RESOLUCION INAUDITA PARTE – PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – GARANTIAS CONSTITUCIONALES – MEDIDAS CAUTELARES – FACULTADES DEL JUEZ – CONTROL DE LEGALIDAD – NULIDAD DE OFICIO
Con relación al control de las medidas precautorias por parte del Juez así como de la declaración de nulidades de oficio, resulta necesario recordar, en primer lugar, que a la luz de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Procedimiento Contravencional, el juez debe efectuar un control de las medidas precautorias tomadas por la prevención y examinadas por el fiscal, pues ése es justamente el sentido de la obligación de comunicación al magistrado. A su vez, se ha destacado que la alusión a la comunicación al juez, dentro de las “dos (2) horas siguientes” de la adopción de la medida adoptada por el personal policial –y convalidada por el Ministerio Público Fiscal–, no puede sino abrigar la procedencia de ese control jurisdiccional propio del juez de garantías, en perfecta armonía con las facultades expresamente acordadas al Ministerio Público Fiscal por el mismo artículo, para el impulso de la acción en los albores del proceso, de conformidad con el artículo 5 del Codigo Procesal Penal de la Ciudad, aplicable supletoriamente en función de las previsiones del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional. En este sentido, consideramos que resulta indispensable dejar debidamente asentado que, a nuestro entender, la ley es clara cuando establece que la declaración de una nulidad de oficio es facultad privativa del juez, y que pesa sobre él el deber de declararla al advertirla, en cualquier estado y grado del proceso, pudiendo hacerlo, incluso, inaudita parte, si se trata de actos que impliquen violación de garantías constitucionales (conf. arts. 13 de la CCABA y 77 y 79 del CPPCABA, de acuerdo al art.6, LPC). En línea con lo precedentemente expuesto, cabe señalar que un acto que pone en crisis la vigencia de una garantía constitucional constituye una invalidez de carácter absoluto y de orden general declarable de oficio y en cualquier grado del proceso. Al respecto, corresponde hacer hincapié en lo estipulado por el artículo 79 del Codigo Procesal Penal de la Ciudad,en cuanto establece que “[c]uando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas”, de modo que la norma solo prevé la audiencia específicamente cuando hubiera petición de parte, pero esa situación difiere de cuando la declaración sea de oficio, “para lo cual no se previó ningún rigorismo de forma”.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 62988. Autos: Arias, Julián Antonio Sala: I Del voto de Dr. Carlos Fel Rolero Santurian, Dra. Elizabeth Marum 29-06-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
RESOLUCION INAUDITA PARTE – ACCION O PRETENSION PRINCIPAL – MEDIDAS CAUTELARES – CARACTER ACCESORIO – IMPOSICION DE COSTAS – DAÑOS Y PERJUICIOS – COSTAS AL VENCIDO – COSTAS – VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO – IMPROCEDENCIA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – RELACION DE CONSUMO
La justificación de la condena en costas radica en que la actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar, haciendo su imposición al deber del juez de condenar al derrotado. Por lo tanto, el vencido debe cargar con todos los gastos que hubo de realizar el vencedor para obtener el reconocimiento de su derecho, debiendo este último salir incólume del proceso. Ahora bien, en el caso de las medidas cautelares, por las características que les son propias (instrumentalidad, accesoriedad y provisionalidad) y porque se ordenan sin audiencia del demandado y sin afirmar la existencia del derecho sino tan solo su verosimilitud, su admisión no puede importar la imposición de costas al demandado. Ello es así porque la determinación de quién debe cargar con las costas del proceso cautelar solamente podrá hacerse al tiempo del dictado de la sentencia en el principal, oportunidad en que deberá valorarse la actitud asumida por la demandada en el proceso (Corte Suprema de Justicia, Fallos: 296:397. (Del voto en disidencia del Dr. Fernando Juan Lima).
DATOS: Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 61309. Autos: Faiella Antonio Sala: II Del voto de Dr. Fernando E. Juan Lima 16-10-2025.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
IGUALDAD DE ARMAS – RESOLUCION INAUDITA PARTE – PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – REVOCACION DE SENTENCIA – SECUESTRO DE BIENES – FACULTADES DEL JUEZ – IMPROCEDENCIA – ATIPICIDAD – ACTUACION DE OFICIO
En el caso corresponde revocar la resolución de grado en cuanto dispuso “no convalidar” el secuestro de bienes (conf. art. 3 CPP; arts. 6 y 22 LPC) y apartar al Juez. El Ministerio Público Fiscal convalidó un procedimiento policial realizado en la vía pública que culminó en el secuestro de un arma no convencional. Luego, de conformidad con lo normado en el artículo 22 de la Ley de Procedimiento Contravencional informó la adopción de esa medida al Tribunal de grado, que se encontraba de turno a la fecha del acto. Tras recibir esa comunicación por mensajería electrónica, el Juzgado sostuvo que no había ninguna circunstancia que permitiera concluir que el objeto incautado estuviera destinado a agredir a un tercero, tal como lo exige el artículo 103 del Código Contravencional. Por eso, resolvió no convalidar la medida precautoria y ordenar la inmediata devolución del elemento a la persona de cuyo poder se retiró. La decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal por entender que la resolución fue dictada sin antes otorgar a la acusación el derecho de pronunciarse sobre la razonabilidad del secuestro y producir prueba al respecto, tal como lo garantizan los principios de oralidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas. En esas condiciones, según dijo, incurrió en una decisión arbitraria, pues efectuó un juicio de tipicidad sin contar con la información necesaria. Ahora bien, en tanto las normas procesales contravencionales se integran supletoriamente con los preceptos del proceso penal (conf. art. 6 LPC) se torna aplicable el artículo 121 del Código Procesal Penal CABA (CPP) donde se estatuye que “(l)a persona afectada por la requisa, por el secuestro de bienes… podrá requerir al/la juez/a que revise la medida”, quien “convocará a una audiencia con citación del/la Fiscal y resolverá de inmediato”. Del juego armónico de los artículos 6º y 19 de la Ley de Procedimiento Contravencional (LPC) y el artículo 121 CPP se desprende que el secuestro de bienes practicado por los agentes de las fuerzas de seguridad sin orden judicial previa puede ser controlado de manera inmediata por el juez, a instancia del afectado, pero siempre en el marco de una disputa en igualdad de condiciones. Es decir, a petición de parte y bajo los principios de oralidad, inmediación y contradicción, puede discutirse en audiencia sobre la eventual restitución (121 CPP de aplicación supletoria por el art. 6 LPC) sobre la base de los testimonios brindados en ese acto por las personas que participaron del registro, y no simplemente de la lectura de meras comunicaciones (conf. “R”, considerando VII, párrafos sexto y décimo del voto del juez Buján, al que adhirió la jueza Escrich). Si acaso -como sucede aquí- el proceso no está constituido aún, porque el imputado no ha sido llamado todavía y lógicamente no hay defensa técnica que se enfrente al acusador, el tribunal puede intervenir en resguardo de las condiciones mínimas que aseguren una disputa en igualdad de condiciones en el futuro. Dicho de otro modo, el tribunal podrá desplegar los medios para traer al proceso al imputado, asegurarse que designe a su defensor técnico y poner en conocimiento de aquél todo lo actuado hasta el momento, a fin de posibilitar el acceso a la jurisdicción en tiempo útil.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 57893. Autos: Correa, Tomás Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján, Dr. Gonzalo E. D. Viña, Dra. Luisa María Escrich 17-12-2024.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
RESOLUCION INAUDITA PARTE – PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – REVOCACION DE SENTENCIA – APARTAMIENTO DEL JUEZ – PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD – DEBIDO PROCESO – SECUESTRO DE BIENES – FALTA DE PRUEBA – IMPROCEDENCIA – ATIPICIDAD – ACTUACION DE OFICIO
En el caso corresponde revocar la resolución de grado en cuanto dispuso “no convalidar” el secuestro de bienes (conf. art. 3 CPP; arts. 6 y 22 LPC) y apartar al Juez. El Ministerio Público Fiscal convalidó un procedimiento policial realizado en la vía pública que culminó en el secuestro de un arma no convencional. Luego, de conformidad con lo normado en el artículo 22 de la Ley de Procedimiento Contravencional informó la adopción de esa medida al Tribunal de grado, que se encontraba de turno a la fecha del acto. Tras recibir esa comunicación por mensajería electrónica, el Juzgado sostuvo que no había ninguna circunstancia que permitiera concluir que el objeto incautado estuviera destinado a agredir a un tercero, tal como lo exige el artículo 103 del Código Contravencional. Por eso, resolvió no convalidar la medida precautoria y ordenar la inmediata devolución del elemento a la persona de cuyo poder se retiró. La decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal por entender que la resolución fue dictada sin antes otorgar a la acusación el derecho de pronunciarse sobre la razonabilidad del secuestro y producir prueba al respecto, tal como lo garantizan los principios de oralidad, inmediación, contradicción e igualdad de armas. En esas condiciones, según dijo, incurrió en una decisión arbitraria, pues efectuó un juicio de tipicidad sin contar con la información necesaria. En efecto, la resolución quebrantó el debido proceso (art. 18 CN) que ampara también al agente fiscal (conf. Fallos: 268:266; 314:685; 321:2990, entre muchos otros) pues dejó sin efecto una medida cautelar sin permitir al acusador público alegar sobre su procedencia. Por ello, la decisión debe ser revocada. Adicionalmente, en vista de que el "A quo" se ha pronunciado sobre la relevancia contravencional del hecho pesquisado, se impone apartarlo del conocimiento y decisión de este caso, para asegurar a las partes el acceso a un tribunal imparcial (conf. art. 81 CPP; art. 6 LPC).
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 57893. Autos: Correa, Tomás Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján, Dr. Gonzalo E. D. Viña, Dra. Luisa María Escrich 17-12-2024.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
SECUESTRO – REVOCACION – RESOLUCION INAUDITA PARTE – PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – PORTACION DE ARMAS NO CONVENCIONALES – APARTAMIENTO DEL JUEZ – NULIDAD – LEY DE PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – ALCANCES – INTERPRETACION DE LA LEY – FACULTADES DEL JUEZ – DETENCION SIN ORDEN JUDICIAL – CONTROL JURISDICCIONAL – REQUISA – PROCEDIMIENTO POLICIAL – REFORMA LEGISLATIVA
En el caso, corresponde declarar la nulidad de la resolución de grado en cuanto resolvió no convalidar la requisa y el secuestro del arma no convencional comunicados por el Ministerio Público Fiscal y apartar al Juez de primera instancia de los actuados, debiéndose desinsacular un nuevo Juez para conocer el caso. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que la resolución viola el sistema acusatorio consagrado en el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Indicó que se vio afectado el debido proceso y el principio de legalidad por errónea aplicación de la ley, pues a partir de la reforma introducida por la Ley Nº 6284 a la Ley de Procedimiento Contravencional la jurisdicción ya no cuenta con la facultad de emitir pronunciamientos sobre la vigencia o no de la medida cautelar adoptada por la prevención y convalidada únicamente por la Fiscalía, y que el Juez se excedió al pronunciarse sin instancia de parte. Cabe concluir que todo secuestro de bienes practicado por los agentes de las fuerzas de seguridad sin orden judicial previa que sea convalidado por el Ministerio Público Fiscal puede ser controlado de manera inmediata por el Juez interviniente. Sentado ello, a falta de previsión de un procedimiento específico, corresponde entonces tratar de definir cuál podría ser el margen de actuación del Juez una vez anoticiado de la adopción de una medida cautelar. Si bien coincidimos con la interpretación realizada por la Sala IV de esta Cámara en el caso Reynoso (Causa Nº 80860/2024-1 resuelta el 10/09/24) en cuanto a que la intervención del Juez sólo podría estar dirigida a garantizar la igualdad de armas entre las partes del proceso, por lo que, frente a una comunicación en la que surgieran factores que permitan sospechar una dificultad del imputado para acceder a la jurisdicción en tiempo útil, el Tribunal podrá desplegar los medios para traer al proceso al imputado, asegurarse de que designe a su Defensor técnico y poner en conocimiento de aquél todo lo actuado; advertimos que también sería viable un procedimiento en el que el Juez reclame las actuaciones al Fiscal, judicialice el caso a través del sistema EJE por mecanismos previstos al efecto y luego promueva la intervención de la Defensa. Lo que no podría ocurrir es que el Ministerio Público Fiscal se vea privado de explicar las razones por las que habría convalidado la medida precautoria.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 57256. Autos: Tejada, Fernando Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dra. Carla Cavaliere 24-10-2024.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
RESOLUCION INAUDITA PARTE – PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – VIA PUBLICA – REVOCACION DE SENTENCIA – CUCHILLO – PORTACION DE ARMAS NO CONVENCIONALES – PLURALIDAD DE IMPUTADOS – NULIDAD – CONSENTIMIENTO DEL FISCAL – PLURALIDAD DE HECHOS – DETENCION SIN ORDEN JUDICIAL – CONTROL JURISDICCIONAL – REQUISA – PROCEDIMIENTO POLICIAL – SECUESTRO DE ARMA
En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que declaró la nulidad de las detenciones y requisas practicadas por la Policía de la Ciudad. La Magistrada que se encontraba en turno, a la que el Ministerio Público Fiscal le había informado que había convalidado diversos procedimientos policiales realizados en la vía pública que habían culminado con el secuestro de armas no convencionales (tales como cuchillos, destornilladores, tijeras o elementos corto punzantes), requirió a los Fiscales involucrados “la remisión a la mayor brevedad posible y en un plazo no mayor a las 48 horas corridas, [de] la totalidad de las actuaciones labradas y especialmente las actas circunstanciadas de los hechos y de secuestro sobre los efectos aludidos, a fin de realizar el debido control jurisdiccional (art. 22 LPC)” respecto de cincuenta y tres (53) casos". Ante el incumplimiento de la requisitoria, la Judicante dictó las nulidades. La Fiscalía se agravió por entender que el artículo 22 de la Ley de Procedimientos Contravencionales no habilitaba el control jurisdiccional de las medidas cautelares adoptadas por la autoridad policial y convalidadas por el agente fiscal, pues la norma sólo exigía que aquellas fueran comunicadas al tribunal competente, mas no sometidas a su contralor inmediato. Sin embargo, del juego armónico de los artículos 6 y 19 de la Ley de Procedimiento Contravencional y el artículo 121del Código Procesal Penal CABA (de aplicación supletoria) se desprende que el secuestro de bienes practicado por los agentes de las fuerzas de seguridad sin orden judicial previa puede ser controlado de manera inmediata por el juez, a petición del afectado, en el ámbito de una audiencia en la que deberá oír también al acusador público. Ahora bien, si de los propios términos de la comunicación cursada se desprenden factores que permiten sospechar una dificultad para acceder a la jurisdicción en tiempo útil (v. gr., entre otros, el carácter perecedero de los bienes secuestrados, la condición de vulnerabilidad social del afectado, etc.) el juez competente está facultado para requerir la urgente remisión de las constancias y desplegar los medios para traer al proceso al imputado, asegurarse de que designe a su defensor técnico y poner en conocimiento de aquél todo lo actuado hasta el momento, para dar ocasión a la controversia que la Constitución reclama y la ley ritual exige para un pronunciamiento judicial. Sin embargo, no le incumbe a los tribunales hacer declaraciones generales o abstractas sobre un acto legislativo o sobre una política pública, y eso es precisamente lo que hace la resolución apelada. En efecto, al pronunciarse en un mismo acto sobre ciento quince incidentes o episodios que llegaron a su conocimiento, sin examinar los hechos y características particulares de cada uno de ellos, sin oír a las partes directamente interesadas ni dar ocasión a la producción de prueba, la decisión que estamos revisando deja de ser un acto jurisdiccional para convertirse en una opinión académica sobre lo que entiende que es una práctica generalizada del brazo armado (fuerza policial) del Poder Ejecutivo.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 56765. Autos: R., R. C. Sala: IV Del voto de Dr. Gonzalo E. D. Viña 10-09-2024.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
RESOLUCION INAUDITA PARTE – PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – VIA PUBLICA – REVOCACION DE SENTENCIA – CUCHILLO – PORTACION DE ARMAS NO CONVENCIONALES – PLURALIDAD DE IMPUTADOS – NULIDAD – CONSENTIMIENTO DEL FISCAL – PLURALIDAD DE HECHOS – DETENCION SIN ORDEN JUDICIAL – DERECHO A SER OIDO – CONTROL JURISDICCIONAL – REQUISA – PROCEDIMIENTO POLICIAL – SECUESTRO DE ARMA
En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que declaró la nulidad de las detenciones y requisas practicadas por la Policía de la Ciudad. La Magistrada que se encontraba en turno, a la que el Ministerio Público Fiscal le había informado que había convalidado diversos procedimientos policiales realizados en la vía pública que habían culminado con el secuestro de armas no convencionales (tales como cuchillos, destornilladores, tijeras o elementos corto punzantes), requirió a los Fiscales involucrados “la remisión a la mayor brevedad posible y en un plazo no mayor a las 48 horas corridas, [de] la totalidad de las actuaciones labradas y especialmente las actas circunstanciadas de los hechos y de secuestro sobre los efectos aludidos, a fin de realizar el debido control jurisdiccional (art. 22 LPC)” respecto de cincuenta y tres (53) casos". Ante el incumplimiento de la requisitoria, la Judicante dictó las nulidades. La Fiscalía se agravió por entender que el artículo 22 de la Ley de Procedimientos Contravencionales no habilitaba el control jurisdiccional de las medidas cautelares adoptadas por la autoridad policial y convalidadas por el agente fiscal, pues la norma sólo exigía que aquellas fueran comunicadas al tribunal competente, mas no sometidas a su contralor inmediato. Sin embargo, del juego armónico de los artículos 6 y 19 de la Ley de Procedimiento Contravencional y el artículo 121del Código Procesal Penal CABA (de aplicación supletoria) se desprende que el secuestro de bienes practicado por los agentes de las fuerzas de seguridad sin orden judicial previa puede ser controlado de manera inmediata por el juez, a petición del afectado, en el ámbito de una audiencia en la que deberá oír también al acusador público. Ahora bien, si de los propios términos de la comunicación cursada se desprenden factores que permiten sospechar una dificultad para acceder a la jurisdicción en tiempo útil (v. gr., entre otros, el carácter perecedero de los bienes secuestrados, la condición de vulnerabilidad social del afectado, etc.) el juez competente está facultado para requerir la urgente remisión de las constancias y arbitrar los medios para preservar el derecho del imputado de actuar en igualdad de armas con su acusador. Sin embargo, la resolución apelada no puede convalidarse, en tanto quebrantó las reglas del debido proceso. Al resolver "in audita" parte se privó al Ministerio Público Fiscal de su derecho a hacerse oír.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 56765. Autos: R., R. C. Sala: IV Del voto de Dr. Gonzalo E. D. Viña 10-09-2024.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
RESOLUCION INAUDITA PARTE – PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – REVOCACION DE SENTENCIA – PORTACION DE ARMAS NO CONVENCIONALES – APARTAMIENTO DEL JUEZ – PLURALIDAD DE IMPUTADOS – NULIDAD – CONSENTIMIENTO DEL FISCAL – DETENCION SIN ORDEN JUDICIAL – CONTROL JURISDICCIONAL – REQUISA – PROCEDIMIENTO POLICIAL
En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que declaró la nulidad de las detenciones y requisas practicadas por la Policía de la Ciudad, y apartar a la Jueza. En el presente, se desprende de la propia resolución y de las ciento quince comunicaciones remitidas por el Ministerio Público Fiscal, que el Fiscal aprobó lo actuado por la Policía y comunicó la adopción de esas medidas a la jueza en turno, dando cabal cumplimiento a la letra de la ley. Para el suscripto la Magistrada en cada caso en particular y contando con las actuaciones pertinentes, puede realizar el correspondiente test de legalidad y razonabilidad de la medida adoptada (de cada caso en particular) y evaluar su procedencia (conf. arts. 18 CN, 13.8 CCABA y su reglamentación en el artículo 100 in fine CPP). En ese mismo sentido, a petición de parte y bajo los principios de oralidad, inmediación y contradicción, pueda discutirse en audiencia sobre su eventual restitución (121 CPP de aplicación supletoria por el art. 6 LPC). Sin embargo, nada de ello ocurrió y la Jueza resolvió del modo en que lo hizo de manera prematura, omitiendo las condiciones mínimas que aseguren una disputa en igualdad de condiciones. Por ello, el correcto proceder debió haber sido a instancia de parte, permitiendo a través de la oralidad del debate, que se produzca prueba en caso de corresponder y se alegue sobre los eventuales planteos. Es en ese marco, luego de efectuado el contradictorio, el correcto en el que la Jueza se encuentre en condiciones de resolver lo que en derecho corresponda –respecto de cada caso particular–. Pero eso no fue lo ocurrido, como bien señaló a lo largo de su resolución, la Jueza "a quo" fue quien reconoció, pese a las distintas solicitudes efectuadas al Ministerio Público Fiscal, que carecía de la totalidad de las constancias que acrediten de forma documentada la actuación del personal policial. No obstante, decidió resolver sin más y sin partes.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 56765. Autos: R., R. C. Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján 10-09-2024.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
RESOLUCION INAUDITA PARTE – PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – VIA PUBLICA – REVOCACION DE SENTENCIA – CUCHILLO – PORTACION DE ARMAS NO CONVENCIONALES – PLURALIDAD DE IMPUTADOS – APRECIACION DE LA PRUEBA – NULIDAD – CONSENTIMIENTO DEL FISCAL – AUDIENCIA – PLURALIDAD DE HECHOS – DETENCION SIN ORDEN JUDICIAL – CONTROL JURISDICCIONAL – REQUISA – PROCEDIMIENTO POLICIAL – SECUESTRO DE ARMA
En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que declaró la nulidad de las detenciones y requisas practicadas por la Policía de la Ciudad. La Magistrada que se encontraba en turno, a la que el Ministerio Público Fiscal le había informado que había convalidado diversos procedimientos policiales realizados en la vía pública que habían culminado con el secuestro de armas no convencionales (tales como cuchillos, destornilladores, tijeras o elementos corto punzantes), requirió a los Fiscales involucrados “la remisión a la mayor brevedad posible y en un plazo no mayor a las 48 horas corridas, [de] la totalidad de las actuaciones labradas y especialmente las actas circunstanciadas de los hechos y de secuestro sobre los efectos aludidos, a fin de realizar el debido control jurisdiccional (art. 22 LPC)” respecto de cincuenta y tres (53) casos". Ante el incumplimiento de la requisitoria, la Judicante dictó las nulidades. La Fiscalía se agravió por entender que el artículo 22 de la Ley de Procedimientos Contravencionales no habilitaba el control jurisdiccional de las medidas cautelares adoptadas por la autoridad policial y convalidadas por el agente fiscal, pues la norma sólo exigía que aquellas fueran comunicadas al tribunal competente, mas no sometidas a su contralor inmediato. Sin embargo, del juego armónico de los artículos 6 y 19 de la Ley de Procedimiento Contravencional y el artículo 121del Código Procesal Penal CABA (de aplicación supletoria) se desprende que el secuestro de bienes practicado por los agentes de las fuerzas de seguridad sin orden judicial previa puede ser controlado de manera inmediata por el juez, a petición del afectado, en el ámbito de una audiencia en la que deberá oír también al acusador público. Ahora bien, si de los propios términos de la comunicación cursada se desprenden factores que permiten sospechar una dificultad para acceder a la jurisdicción en tiempo útil (v. gr., entre otros, el carácter perecedero de los bienes secuestrados, la condición de vulnerabilidad social del afectado, etc.) el tribunal podrá desplegar los medios para traer al proceso al imputado, asegurarse de que designe a su defensor técnico y poner en conocimiento de aquél todo lo actuado hasta el momento, para dar ocasión a la controversia que la Constitución reclama y la ley ritual exige para un pronunciamiento judicial. Sin embargo, la resolución apelada no puede convalidarse, en tanto quebrantó las reglas del debido proceso. En efecto, en tanto las decisiones sobre la licitud de las pruebas causan estado -decretada la nulidad, los elementos secuestrados en cada uno de los procedimientos policiales aquí involucradas no podrá ser ingresada al juicio (arts. 114 y 223 CPP; art. 6 LPC)-, la incidencia debe necesariamente sustanciarse del modo previsto para cualquier decisión definitiva en el proceso; es decir, respetándose los principios de oralidad e inmediación (arts. 3 y 79 CPP). Ello importa que la producción de evidencias tendiente a acreditar la ilicitud de un medio probatorio debe ajustarse a las reglas previstas en los artículos 245 y concordantes del Código Procesal Penal CABA, sin que esto implique de ninguna forma la celebración anticipada del debate oral y público. Por ello, la información sobre el modo en que se suscitó el acto cuya ilicitud se evalúa solo puede surgir del testimonio brindado en audiencia de las personas que participaron en él, y no de la lectura de las actas y documentos producidos por esos testigos, que carecen de valor (conf. arts. 249, 252, 253 y 254 CPP) o, mucho menos, de las inferencias nacidas del repaso de meras comunicaciones urgentes remitidas con el único fin de dar noticia de lo actuado.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 56765. Autos: R., R. C. Sala: IV Del voto de Dr. Gonzalo E. D. Viña 10-09-2024.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
RESOLUCION INAUDITA PARTE – PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – REVOCACION DE SENTENCIA – PORTACION DE ARMAS NO CONVENCIONALES – APARTAMIENTO DEL JUEZ – NULIDAD – CONSENTIMIENTO DEL FISCAL – DETENCION SIN ORDEN JUDICIAL – CONTROL JURISDICCIONAL – REQUISA – PROCEDIMIENTO POLICIAL
En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que declaró la nulidad de las detenciones y requisas practicadas por Policía de la Ciudad, y apartar a la Jueza. En efecto, la "A quo" resolvió inaudita parte sin haber sido siquiera producto de una incidencia entre las partes y solo en base a las constancias de comunicaciones efectuadas que de ninguna manera podrían ser capaz de fundar una decisión definitiva (conf. arts. 101 y 127 in fine CPP). Sobre la producción de evidencias tendiente a acreditar la ilicitud de un medio probatorio –en este caso de los efectos secuestrados que no tenía a la vista siquiera– y la información sobre el modo en que se suscitó el acto cuya ilicitud se denuncia, solo podría surgir luego de contar con todas las piezas procesales pertinentes y no solamente de manera prematura con las comunicaciones recibidas en los términos del artículo 22 de la Ley de Procedimiento Contravencional.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 56765. Autos: R., R. C. Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján 10-09-2024.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
GARANTIA DE IMPARCIALIDAD – RESOLUCION INAUDITA PARTE – PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – REVOCACION DE SENTENCIA – PORTACION DE ARMAS NO CONVENCIONALES – APARTAMIENTO DEL JUEZ – PLURALIDAD DE IMPUTADOS – NULIDAD – CONSENTIMIENTO DEL FISCAL – AUDIENCIA – DETENCION SIN ORDEN JUDICIAL – CONTROL JURISDICCIONAL – REQUISA – PROCEDIMIENTO POLICIAL – VISTA DE LAS ACTUACIONES
En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que declaró la nulidad de las detenciones y requisas practicadas por la Policía de la Ciudad, y apartar a la Jueza. La Magistrada que se encontraba en turno, a la que el Ministerio Público Fiscal le había informado que había convalidado diversos procedimientos policiales realizados en la vía pública que habían culminado con el secuestro de armas no convencionales (tales como cuchillos, destornilladores, tijeras o elementos corto punzantes), requirió a los Fiscales involucrados “la remisión a la mayor brevedad posible y en un plazo no mayor a las 48 horas corridas, [de] la totalidad de las actuaciones labradas y especialmente las actas circunstanciadas de los hechos y de secuestro sobre los efectos aludidos, a fin de realizar el debido control jurisdiccional (art. 22 LPC)” respecto de cincuenta y tres (53) casos". El Fiscal coordinador a cargo de la Unidad de Flagrancia respondió la requisitoria solicitando a la jueza que expresara cuál era la normativa en la que fundaba la orden impartida y aclarando que dada la gran cantidad de casos y el breve plazo otorgado era materialmente imposible cumplir con la manda. Poco después, el juzgado desestimó por improcedente la petición recibida, intimó al Fiscal coordinador al cumplimiento de la requisitoria original y la amplió respecto de otros sesenta y dos (62) casos. Dos días más tarde, el representante de la acusación se limitó a informar a la jueza que todos los casos solicitados se encontraban en la órbita de la Unidad de Intervención Temprana del Ministerio Público Fiscal. Tras ello, la Judicante dictó la resolución que fue reseñada al inicio de este acápite. Ahora bien, frente al incumplimiento por parte del Ministerio Público Fiscal de la orden judicial de remitir las constancias y registros de los casos en los que se habían adoptado autónomamente medidas precautorias, la Judicante debió insistir con la intimación, esta vez con el apercibimiento de ley pertinente (conf. art. 73 CPP; art. 6 LPC). Más tarde, recibidas las actuaciones debería desplegar las medidas adecuadas para constituir el proceso en cada uno de los casos y sólo entonces celebrar una audiencia para oír a las partes sobre la licitud de la prueba recolectada. El límite constitucional a la competencia de los tribunales de justicia (art. 106 CCABA) y el adecuado respeto a las reglas del debido proceso (art. 18 CN) impedían sancionar la reticencia del agente fiscal con una declaración de nulidad genérica y abstracta. Consecuentemente, la resolución apelada debe ser revocada en todos sus términos. Esta decisión torna necesario el apartamiento de la Jueza en cada uno de los ciento quince casos afectados, como lo peticiona el recurrente. Aunque la resolución que dictó tuvo un carácter meramente especulativo y abstracto, no puede desconocerse que los argumentos utilizados, referidos a una supuestamente comprobada situación general de amenaza a derechos básicos de habitantes y transeúntes de esta Ciudad, justifican un temor objetivo de parcialidad, en tanto la sentenciante bien puede abrigar un interés en ratificar sus afirmaciones generales en cada caso particular, para revalidar así su actuación (conf. art. 22, inc. 2 CPP, art. 82 CPP; art. 6 LPC).
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 56765. Autos: R., R. C. Sala: IV Del voto de Dr. Gonzalo E. D. Viña 10-09-2024.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
RESOLUCION INAUDITA PARTE – PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – VIA PUBLICA – REVOCACION DE SENTENCIA – PORTACION DE ARMAS NO CONVENCIONALES – APARTAMIENTO DEL JUEZ – PRINCIPIO ACUSATORIO – PLURALIDAD DE IMPUTADOS – NULIDAD – ELEMENTOS DAÑINOS E INSALUBRES – DECLARACION ABSTRACTA – PROCEDIMIENTO POLICIAL – SECUESTRO DE ARMA
En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que declaró la nulidad de las detenciones y requisas practicadas por la Policía de la Ciudad, y apartar a la Jueza. En efecto, el test de legalidad de los distintos procedimientos que culminaron con el secuestro de diversos elementos contundentes, debió haber surgido del testimonio brindado en audiencia de las personas que participaron en él, y no simplemente de la lectura efectuada por la jueza de grado de meras comunicaciones (conf. arts. 249, 252, 253 y 254 CPP. Es que la "A quo", en clara violación al principio acusatorio, privó a la Fiscalía de alegar sobre las consideraciones pertinentes en torno a las ciento quince situaciones de hecho descriptas por quienes participaron en los procedimientos. A su vez, debió haber evaluado para verificar si el procedimiento fue llevado a cabo en legal forma, analizar la actuación de la prevención paso por paso, de modo tal de establecer, en cada caso en concreto, si el personal policial se extralimitó en su accionar y si ello comportó violación de garantía constitucional alguna. Sin embargo, la resolución comenzó por señalar el incumplimiento de la comunicación inmediata exigida del artículo 22 de la Ley de Procedimiento Contravencional y, por esa razón, nulificó todo lo actuado.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 56765. Autos: R., R. C. Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján 10-09-2024.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
RESOLUCION INAUDITA PARTE – PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – REVOCACION DE SENTENCIA – PORTACION DE ARMAS NO CONVENCIONALES – APARTAMIENTO DEL JUEZ – PRINCIPIO ACUSATORIO – NULIDAD – PLURALIDAD DE HECHOS – VIOLACION DE LAS FORMAS PROCESALES – DEBIDO PROCESO – DEBERES DEL FISCAL – DECLARACION ABSTRACTA – PROCEDIMIENTO POLICIAL – VISTA DE LAS ACTUACIONES
En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que declaró la nulidad de las detenciones y requisas practicadas por la Policía de la Ciudad, y apartar a la Jueza. La Magistrada, ante el incumplimiento del Ministerio Público Fiscal a su requisitoria de remitirle la totalidad de las actas labradas en los procedimientos policiales que le informaron mientras estaba de turno, en los términos del artículo 22 de la Ley de Procedimiento Contravencional, dictó la nulidad de los mismos. Ahora bien, en relación al agravio introducido por la Fiscalía por violación al sistema acusatorio, le asiste razón al recurrente ya que al decidir del modo intempestivo en que lo hizo la "A quo", se subrogó facultades exclusivas que le corresponden al Ministerio Público Fiscal de ejercer la acción y practicar todas las diligencias a fin de determinar la existencia del hecho (conf. art. 5 CPP) como así también su autonomía, arrogándose competencias de neto corte inquisitivo. En ese sentido, el principio de separación de las funciones de acusar y de juzgar es el corolario lógico de la interpretación armónica de las normas invocadas. Por un lado, la de juzgar, en orden a la imparcialidad de las decisiones y la necesidad de garantizar el derecho de defensa, recae en la figura del juez, también de manera excluyente, ya que es la única garantía de obtener un adecuado equilibrio en cada una de las etapas del proceso penal. Por el otro, la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal, como órgano independiente de los demás poderes del Estado que le otorga el artículo 120 de la Constitución Nacional; el ejercicio de la acción penal pública, así como el imperativo de promover y ejercer la acción durante el proceso. Asimismo, no puedo soslayar el accionar inexcusable del representante fiscal. Ante una petición efectuada por la jurisdicción como resulta ser la remisión de las actuaciones labradas, el titular de la acción, debía garantizar a la jueza de grado el acceso a las distintas constancias de la causa sin reticencia alguna u oposición, puesto que lo contrario impediría el ejercicio de su función y facultad constitucional de control e implicaría entender que el legislador ordeno una comunicación sin sentido alguno puesto que impediría el efectivo contralor. Recuérdese que las normas procesales no pueden soslayar el principio básico de garantías del propio orden constitucional y convencional. En ese mismo sentido, tampoco el titular de la acción debió oponerse a la pretensión de la jurisdicción de que tenga acceso a las constancias de la causa por tratarse de una facultad propia de la jueza de garantías. La ley procesal es muy clara, ante cualquier oposición de los requerimientos efectuados por la jurisdicción, las partes (en este caso el MPF) bien podría haber planteado su oposición y en su caso, recurrir lo resuelto, mediante el contradictorio pertinente y en el marco de una audiencia. A diferencia de ello, el acusador optó por demandar al tribunal que señale en que normativa se fundaba tal requerimiento, en franca violación a las formas del proceso. En definitiva, no cabe duda que las partes del proceso deben cumplir las órdenes judiciales y que de estimarlas contraria a la ley pueden ser recurridas en los plazos y formas legalmente establecidos. La interpretación fiscal sobre la imposibilidad de acceso al expediente no puede prevalecer como una cuestión de hecho sin un procedimiento adecuado ajustado a derecho.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 56765. Autos: R., R. C. Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján 10-09-2024.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
GARANTIA DE IMPARCIALIDAD – RESOLUCION INAUDITA PARTE – PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – REVOCACION DE SENTENCIA – PORTACION DE ARMAS NO CONVENCIONALES – APARTAMIENTO DEL JUEZ – NULIDAD – CONSENTIMIENTO DEL FISCAL – VIOLACION DE LAS FORMAS PROCESALES – DEBERES DEL FISCAL – DETENCION SIN ORDEN JUDICIAL – PROCEDENCIA – DECLARACION ABSTRACTA – CONTROL JURISDICCIONAL – REQUISA – PROCEDIMIENTO POLICIAL – VISTA DE LAS ACTUACIONES
En el caso, corresponde revocar la resolución de grado que declaró la nulidad de las detenciones y requisas practicadas por la Policía de la Ciudad, y apartar a la Jueza. La Jueza que se encontraba en turno, a quien el Ministerio Público Fiscal le había comunicado los procedimientos policiales que había convalidado le solicitó la remisión en 48 hs de todas las actas labradas en oportunidad de los procedimientos, y ante el incumplimiento de ese extremo, dictó la nulidad de todos. La Fiscalía se agravió por entender que el artículo 22 de la Ley de Procedimientos Contravencionales no habilitaba el control jurisdiccional de las medidas cautelares adoptadas por la autoridad policial y convalidadas por el agente fiscal, pues la norma sólo exigía que aquellas fueran comunicadas al tribunal competente, mas no sometidas a su contralor inmediato. Sin embargo, las normas que gobiernan el procedimiento cautelar confieren potestad al/la juez/a para efectuar una fiscalización inicial sobre las medidas precautorias urgentes impuestas por funcionarios policiales sin orden judicial previa, con las limitaciones que surgen del principio de contradicción. Asimismo, el Ministerio Público Fiscal no puede dificultar u obstaculizar esa tarea, como ocurrió en este caso, al demandar explicaciones sobre el requerimiento de remisión de actuaciones o al incumplir con esa manda. Ahora bien, el auto impugnado importa una declaración abstracta y, como tal, emitida en ausencia de un verdadero caso judicial, precondición para la intervención de los tribunales y requisito "sine qua non" de su accionar (Fallos: 347:329). Aún si pudiera sortearse esa irregularidad, lo cierto es que el modo en el que adoptó la decisión (sin oír a las partes ni brindarle oportunidad de ofrecer y producir pruebas) importa una violación insalvable de las formas diseñadas por el proceso para tramitar este tipo de incidencias (arts. 3 y 79 CPP), en resguardo de principios de contradicción, oralidad e inmediación. Finalmente, e es posible advertir la existencia de elementos que conducirían a albergar dudas acera de la imparcialidad de la señora jueza, principalmente porque la magistrada ya ha emitido opinión respecto de la legalidad de los procedimientos examinados. Por ello, también acompaño la propuesta de apartar a la magistrada de grado del conocimiento de estos casos (art. 82 CPP).
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 56765. Autos: R., R. C. Sala: IV Del voto de Dra. Luisa María Escrich 10-09-2024.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS – RESOLUCION INAUDITA PARTE – MEDIDAS CAUTELARES – INTERES PUBLICO – SUMARIO ADMINISTRATIVO – EMPLEO PUBLICO – DOCENTES – PROCEDENCIA – FALTA DE TRASLADO – EXCEPCIONES – SUSPENSION DE LA EJECUTORIEDAD – TRASLADO DE LA DEMANDA – AFECTACION AL SERVICIO PUBLICO
En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que suspenda los efectos de la Resolución Administrativa por medio de la cual no le fueron justificadas unas inasistencias, y que se abstenga de iniciar un sumario administrativo por las ausencias presuntamente injustificadas. Conforme lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara, que el Tribunal comparte, en cuanto al planteo del Gobierno recurrente relativo a la falta del traslado previsto en el artículo 14 de la Ley N° 2.145, cabe recordar que se ha interpretado que “sólo cuando la medida solicitada afecte la prestación de un servicio público o perjudique la función esencial de la administración (circunstancias que no se observan en la especie y tampoco han sido claramente alegadas por la apelante), el juez previamente corre traslado a la autoridad pública para que se expida en el plazo de dos días sobre la inconveniencia de acoger la petición cautelar” (Sala I, “E. T. P. E. y otros c/ Instituto de Vivienda de la CABA y otros sobre otros procesos incidentales”, EXP 25831/3, sentencia del 12/11/2008). En este marco, observo que la Ciudad, al impugnar este aspecto de la sentencia, se limitó a destacar la falta del traslado previsto en el citado artículo, sin desarrollar de manera concreta y razonada argumentos que permitan comprender de qué modo lo decidido es susceptible de afectar funciones esenciales de la Administración y así justificar que su intervención previa resultaba ineludible. Por lo demás, se advierte que ya se confirió traslado de demanda mediante cédula electrónica en la que se acompañó la prueba presentada por la amparista. En consecuencia, corresponde rechazar este agravio.
DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 48287. Autos: C. A. M Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz 19-04-2022.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
