAL JUVENIL – LEGITIMACION – MENOR DAMNIFICADO – AMENAZAS – ADMISIBILIDAD DEL RECURSO – RECURSO DE APELACION – PROCEDIMIENTO PENAL – MINISTERIO PUBLICO TUTELAR – LESIONES

En el caso, corresponde declarar admisible el recurso de apelación. El Ministerio Público Fiscal solicitó al Juez de grado, como producción anticipada de prueba, la declaración testimonial de los menores damnificados bajo Cámara Gesell. El “a quo” rechazó la solicitud señalando que, de acuerdo al artículo 43, inciso a), del Régimen Procesal Penal Juvenil, las declaraciones de personas menores de edad deben llevarse a cabo en la etapa de debate, a excepción de que no sea posible avanzar en la investigación por otros medios. El Ministerio Público Tutelar apeló la decisión. Sostuvo su interés directo en recurrir y explicó que pesa sobre la parte que representa el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales que encargan al Ministerio Público Tutelar local el deber de resguardar los derechos de los niños. Si bien he sostenido que el Ministerio Público Tutelar carece de legitimación para impugnar, en forma autónoma (por ejemplo en causa Nº 58766/2024-1, resuelta el 4 de noviembre de 2024) decisiones vinculadas a medidas de prueba solicitadas por la Fiscalía, –pues es el Ministerio Público Fiscal quien en su carácter de director de la investigación debe analizar la necesidad de aquellas–, no puede perderse de vista que en este caso, a pesar de que el Fiscal de Cámara entendió que la decisión apelada no afecta los intereses del órgano que representa –en atención de que su par de grado no recurrió el temperamento adoptado– al mismo tiempo se pronunció por la admisibilidad del remedio intentado y sostuvo que se han suministrado buenas razones para hacer lugar a la medida solicitada. En definitiva, es posible concluir que el Fiscal de Cámara acompaña la posición asumida por el Ministerio Público Tutelar.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 60720. Autos: M, K,. W. M. Sala: II Del voto de Dra. Carla Cavaliere 20-10-2025.

IMPUGNACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – INFRACCIONES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR – LEGITIMACION – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – DENUNCIANTE – DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – LEGITIMACION ACTIVA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – RECURSO DIRECTO DE APELACION – DAÑO DIRECTO

En los recursos directos contra resoluciones emitidas por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor -DGDyPC-, cabe señalar que esta Sala, en reiterados precedentes, ha reconocido legitimación procesal al denunciante a fin de cuestionar -en los términos del artículo 14 de la Ley N° 757- el rechazo del daño directo o bien la cuantificación reconocida a su favor (esta Sala en “Banco Supervielle SA y otros c/ GCBA s/ recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor”, expte. N°77684/2021-0, sentencia del 28/12/2023 y “Velázquez, Benjamín Mauro y otros c/ GCBA s/ recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor”, expte. N°922/2018-0, sentencia del 29/02/2024; v. también mi voto como Jueza de la Sala I, “in re”, en los autos “Telecentro SA y otros c/ Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor s/ recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor”, expte. N°1256/2018-0, sentencia del 14/11/2019)

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 55861. Autos: Heredia Sebastián Ezequiel Sala: II Del voto de Dra. Mariana Díaz 25-04-2024.

RAMPA PARA DISCAPACITADOS – LEGITIMACION PROCESAL – LEGITIMACION – VIA PUBLICA – OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS FRENTISTAS – DISCRIMINACION – OBRAS PUBLICAS – ACERAS – ACCION DE AMPARO – DERECHO DE IGUALDAD – EXCESIVO RIGOR FORMAL – LEGITIMACION ACTIVA – PROCEDENCIA

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, admitir la acción de amparo iniciada y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que arbitre los medios necesarios para reparar la rampa de accesibilidad indicada por la actora, en un plazo máximo de treinta (30) días. El Juez de primera instancia rechazó la demanda por considerar que la actora no se encontraba legitimada judicialmente para peticionar la reparación de la rampa en cuestión al no ser propietaria frentista ni haber acreditado ser vecina lindera del sitio indicado. La actora se agravió ante el rechazo de la acción por su falta de legitimación activa. Al respecto, la Sra. Fiscal ante la Cámara -a cuyos argumentos se remitió el Tribunal- sostuvo que el sentenciante no tuvo debidamente en cuenta el tenor de la demanda iniciada por la actora "en su calidad de vecina del barrio de Nuñez" y por cuanto miembros de su familia sufrían de movilidad reducida, poniendo de resalto el marco jurídico de protección de los adultos mayores, así como el principio de igualdad y no discriminación. En efecto, el reclamo se refiere a una rampa situada a solo un par de cuadras del domicilio real de la actora por lo que desestimar su condición de "vecina" a los efectos de iniciar una acción como la de autos luciría como un excesivo rigor formal (Fallos:303:2048, entre muchos otros) si se considera el desplazamiento que es dable esperar de toda persona en el lugar en el que vive y la recepción de otras personas en su domicilio.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 54595. Autos: R., P. O. Sala: III Del voto de Dr. Horacio G. Corti, Dr. Hugo R. Zuleta 07-02-2024.

RAMPA PARA DISCAPACITADOS – LEGITIMACION PROCESAL – LEGITIMACION – VIA PUBLICA – OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS FRENTISTAS – OBRAS PUBLICAS – PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES – ACERAS – SEGURIDAD PUBLICA – ACCION DE AMPARO – LEGITIMACION ACTIVA – PROCEDENCIA – PEATON – SEGURIDAD VIAL – PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, admitir la acción de amparo iniciada y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que arbitre los medios necesarios para reparar la rampa de accesibilidad indicada por la actora, en un plazo máximo de treinta (30) días. El Juez de primera instancia rechazó la demanda por considerar que la actora no se encontraba legitimada judicialmente para peticionar la reparación de la rampa en cuestión al no ser propietaria frentista ni haber acreditado ser vecina lindera del sitio indicado. La actora se agravió ante el rechazo de la acción por su falta de legitimación activa. Al respecto, la Sra. Fiscal ante la Cámara -a cuyos argumentos se remitió el Tribunal- sostuvo que más allá de que la actora no ha alegado poseer ninguna discapacidad, ni ha acreditado con rigor los familiares con necesidades especiales que menciona, lo cierto es que por esta acción pretende preservar su seguridad en relación con una rampa cercana a su domicilio, que no solo es susceptible de ser utilizada por personas con movilidad reducida, sino por cualquier transeúnte. Por ello, no puede soslayarse que los precedentes mencionados en la instancia de grado para fundar la sentencia dictada difieren del marco que involucra a la presente causa – el estado de las rampas para personas con movilidad reducida (art. 8, Ley 5902)- y carecen de mayores elementos para sustentar la opinión allí defendida.

RAMPA PARA DISCAPACITADOS – JURISPRUDENCIA DE LA CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO – LEGITIMACION PROCESAL – LEGITIMACION – VIA PUBLICA – OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS FRENTISTAS – DISCRIMINACION – OBRAS PUBLICAS – PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES – DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA – ACERAS – SEGURIDAD PUBLICA – ACCION DE AMPARO – DERECHO CONSTITUCIONAL – LEGITIMACION ACTIVA – PROCEDENCIA – PEATON – SEGURIDAD VIAL – PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, admitir la demanda de amparo iniciada y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que arbitre los medios necesarios para reparar la rampa de accesibilidad indicada por la actora, en un plazo máximo de treinta (30) días. El Juez de primera instancia rechazó la demanda por considerar que la actora no se encontraba legitimada judicialmente para peticionar la reparación de la rampa en cuestión al no ser propietaria frentista ni haber acreditado ser vecina lindera del sitio indicado. La actora se agravió ante el rechazo de la acción por su falta de legitimación activa. Al respecto, la Sra. Fiscal ante la Cámara -a cuyos argumentos se remitió el Tribunal- en alusión al precedente "Barila" dictado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero, sostuvo que si la lesión es de un derecho de incidencia social o colectiva, no importa que quien lo alegue sea titular de un interés personal, ya que resulta suficiente la afectación del derecho colectivo consagrado por la Constitución y que quien accione revista el carácter de habitante, pues del artículo 14 de la CCABA surge que la legitimación para interponer una acción de amparo cuando se debaten cuestiones relativas a la discriminación o a derechos que inciden colectivamente se otorga a “cualquier habitante”, no exigiendo más que esa condición (cfr. Sala II CAyT, Barila, Santiago c/ GCBA s/ amparo" EXP 22076-0, resolución del 05/02/2007). Así, sin perjuicio del interés concreto con el que contaría la parte a actora a la luz de lo señalado anteriormente, no puede soslayarse la legitimación con la que, en su caso, contaría a partir del interés jurídico dado por la eventual violación de derechos pertenecientes a la colectividad de la cual es parte, como son los derechos de incidencia colectiva y los supuestos de discriminación.

RAMPA PARA DISCAPACITADOS – LEGITIMACION PROCESAL – LEGITIMACION – VIA PUBLICA – OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS FRENTISTAS – ACCESIBILIDAD FISICA – LEGISLACION APLICABLE – OBRAS PUBLICAS – PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES – ACERAS – ACCION DE AMPARO – NORMATIVA VIGENTE – LEGITIMACION ACTIVA – PROCEDENCIA – PEATON – PERSONAS CON DISCAPACIDAD

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – RAMPA PARA DISCAPACITADOS JURISPRUDENCIA DE LA CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO LEGITIMACION PROCESAL LEGITIMACION VIA PUBLICA OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS FRENTISTAS PREVENCION DISCRIMINACION OBRAS PUBLICAS ALTERUM NON LAEDERE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA ACERAS SEGURIDAD PUBLICA ACCION DE AMPARO DERECHO CONSTITUCIONAL LEGITIMACION ACTIVA DERECHO A LA SALUD PROCEDENCIA CONSTITUCION NACIONAL LEY DE AMPARO PEATON DAÑO EVENTUAL SEGURIDAD VIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, admitir la demanda iniciada y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que arbitre los medios necesarios para reparar la rampa de accesibilidad indicada por la actora, en un plazo máximo de treinta (30) días. El Juez de primera instancia rechazó la demanda por considerar que la actora carecía de legitimación para peticionar la reparación de la rampa en cuestión al no ser propietaria frentista ni haber acreditado ser vecina lindera del sitio indicado. La actora se agravió por entender que cuenta con un interés razonable en la prevención del daño (conf. art. 2 de la Ley 2145 y 1712 del CCyCN) y, en tanto su padre es un adulto mayor de 62 años cuyo derecho a la salud goza de especial protección en la Constitución de la Ciudad y en la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Al respecto, la Sra. Fiscal ante la Cámara -a cuyos argumentos se remitió el Tribunal- sostuvo que no puede soslayarse el deber de prevención del daño que recae sobre el Estado, máxime a la luz de lo previsto en el artículo 2° de la Ley 2145 y el mandato preventivo que surge directamente del artículo 19 de la Constitución Nacional, a través del principio general que exige no dañar a otro ("alterum non laedere"). En efecto, dicho principio abarca no sólo el deber de no dañar, sino también el de prevenir el daño, mitigarlo y no agravarlo una vez que se haya causado (conf. art. 1710 CCyCN). Mandato que, a su vez, resulta de incuestionable fuente constitucional y convencional (conf. arts. 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), por lo que, alcanza al Estado con independencia de la regulación específica existente en el derecho privado (cfr. arts. 1764 y ss. del CCyCN). Es que, la arbitrariedad o ilegalidad imputable al demandado estaría sustentada en el deber constitucional del Estado de preservar la “seguridad vial y peatonal”, así como también en la omisión del GCBA de mantener y reparar rampas como la aludida conforme lo prevé la Ley 5902 (ver “Barbatelli, Martín Hernán c/ GCBA s/ amparo”, EXP 9932/2021-0, Dictamen 127/2021, del 03/03/2021 y mismos autos, EXP 12869/2023-0, Dictamen 304/2023, del 29/03/2023).

RAMPA PARA DISCAPACITADOS – CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – LEGITIMACION PROCESAL – LEGITIMACION – VIA PUBLICA – OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS FRENTISTAS – OBRAS PUBLICAS – PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES – COSTAS AL VENCIDO – ACERAS – ACCION DE AMPARO – COSTAS – LEGITIMACION ACTIVA – PROCEDENCIA – PEATON – SEGURIDAD VIAL – PERSONAS CON DISCAPACIDAD – COSTAS AL DEMANDADO

En el caso, corresponde hacer lugar al recurso de apelación de la actora, revocar la sentencia de grado e imponer las costas en ambas instancias al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) (cfr. art. 64 del CCAyT). Ello así, por cuanto una vez despejada la cuestión atinente a la legitimación de la actora para solicitar judicialmente la reparación de la rampa de accesibilidad cercana a su domicilio real, se advierte que las partes no cuestionaron ni los fundamentos, ni las conclusiones a las que arribó el Magistrado de grado relativas al estado de la rampa y a la obligación de repararla del GCBA (conf. arts. 8 de la Ley 5902 y 10 del Anexo I, Decreto 296/18).

RAMPA PARA DISCAPACITADOS – LEGITIMACION PROCESAL – LEGITIMACION – VIA PUBLICA – OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS FRENTISTAS – PREVENCION – OBRAS PUBLICAS – PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES – DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA – ACERAS – SEGURIDAD PUBLICA – ACCION DE AMPARO – LEGITIMACION ACTIVA – DERECHO A LA SALUD – PROCEDENCIA – PEATON – SEGURIDAD VIAL – PERSONAS CON DISCAPACIDAD – DERECHO DE PETICIONAR A LAS AUTORIDADES

En el caso, corresponde revocar la resolución de grado, hacer lugar a la demanda iniciada y ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que arbitre los medios necesarios para que la rampa de accesibilidad indicada por la actora sea correctamente reparada en un plazo máximo de treinta (30) días corridos. La actora se agravió en relación a la falta de legitimación activa invocada por el juzgado de grado para desestimar la acción. Al respecto, cabe señalar que hay supuestos en los que por la trascendencia y efectos de la decisión que pueda adoptarse no se exige una aptitud especial y se reconoce legitimación con carácter general. Son supuestos en los que la ley quiere especialmente prevalecer, dejando en un segundo plano lo vinculado a la legitimación. En efecto, en el marco de la acción popular el actor no necesita invocar la lesión de un derecho subjetivo o un interés legítimo; basta con invocar su calidad de ciudadano para asumir la defensa de la legalidad. En palabras de Bielsa, el actor popular es un “caballero de cruzadas” de la legalidad y la moralidad pública (Bielsa, Rafael, “La acción popular y la facultad discrecional administrativa”, Rev. La Ley, t. 73, pág. 711). Se trata de supuestos especiales asimilables a lo que Jesús González Pérez denomina, en España, de acción pública (Jesús González Pérez, Manual de Procedimiento Administrativo, Civitas, Madrid, 2000). De ese modo, no es exigible al actor popular una voluntad altruista o benefactora, basta con que el acto o conducta atacada no se ajuste a Derecho para que así deba declararlo el órgano judicial. El reconocimiento de una legitimación tan amplia obedece a que, en determinados ámbitos de interés comunitario, como es en casos de urbanismo, el legislador entiende preferible que se ejercite la acción, sin examinar las motivaciones, pues la comunidad en su conjunto podrá verse beneficiada con la intervención judicial. (Del voto por sus fundamentos de la Dra. Seijas).

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 54595. Autos: R., P. O. Sala: III Del voto de Dra. Gabriela Seijas 07-02-2024.

DEVOLUCION DE SUMAS DE DINERO – LEGITIMACION – RESPONSABILIDAD SOLIDARIA – COMERCIO ELECTRONICO – EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION PASIVA – DAÑOS Y PERJUICIOS – INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – AGENCIA DE VIAJES – AGENCIA DE TURISMO – IMPROCEDENCIA – INTERNET – PANDEMIA – COVID-19 – LEGITIMACION PASIVA – RELACION DE CONSUMO – TRANSPORTE AEREO

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 53995. Autos: S., G Sala: I Del voto de Dr. Pablo C. Mántaras, Dra. Fabiana Schafrik, Dr. Carlos F. Balbín 11-10-2023.

En el caso, corresponde rechazar los recursos de apelación interpuestos por las partes y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda y condenó a las codemandadas (comercializadora de servicios turísticos y línea aérea) a que abonaran al actor la suma de cuatrocientos catorce mil doscientos veinte pesos ($414.220), en concepto de reintegro de los pasajes abonados, con más sus intereses. En efecto, corresponde rechazar el agravio de la comercializadora de servicios turísticos vinculado con el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva. En sus agravios, la codemandada consideró que se realizó una errónea interpretación del artículo 40 de la Ley N° 24.240 al imponerle una condena solidaria, en tanto la agencia actuó como intermediaria de conformidad con el Decreto N° 2182/1972 y fue la aerolínea demandada la que percibió el precio del pasaje, siendo la responsable de las reprogramaciones y/o cancelaciones de los vuelos y de establecer las condiciones para los cambios de los tickets aéreos. Ahora bien, la Ley Nacional de Agentes de Viajes N° 18.829 establece en su artículo 1º que quedan sujetas a las disposiciones de esa ley todas las personas físicas o jurídicas que desarrollen, en el territorio nacional, con o sin fines de lucro, en forma permanente, transitoria o accidental, algunas de las siguientes actividades vinculadas a lo que aquí nos interesan: a) la intermediación en la reserva o locación de servicios en cualquier medio de transporte en el país o en el extranjero; b) la intermediación en la contratación de servicios hoteleros en el país o en el extranjero; c) la organización de viajes de carácter individual o colectivo, excursiones, cruceros o similares, con o sin inclusión de todos los servicios propios de los denominados viajes “a forfait”, en el país o en el extranjero; d) la recepción y asistencia de turistas durante sus viajes y su permanencia en el país, la prestación a los mismos de los servicios de guías turísticos y el despacho de sus equipajes; e) la representación de otras agencias, tanto nacionales como extranjeras, a fin de prestar en su nombre cualquiera de estos servicios; y, f) la realización de actividades similares o conexas a las mencionadas con anterioridad en beneficio del turismo. Asimismo, el Decreto Nº 2.182/72 —reglamentario de la Ley N° 18.829—, en su artículo 13 dispone que “[l]os servicios a prestar por la agencia de viajes se convendrán en todos los casos por contrato firmado entre un empleado autorizado de la agencia y el o los usuarios. En el mismo se consignará, como mínimo, lo siguiente: a) especificación de los servicios a suministrar, indicando su categoría; b) fecha de prestación de los mismos; c) precios y condiciones de pago; d) plazos establecidos para la confirmación o desistimiento por ambas partes y los respectivos cargos, reembolsos e indemnizaciones en los distintos supuestos; y, e) toda obligación y responsabilidad que asuman agencias y clientes. Toda modificación que se realice a un contrato de servicios deberá hacerse por escrito y con la firma de ambas partes a continuación o agregadas al contrato originario. Los contratos a que se refiere el presente artículo deberán cumplir los requisitos fiscales vigentes en la jurisdicción en que se celebren”. En esta línea, el artículo 14 del mismo Decreto dispone —en lo que aquí interesa— que las agencias de viajes “serán responsables por cualquier servicio que hayan comprometido ellas, sus sucursales o sus corresponsales […]”, sin embargo “[q]uedan eximidas las agencias de toda responsabilidad frente al usuario, no mediando culpa, dolo o negligencia de su parte, cuando sean intermediarias entre las empresas de servicios y los mencionados usuarios, siempre y cuando tales empresas desarrollen sus actividades sujetas a un reglamento o legislación aprobado por autoridad competente que establezca las modalidades de la contratación entre esas empresas y los usuarios”. Por otro lado, el artículo 15 establece en su parte pertinente que “[l]os precios convenidos con los usuarios no podrán ser modificados, si no es por causa de alteración de los mismos por parte de los terceros prestatarios de tales servicios, debiendo esta situación estar debidamente documentada”. A su vez, el artículo 24 prevé que “se considerará que son, para las agencias de viajes, causas justificadas de anulación de los viajes individuales o colectivos, las siguientes: a) fuerza mayor y caso fortuito; b) cuando en los viajes individuales las agencias, habiendo obrado con la previsión y diligencias debidas, no puedan disponer, por causas ajenas a su voluntad la totalidad de las reservas de hoteles, transportes u otros servicios esenciales, de acuerdo con el itinerario presentado; c) cuando la alteración de tarifas o de tipos de cambio de moneda obligue a un aumento sustancial en el precio del viaje; y, d) cuando no se haya alcanzado un suficiente número de inscripciones, siempre que tal extremo haya sido mencionado en las cláusulas o condiciones del contrato […]”. Ahora bien, cuando el contrato de intermediación de viaje como el caso, por sus características deba ser encuadrado, además, como un contrato de consumo, la legislación especial reseñada precedentemente e invocada por la codemandada debe ser interpretada en clave de consumidor y de modo congruente con las directivas establecidas por la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240.

LEGITIMACION – ADMISIBILIDAD DEL RECURSO – RECURSO DE APELACION – PROCEDIMIENTO PENAL – ASESOR TUTELAR

En el caso, corresponde declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por el Asesor Tutelar con la resolución de grado que cuestionó su legitimación para intervenir en autos. En efecto, el recurso fue presentado en tiempo y forma y, en tanto se cuestiona la legitimación del Asesor Tutelar para intervenir en autos, también se encuentra facultado para interponer el recurso en este aspecto, conforme lo sostenido por la Corte Suprema en “Recurso de hecho deducido por el Defensor Oficial de A. M. d. S. en la causa M. d. S., R. otra s/ ordinario s/ nulidad de sentencia impugnación declaratoria de herederos” (M.73, XLVII, rta. 26/09/2012, con remisión a los fundamentos del dictamen de la Procuradora General que la Corte hace suyos). Asimismo el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ha entendido en recursos donde venía cuestionada la legitimación de quien lo presentaba (Expte. n° 11076/14 “Pili, María Gracia s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘C , N A s/infr. art. 150, CP’”, rta. el 17/07/2015; Expte. n° 10544/13 “T , H M s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Legajo de querella en autos A , M L ; R , M S ; R , G y R , L C s/ infr. art(s). 183, Daño’”, rta. 4/2/2015, y Expte. n° 7221/10 “Ministerio Público —Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘F. Z., T. R. s/ infr. art. 183 CP art. 2 y 3 Ley 23592’” , rta. 10/08/2011, entre otros).

DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 52284. Autos: M., M. M. y otros Sala: Secretaría Penal Juvenil Del voto de Dr. José Saez Capel, Dra. Elizabeth Marum 01-06-2023.

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