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HOMOLOGACION DEL ACUERDO – LEGAJO DE INVESTIGACION – CALIFICACION DE CONDUCTA – REMISION DE LAS ACTUACIONES – DEBIDO PROCESO LEGAL – DERECHO CONTRAVENCIONAL – FACULTADES DEL JUEZ – CONTROL DE LEGALIDAD – PROCEDENCIA – SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado, en cuanto dispuso diferir el tratamiento del acuerdo de suspensión del juicio a prueba hasta tanto el Ministerio Público Fiscal remitiera el legajo de investigación. En el presente, se investiga la contravención consistente en conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido. El Fiscal remitió a la Magistrada el acuerdo de suspensión de juicio a prueba al que arribó con el encartado y su defensa, conjuntamente con una certificación sobre el modo de inicio del proceso, la carátula del sumario policial y el acta de intimación de los hechos. La Jueza, para fundar su decisión, destacó que para homologar la salida alternativa propuesta resultaba necesaria la remisión de "la totalidad de las actuaciones que componen el legajo y, en especial, el sumario policial que dio origen a la presente causa" para "la debida gestión del caso". Ahora bien, la negativa expresada por el representante del Ministerio Público Fiscal a cumplir con el requerimiento de la jueza de grado vulnera la garantía del debido proceso legal. En el presente, no se trata de preservar la imparcialidad del tribunal que va a juzgar el caso sino de suministrar los elementos que permiten controlar el proceso y la correcta subsunción legal de la conducta por la que se pretende suspender el juicio a prueba. De allí cabe concluir que, en el ejercicio jurisdiccional de interpretar el texto legal que no aparece negado por el sistema acusatorio vigente, el juez debe constatar la existencia de al menos: a) un proceso contravencional iniciado y tramitado de conformidad con lo establecido por las normas legales vigentes; b) la imputación de un suceso fáctico que se caracterice por un umbral mínimo de verosimilitud que permita predicar acerca de la existencia de una posible contravención (con el grado provisorio con que es dable formular juicios fácticos en esta etapa procesal) o, que la conducta que determinó la iniciación del proceso resulte típica a la luz de la ley contravencional; c) que no surja del caso alguna circunstancia que excluya el beneficio de la suspensión; y d) que alguno de los intervinientes no haya tenido igualdad de condiciones para negociar o haya actuado bajo coacción o amenaza. Siendo así, a fin de verificar dichos extremos, resulta razonable que el análisis requiera un cierto grado de profundización que no puede lograrse sin contar con la totalidad de las piezas procesales que conforman el caso, de modo que, la decisión de la magistrada de grado luce acertada. (Del voto en disidencia del Dr. Buján).

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63864. Autos: W., L. N. Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján 07-10-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


ESPECTACULOS DEPORTIVOS – CALIFICACION DE CONDUCTA – PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – DESCRIPCION DE LOS HECHOS – IURA NOVIT CURIA – FACULTADES DEL JUEZ – CAMBIO DE CALIFICACION LEGAL – SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA – INGRESAR SIN ENTRADA, AUTORIZACION O INVITACION

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado en cuanto rechazó la suspensión del proceso a prueba y apartar a la Magistrada. En el presente, surge del acta de intimación al hecho que se atribuye al encartado haber permitido el acceso ilegítimo de otras personas al estadio de fútbol en ocasión del encuentro futbolístico. Concretamente se advirtió que previo a la habilitación del ingreso de simpatizantes, se encontraba ya en el estadio un grupo de personas que habían ingresado exhibiendo pulseras de colores, que declararon que habían sido compradas al nombrado, quien era empleado de la empresa que explotaba en dicha fecha los servicios de venta ambulante y puestos fijos de bebidas sin alcohol y productos alimenticios en las tribunas del estadio. La Fiscalía calificó la conducta como constitutiva de la contravención prevista en el artículo 110, segundo párrafo, del Código Contravencional, y luego prestó su conformidad para la concesión de la suspensión del proceso en los términos en los que había sido solicitada por la Defensa. La Jueza rechazó la solicitud de "probation"; sostuvo que la conducta endilgada no encuadraba en los verbos típicos de la figura contravencional, los que individualizó como: acceder sin entrada, sin autorización o sin invitación especial. Indicó que a los hechos les cabía la calificación del delito de estafa, pudiendo incluso haber incurrido en otros delitos vinculados a la falsificación de documento. Ahora bien, en virtud del principio "iura novit curia", los magistrados de grado están habilitados -sin que ello importe una violación al principio acusatorio- a pronunciarse respecto de la subsunción del hecho en la calificación jurídica propuesta por la acusación, aunque para ello deben atenerse a la plataforma fáctica establecida por la Fiscalía. Sin embargo, en el presente la "A quo" no respetó el límite impuesto en lo que respecta a la posibilidad de modificar la calificación jurídica escogida por la Fiscalía, en tanto el suceso por ella valorado varía del que fuera imputado por esa parte. Puntualmente, de la descripción de la conducta anteriormente transcripta y que fuera atribuida al imputado, no surge mención alguna a la venta de pulseras falsas que la Judicante asevera que el encausado habría desplegado ni precisiones sobre la erogación patrimonial presuntamente efectuada. En definitiva, la Magistrada ha recalificado el hecho individualizando un accionar distinto de aquel por el que fue intimado el encartado y dicho proceder se encuentra vedado. Aunado a ello, es necesario remarcar que la figura legal descartada por la Jueza no fue aquella en la que el Fiscal encuadró la conducta imputada. A saber, en la resolución impugnada se critica que el actuar descripto no encuadra en los verbos típicos del primer párrafo del artículo 110 del Código Contravencional, cuando del decreto de determinación de los hechos y del acta de intimación al encartado surge que la subsunción se efectuó respecto del segundo párrafo de esa norma. Específicamente la norma establece: “Quien accede sin entrada, autorización o invitación especial a un espectáculo masivo, de carácter artístico deportivo, es sancionado/a con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de ochenta y una a cuatrocientas seis unidades fijas. La sanción se eleva al doble para quien permite ilegítimamente a otros el ingreso”. De esta manera, en contraposición a lo afirmado por la "A quo" se advierte que los hechos presentados por el acusador público resultan subsumibles en la contravención prevista en el artículo 110 del Código Contravencional, segundo párrafo, tal como fueran calificados al momento de la intimación por esa parte.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 62314. Autos: Casalone, Gianfranco Gabriel Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dra. Carla Cavaliere 13-04-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


USO DE ARMAS – CALIFICACION DE CONDUCTA – CONDENA PENAL – DECLARACION TESTIMONIAL – CULPA DE LA VICTIMA – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – DAÑOS Y PERJUICIOS – FALLECIMIENTO – RELACION DE CAUSALIDAD – EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD – PRUEBA – CAUSA – PROCEDENCIA – PERSONAL POLICIAL – ARMA REGLAMENTARIA – EXCESO EN LA LEGITIMA DEFENSA – NEXO CAUSAL – POLICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – RESPONSABILIDAD CONCURRENTE – EFECTOS – ARMA DE FUEGO

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y, en consecuencia, en la presente causa de daños y perjuicios iniciada por la parte actora contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el fallecimiento de su hijo al recibir dos disparos de una agente de la Policía de la Ciudad, distribuir la responsabilidad en partes iguales, condenando al demandado a resarcir el 50% de los rubros indemnizatorios fijados en primera instancia. Conforme surge de los antecedentes de esta causa, la madrugada del 03/05/2020 el hijo de los actores agredió a la agente de la Policía de la Ciudad que regresaba de franco a su domicilio, y en su defensa disparó y le causó la muerte. Fue condenada por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso de legítima defensa. No está debatido que los disparos fueron efectuados con el arma de la policía. Lo que se reprochó en la justicia penal fue el exceso en que incurrió la agente al defenderse, razón por la cual no puede afirmarse que la conducta del hijo de los actores sea la causa exclusiva de lo sucedido. Es menester analizar si su conducta influyó -y en tal caso, en qué medida- en la concatenación de acontecimientos que derivaron en el resultado trágico. Esta tarea no está exenta de dificultad. En el caso, a dicha dificultad se añade la falta de precisión sobre los hechos. Si bien ambas partes procuraron que se agregara el expediente tramitado ante el Tribunal en lo Criminal, la sentencia penal no contiene ningún detalle sobre los hechos debido a los fundamentos inmotivados y secretos del veredicto popular. Así, no es posible conocer las razones por las cuales los jurados optaron por su veredicto. Ahora bien, según testigos que declararon en el proceso penal, esa madrugada el hijo de los actores salió a robar con un arma blanca y con ese objeto abordó a la agente policial. El arma no fue encontrada. La agente no fue demandada en autos, ni citada. Su participación podría haber aportado al menos una versión de lo acontecido aquella madrugada. Pese a la falta de una reseña acabada de lo sucedido, la calificación de la conducta penal, por sí sola, evidencia la falsedad de los hechos tal como han sido relatados en la demanda. El ataque del hijo de los actores a la policía se configura como una causa jurídicamente relevante, teniendo en consideración las circunstancias que se conocen sobre el modo en que tuvo lugar: aconteció en horas de la madrugada, la agente policial se encontraba sola, en un barrio donde los robos son frecuentes y en épocas de reducida circulación de personas debido a las restricciones por la pandemia. Ambas conductas tuvieron influencia en la concatenación de hechos que derivaron en el resultado dañoso. Si bien la conducta del hijo de los actores no justifica el exceso de la oficial al defenderse, resultó concurrente para la producción del daño cuya reparación se reclama. Así las cosas, y ante la falta de elementos que permitan discriminar la incidencia causal de los respectivos comportamientos de una forma diferente, cabe considerar que el 50% de la generación del daño resulta imputable a la acción antijurídica de la víctima, al agredir ilegítimamente a la agente policial, mientras que el 50% de responsabilidad restante debe ser atribuido a la conducta dolosa de la agente, que, al defenderse no guardó proporcionalidad con la agresión sufrida.(Del voto en disidencia de la Dra. Seijas)

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 60915. Autos: S. C. A. y otros Sala: III Del voto de Dra. Gabriela Seijas 03-11-2025.

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CALIFICACION DE CONDUCTA – SUMINISTRAR MATERIAL PORNOGRAFICO – DEFENSA EN JUICIO – SENTENCIA CONDENATORIA – FACULTADES DEL JUEZ – CAMBIO DE CALIFICACION LEGAL – DISTRIBUCION DE MATERIAL PORNOGRAFICO

En el caso, corresponde confirmar la sentencia que condenó al encartado en orden al delito de amenazas simples a la pena de seis meses de prisión en suspenso. La Defensa sostuvo que la sentencia violó el principio de congruencia, en tanto convirtió una imputación de dos hechos espaciados en el tiempo, en una única conducta extendida durante cuatro meses. Señaló que aunque el debate giró en torno a dos sucesos subsumidos en los delitos de facilitación de material de explotación sexual infantil agravado (art. 128, incisos 1 y 5 CP) y tenencia de ese material con fines inequívocos de distribución calificada (art. 128, incisos 3 y 5 CP), la condena se dictó en orden a un único hecho, encuadrado dentro de este último tipo penal, lo que le impidió defenderse eficazmente, pues no pudo controvertir las nuevas y sorpresivas circunstancias de tiempo. Sin embargo, el agravio debe ser rechazado, toda vez que la apelante falla en demostrar una afectación concreta a su derecho de defensa en juicio. Es que no se ha denunciado una alteración prohibida de la plataforma fáctica como consecuencia del cambio de calificación legal decidido por el tribunal -de “facilitación” a “tenencia con fines de distribución”-, ni hay motivos para deducir esa circunstancia. En efecto, se trata de dos tipos penales que comparten modalidad y naturaleza activa, dolosa, que recaen sobre un mismo objeto (material de explotación sexual infantil, cuya tenencia ambos presuponen) y afectan un mismo bien jurídico. En cambio, el perjuicio invocado se sostiene pura y exclusivamente en la consideración de los dos hechos originalmente imputados -uno acaecido entre el 1 y el 17 de julio de 2020, otro ocurrido el 6 de noviembre de 2020- como una unidad de desvalor penal, lo que llevó al tribunal de grado a establecer que se trató de una única conducta desplegada en un solo tramo temporal que se extendió desde julio hasta noviembre. Sin embargo, el recurrente no indica siquiera mínimamente cómo es que esa circunstancia desbarató su estrategia defensiva o, más concretamente, qué pruebas hubiera producido de haberse formulado la acusación en esos términos. Por otro lado, tampoco objeta que tanto el primer tramo temporal -del 1 al 17 de julio de 2020- como el segundo -acaecido el 6 de noviembre de 2020- son penalmente relevantes. En esas condiciones, cuando reclama la absolución no hace más que exigir que el "A quo" no ejerza la facultad de recalificación que expresamente le acuerda el artículo 262 del Código Procesal Penal CABA, siempre y cuando -como sucede en el caso- ello no implique alterar la plataforma fáctica sino su significado jurídico. Por último, desatiende que el ejercicio de recalificación que realizó el Juez al advertir la unidad de acción redundó en un beneficio para el imputado, ya que en lugar de imponérsele una condena por un concurso real de delitos (art. 55 CP), que daría lugar a una escala penal agravada, enfrentó una expectativa de pena más leve, por un delito único.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 59270. Autos: D., P. R. Sala: IV Del voto de Dr. Gonzalo E. D. Viña 21-05-2025.

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CALIFICACION DE CONDUCTA – SUMINISTRAR MATERIAL PORNOGRAFICO – DEFENSA EN JUICIO – SENTENCIA CONDENATORIA – FACULTADES DEL JUEZ – CAMBIO DE CALIFICACION LEGAL – DISTRIBUCION DE MATERIAL PORNOGRAFICO

En el caso, corresponde confirmar la sentencia que condenó al encartado en orden al delito de amenazas simples a la pena de seis meses de prisión en suspenso. La Defensa sostuvo que la sentencia valoró prueba irregularmente producida, porque, sintéticamente, admitió que se ventile el contenido de un pendrive que no había sido ofrecido como prueba en la etapa intermedia; que consideró elementos que, por haber sido introducidos por lectura, carecían de valor (conf. art. 254 CPP); y omitió descartar información aportada por testigos de cargo en respuesta a preguntas prohibidas. Ahora bien, ninguno de esos planteos logra demostrar un apartamiento de las reglas que regulan el debate oral y público. En relación con la pretendida ilicitud de la producción del pendrive la discusión gira en torno a la existencia de diecinueve archivos de material de explotación sexual infantil entre los más de mil hallados en poder del encartado, de modo que sus efectos podrían influir en el contenido injusto del hecho cometido -habría diecinueve niños víctimas de explotación sexual menos-, pero no sería apta para desvincular al encartado de la acusación. Sin embargo, lo cierto es que la crítica parte de premisas erróneas que invalidan la conclusión que propone la recurrente. En primer lugar, el pendrive en cuestión nunca se produjo en el juicio, pese a que aun cuando no había sido ofrecido en la audiencia del artículo 223 del Código Procesal Penal CABA la ley procesal otorgaba herramientas al acusador para hacerlo (conf. art. 247 CPP): el dispositivo no fue exhibido a los testigos ni conectado a una computadora para develar su contenido. En rigor, la existencia del material prohibido en poder del encartado se acreditó, resumidamente, a través de los testimonios de los preventores que afirmaron haber incautado una serie de dispositivos informáticos de su vivienda, la declaración de la agente García, quien aseveró haber realizado una copia forense de esos dispositivos, entre ellos, un pendrive con el debido control de la Defensa, y de la agente que dijo haber inspeccionado esa copia y hallado el contenido ilícito. Esa circunstancia demuestra que el agravio planteado, en cuanto afirma que se produjo prueba que no había sido ofrecida, se aparta de lo sucedido en el caso. Pero tampoco puede aceptarse que si se comprueba que el material estaba en un pendrive distinto de aquel indicado por la acusación debe dictarse la absolución. Entiéndase bien: no se imputa al encartado haber tenido bajo su esfera de custodia un pendrive. Lo que se le atribuye es haber tenido consigo más de mil archivos de un material prohibido, diecinueve de los cuales estaban almacenados en un pendrive. La descripción del lugar de almacenamiento específico que hace la imputación y la sentencia, que llega hasta la marca del pendrive utilizado, carece de toda relevancia típica, y se trata en cambio de un elemento puramente contextual. Por esa razón, la discusión que propone la recurrente es inconducente, pues en uno u otro caso el material estaba bajo la esfera de custodia del encartado, que no desconoce en este tramo de su impugnación la propiedad de ese medio de almacenamiento ni cuestiona su trazabilidad. En esas condiciones, el planteo articulado implica tanto como pretender la absolución en orden al delito de tenencia de arma de fuego sin autorización porque en el juicio se comprueba que el elemento no estaba en el segundo cajón de la mesa de luz – como sostenía la fiscalía en su acusación original- sino en el primero. Nadie dudaría en desestimarlo, ya que incluso si no se hubiera descripto en qué cajón se encontraba el arma y se hubiera limitado a indicar que estaba en la mesa de luz, la imputación habría sido igualmente válida. Esas mismas razones, como se anticipó, llevan a rechazar este tramo del agravio.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 59270. Autos: D., P. R. Sala: IV Del voto de Dr. Gonzalo E. D. Viña 21-05-2025.

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CALIFICACION DE CONDUCTA – INVESTIGACION DEL HECHO – ABUSO SEXUAL – CUESTIONES DE COMPETENCIA – COMPETENCIA DE LA JUSTICIA PENAL, PENAL JUVENIL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS – DECLARACION DE INCOMPETENCIA – IMPROCEDENCIA – JURISDICCION Y COMPETENCIA – CALIFICACION LEGAL

En el caso corresponde revocar la decisión de grado en cuanto declaró la incompetencia parcial en razón de la materia en favor de la Justicia Nacional de Menores en orden al delito de abuso sexual. La Jueza para así decidir señaló que el hecho resulta completamente escindible de los otros ventilados en autos. Por ello, concluyó que en atención a que la competencia para investigar los delitos previstos y reprimidos en el artículo 119 del Código Penal no ha sido transferida a la Justicia local, debía tramitar ante la Justicia Nacional. Ahora bien, se advierte que la declinatoria de competencia resultó prematura, pues no se ha llevado a cabo una investigación previa que permita encuadrar los hechos en una figura penal determinada y, eventualmente, autorice al juzgado a ejercer la facultad prevista en el artículo 18 del Código Procesal Penal CABA. En este orden de ideas, es dable destacar que aunque la norma referida autoriza al judicante a ejercer un control de la competencia, esa facultad sólo puede ser desplegada frente a un hecho precisamente definido en todos y cada uno de los elementos que fundan la calificación legal. Sin ponderar la teoría del caso de la Defensa, la Jueza de grado entendió que las pruebas reunidas resultaban suficientes para convalidar las calificaciones legales escogidas por el Ministerio Público Fiscal, en tanto las conductas enrostradas habrían tenido la clara finalidad de atentar contra la integridad sexual de la denunciante. Sin embargo, sin perjuicio de la actividad oportunamente desplegada por la acusación pública, el estado incipiente en que se encuentra la investigación aconseja profundizar la pesquisa a los efectos de afinar la imputación y delinear sus contornos, a los fines del correcto encuadre de las conductas reprochadas y el grado de responsabilidad del encartado.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 57901. Autos: Q. R., A. Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján, Dr. Gonzalo E. D. Viña, Dra. Luisa María Escrich 27-12-2024.

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CALIFICACION DE CONDUCTA – CONCURSO IDEAL – IMPROCEDENCIA – EXACCIONES ILEGALES – ROBO CON ARMAS – CAMBIO DE CALIFICACION LEGAL – POLICIA – ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO – EXTORSION

En el caso corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado en cuanto tuvo por acreditada la materialidad del hecho y la coautoría del encartado, y modificar la calificación legal, condenándolo como coautor del delito de extorsión (art.168 CP) en concurso ideal con el de abuso de autoridad (art. 248 CP). Se atribuyó al imputado -funcionario de la División Precursores Químicos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a otros dos masculinos presumiblemente pertenecientes a las fuerzas de seguridad, de común acuerdo, haber abusado de sus funciones al ejecutar actos contrarios a la ley y mediando intimidación, por haber exigido al denunciante la entrega de dinero. Asimismo, se le imputó haberse apoderado ilegítimamente de una caja de luces led de colores y una bolsa de tela que contenía $200.000 que el damnificado llevaba en la parte trasera del remís y de la suma de U$S1.000 dólares que éste tenía en su billetera. En esa ocasión y mientras el nombrado viajaba como pasajero en un rodado tipo remís, éste fue interceptado por una camioneta a bordo de la cual se encontraban todos los imputados vestidos de civil, quienes se identificaron como policías y les exigieron al denunciante y al conductor que detuvieran la marcha del automóvil. A continuación, el sujeto que descendió de la parte trasera de la camioneta se acercó al lado del acompañante trasero del remís exhibiendo y apuntandolo con un arma de fuego mientras que el que bajó de la parte delantera del lado acompañante, se dirigió del lado del conductor del coche, y ambos obligaron a los nombrados a descender del mismo expresando ‘bájense del auto somos drogas peligrosas’.Una vez que descendieron del vehículo, los imputados los palparon y requisaron en varias ocasiones sin testigos presentes, a la vez que el que bajó de la parte trasera de la camioneta, le pidió al denunciante su documento de identidad, se alejó un poco y cuando regresó, tras referirle su nombre completo seguido de "alias Pitufo", vos tenés causas por drogas” y “así que vos tuviste una causa por droga, estuviste preso”, le exigió que llamase a alguien para que en cinco minutos le trajesen dinero bajo la amenaza de llevarlos presos a él y al chofer, ya que sabían que ellos le podían “sembrar” droga y mandarlos en cana. Ante ello el denunciante les respondió que sólo tenía en ese momento $200.000 y U$S1.000 que llevaba producto de la recaudación semanal de su negocio, y los imputados le precisaron que el dinero era para no “meterle” droga y porque tenía una captura vigente, a lo que les contestó que no era cierto y que le sacaban la plata injustamente. Asimismo, el encartado abrió la puerta trasera del remís y retiró un paquete que le entregó a otro de los imputados quien se colocó un chaleco celeste que decía ‘POLICIA’, escondió dicho objeto entre sus ropas, y luego tomó del interior del mismo rodado la caja de luces led de colores la cual guardó en el interior de su vehículo. Además, tras consultarle al denunciante donde estaban los dólares, el otro imputado le quitó la billetera, la revisó y agarró mil dólares, los que estaban discriminados en diez billetes de U$S100 doblados, guardándoselos luego en su bolsillo, aclarándole que eso era para no sembrarle droga debido a que tenía una captura vigente. Luego de todo ello y sin haber registrado ningún tipo de procedimiento, los imputados los dejaron ir expresándole al denunciante "ya, tomátela, no te quiero ver más acá". La "A quo" consideró que el evento se subsumía en primer lugar en el delito de robo. Indicó que la violencia, como medio comisivo, incluía la intimidación, que definió como “la amenaza de violencia o mal físico inminente para la víctima”. Sostuvo que en el caso el encartado junto con otros dos individuos que no fueron identificados lograron apoderarse indebidamente de la suma de doscientos mil pesos que el denunciante llevaba en una bolsa en el asiento trasero del remís en el que se transportaba, junto con una caja de luces y de por lo menos mil dólares que tenía en su billetera. Destacó que éste manifestó que no entregó sus pertenencias en forma voluntaria, sino que permitió que los encartados se las llevaran, en razón del cargo de policías que ostentaban y del empleo de armas de fuego en su poder. En cuanto a las agravantes consideró aplicables al caso las previstas en los artículos 166 "in fine" del Código Penal –el uso de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo constatarse–, 167 inciso 2º del Código Penal –en poblado y en banda– y 167 bis, del Código Penal, por haber sido el hecho perpetrado por integrantes de fuerzas de seguridad. Sostuvo que el hecho debía encuadrarse además en otro delito, el previsto por el artículo 248 del Código Penal –abuso de autoridad–. Finalmente consideró también aplicable el tipo penal de concusión agravada por el empleo de intimidación (art. 266 y 267 del CP) y descartó la calificación de extorsión que había escogido el Ministerio Público Fiscal, atento a la calidad de funcionario del sujeto activo. Entendió que entre ambas figuras se verificaba una relación de género especie, resultando la acorde al caso aquélla reprimida por el artículo 268 del cuerpo normativo. En cuanto a la forma concursal consideró que se verificaba un concurso ideal entre el delito de robo triplemente agravado y el tipo penal de abuso de autoridad. Señaló que asimismo se verificaba un concurso real, en tanto el hecho concurriría a su vez con otro cometido de modo sucesivo por el encartado al exigir la entrega de una mayor cantidad de dinero. A partir de lo expuesto, consideró que el nombrado llevó a cabo dos conductas independientes entre sí, cometidas de manera sucesiva. Ahora bien, no coincido con las calificaciones legales escogidas por la Jueza. En el caso, desde el inicio del suceso el imputado junto a los restantes intervinientes advirtieron al denunciante que de no darles dinero “le plantarían droga” a efectos de incriminarlo en el marco de una causa penal que iniciarían. La propia víctima declaró haber accedido a que los sujetos se llevaran las cosas a causa del temor de que aquéllos iniciaran una causa penal en su contra y, principalmente, en sus palabras, de que le “plantaran droga”. En definitiva, lo que queda claro es que los autores del hecho lograron hacerse de las cosas y del dinero que tomaron con sus propias manos en razón de la intimidación consistente en que, de lo contrario, si el damnificado no accedía a ello, “plantarían” pruebas a efectos de involucrarlo en una causa penal. El arma fue utilizada exclusivamente a efectos de detener la marcha del remís y de que sus ocupantes descendieran del rodado, en el marco de un simulado procedimiento policial. Es decir, la víctima no se encontraba inmovilizada por temor a que los sujetos utilizaran el arma. Ello es lo que me lleva a discrepar con la argumentación de la sentencia. La intimidación utilizada no es, como se afirmó en el decisorio, la utilización del arma, sino el temor por parte del denunciante a ser involucrado en una causa penal a partir de colocar una bolsa con estupefacientes en el rodado para incriminarlo. En definitiva, considero que la intimidación utilizada en el caso es propia del delito de extorsión y no del de robo.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 57581. Autos: Armella, Jorge Enrique Gabriel Sala: II Del voto de Dra. Carla Cavaliere 29-11-2024.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


CALIFICACION DE CONDUCTA – INTIMIDACION – CONCURSO IDEAL – IMPROCEDENCIA – EXACCIONES ILEGALES – ROBO CON ARMAS – CAMBIO DE CALIFICACION LEGAL – POLICIA – ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO – EXTORSION

En el caso corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado en cuanto tuvo por acreditada la materialidad del hecho y la coautoría del encartado, y modificar la calificación legal, condenándolo como coautor del delito de extorsión (art.168 CP) en concurso ideal con el de abuso de autoridad (art. 248 CP). Se atribuyó al imputado -funcionario de la División Precursores Químicos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a otros dos masculinos presumiblemente pertenecientes a las fuerzas de seguridad, de común acuerdo, haber abusado de sus funciones al ejecutar actos contrarios a la ley y mediando intimidación, por haber exigido al denunciante la entrega de dinero. Asimismo, se le imputó haberse apoderado ilegítimamente de una caja de luces led de colores y una bolsa de tela que contenía $200.000 que el damnificado llevaba en la parte trasera del remís y de la suma de U$S1.000 dólares que éste tenía en su billetera. La "A quo" consideró que el evento se subsumía en primer lugar en el delito de robo. Indicó que la violencia, como medio comisivo, incluía la intimidación, que definió como “la amenaza de violencia o mal físico inminente para la víctima”. Sostuvo que en el caso el encartado junto con otros dos individuos que no fueron identificados lograron apoderarse indebidamente de la suma de doscientos mil pesos que el denunciante llevaba en una bolsa en el asiento trasero del remís en el que se transportaba, junto con una caja de luces y de por lo menos mil dólares que tenía en su billetera. Destacó que éste manifestó que no entregó sus pertenencias en forma voluntaria, sino que permitió que los encartados se las llevaran, en razón del cargo de policías que ostentaban y del empleo de armas de fuego en su poder. En cuanto a las agravantes consideró aplicables al caso las previstas en los artículos 166 "in fine" del Código Penal –el uso de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo constatarse–, 167 inciso 2º del Código Penal –en poblado y en banda– y 167 bis, del Código Penal, por haber sido el hecho perpetrado por integrantes de fuerzas de seguridad. Sostuvo que el hecho debía encuadrarse además en otro delito, el previsto por el artículo 248 del Código Penal –abuso de autoridad–. Finalmente consideró también aplicable el tipo penal de concusión agravada por el empleo de intimidación (art. 266 y 267 del CP) y descartó la calificación de extorsión que había escogido el Ministerio Público Fiscal, atento a la calidad de funcionario del sujeto activo. Entendió que entre ambas figuras se verificaba una relación de género especie, resultando la acorde al caso aquélla reprimida por el artículo 268 del cuerpo normativo. En cuanto a la forma concursal consideró que se verificaba un concurso ideal entre el delito de robo triplemente agravado y el tipo penal de abuso de autoridad. Señaló que asimismo se verificaba un concurso real, en tanto el hecho concurriría a su vez con otro cometido de modo sucesivo por el encartado al exigir la entrega de una mayor cantidad de dinero. A partir de lo expuesto, consideró que el nombrado llevó a cabo dos conductas independientes entre sí, cometidas de manera sucesiva. Ahora bien, no coincido con las calificaciones legales escogidas por la Jueza. Es que no toda intimidación puede ser considerada como medio comisivo del delito de robo. En el presente, la víctima no fue intimidado con la amenaza de afectar su integridad física por el uso del arma. Considero que la intimidación utilizada en el caso es propia del delito de extorsión y no del de robo. En este sentido, el delito previsto por el artículo 168 del Código Penal -extorsión- consiste en obligar a otro, por medio de intimidación, entre otras hipótesis, a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de terceros, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos (cf. Código Penal. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Dirección: Baigún David y Zaffaroni, Eugenio Raúl, Hammurabi, tomo 6, p. 519). Ello es precisamente lo que sucede en el suceso bajo estudio. En el caso la intimidación utilizada, de acuerdo al plan en común, se inicia con la interceptación del remís simulando un procedimiento policial, se hizo sonar la sirena y los sujetos se presentaron como personal policial “de drogas peligrosas” y luego, explícitamente, amenazaron al denunciante con iniciar ilegítimamente una causa penal a partir de que “plantaran drogas” a efectos de incriminarlo.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 57581. Autos: Armella, Jorge Enrique Gabriel Sala: II Del voto de Dra. Carla Cavaliere 29-11-2024.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


CALIFICACION DE CONDUCTA – TIPO PENAL – CONCURSO IDEAL – IMPROCEDENCIA – EXACCIONES ILEGALES – ROBO CON ARMAS – CAMBIO DE CALIFICACION LEGAL – CALIFICACION DEL HECHO – ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO – EXTORSION

En el caso corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado en cuanto tuvo por acreditada la materialidad del hecho y la coautoría del encartado, y modificar la calificación legal, condenándolo como coautor del delito de extorsión (art.168 CP) en concurso ideal con el de abuso de autoridad (art. 248 CP). Se atribuyó al imputado -funcionario de la División Precursores Químicos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a otros dos masculinos presumiblemente pertenecientes a las fuerzas de seguridad, de común acuerdo, haber abusado de sus funciones al ejecutar actos contrarios a la ley y mediando intimidación, por haber exigido al denunciante la entrega de dinero. Asimismo, se le imputó haberse apoderado ilegítimamente de una caja de luces led de colores y una bolsa de tela que contenía $200.000 que el damnificado llevaba en la parte trasera del remís y de la suma de U$S1.000 dólares que éste tenía en su billetera. La "A quo" consideró que el evento se subsumía en primer lugar en el delito de robo. Indicó que la violencia, como medio comisivo, incluía la intimidación, que definió como “la amenaza de violencia o mal físico inminente para la víctima”. Sostuvo que en el caso el encartado junto con otros dos individuos que no fueron identificados lograron apoderarse indebidamente de la suma de doscientos mil pesos que el denunciante llevaba en una bolsa en el asiento trasero del remís en el que se transportaba, junto con una caja de luces y de por lo menos mil dólares que tenía en su billetera. Destacó que éste manifestó que no entregó sus pertenencias en forma voluntaria, sino que permitió que los encartados se las llevaran, en razón del cargo de policías que ostentaban y del empleo de armas de fuego en su poder. En cuanto a las agravantes consideró aplicables al caso las previstas en los artículos 166 "in fine" del Código Penal –el uso de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo constatarse–, 167 inciso 2º del Código Penal –en poblado y en banda– y 167 bis, del Código Penal, por haber sido el hecho perpetrado por integrantes de fuerzas de seguridad. Sostuvo que el hecho debía encuadrarse además en otro delito, el previsto por el artículo 248 del Código Penal –abuso de autoridad–. Finalmente consideró también aplicable el tipo penal de concusión agravada por el empleo de intimidación (art. 266 y 267 del CP) y descartó la calificación de extorsión que había escogido el Ministerio Público Fiscal, atento a la calidad de funcionario del sujeto activo. Entendió que entre ambas figuras se verificaba una relación de género especie, resultando la acorde al caso aquélla reprimida por el artículo 268 del cuerpo normativo. En cuanto a la forma concursal consideró que se verificaba un concurso ideal entre el delito de robo triplemente agravado y el tipo penal de abuso de autoridad. Señaló que asimismo se verificaba un concurso real, en tanto el hecho concurriría a su vez con otro cometido de modo sucesivo por el encartado al exigir la entrega de una mayor cantidad de dinero. A partir de lo expuesto, consideró que el nombrado llevó a cabo dos conductas independientes entre sí, cometidas de manera sucesiva. Ahora bien, no coincido con las calificaciones legales escogidas por la Jueza. En efecto, considero que la intimidación utilizada en el caso es propia del delito de extorsión y no del de robo. Ahora bien, el tipo penal previsto por el artículo 168 del Código Penal concurre en el caso idealmente con el delito estipulado en el artículo 248 del Código Penal. El hecho de que el encartado revestía la calidad de funcionario público se encuentra fuera de discusión. La circunstancia de haber detenido la marcha del remís mediante la utilización de la sirena policial, dar la voz de “alto policía”, hacer descender a los ocupantes mediante la utilización de un arma, así como requisar el automóvil y al damnificado, cuando manifiestamente no existían motivos para hacerlo -y cuando su finalidad era extorsionar al denunciante- efectivamente configura el tipo penal previsto por el artículo 248 del Código Penal, pues importa dar órdenes contrarias a las leyes. En definitiva, advierto que nos encontramos ante una unidad de acción que ocurre en un mismo espacio y tiempo en el que el imputado, en su calidad de policía de la ciudad, junto a otros dos sujetos, amedrentó desde un primer momento al damnificado para que entregue dinero pues de lo contario iniciarían una causa penal en su contra, utilizando a tal efecto pruebas “plantadas”. A partir de ello el damnificado accedió a que los sujetos se llevasen el dinero que tenía en el lugar, lo que resultó insuficiente para los sujetos activos, quienes le requirieron que consiguiese una mayor cantidad -comunicándose con alguien que le lleve más dinero-, y ante la imposibilidad de hacerlo, finalmente permitieron que se retirase. Consecuentemente, considero que nos encontramos ante un único evento que se subsume en el delito de extorsión -artículo 168 del Código Penal-, en concurso ideal con el previsto por el artículo 248 del Código Penal.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 57581. Autos: Armella, Jorge Enrique Gabriel Sala: II Del voto de Dra. Carla Cavaliere 29-11-2024.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


CALIFICACION DE CONDUCTA – CONCUSION – CONCURSO IDEAL – IMPROCEDENCIA – EXACCIONES ILEGALES – CAMBIO DE CALIFICACION LEGAL – CALIFICACION DEL HECHO – ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO – EXTORSION

En el caso corresponde confirmar parcialmente la resolución de grado en cuanto tuvo por acreditada la materialidad del hecho y la coautoría del encartado, y modificar la calificación legal, condenándolo como coautor del delito de extorsión (art.168 CP) en concurso ideal con el de abuso de autoridad (art. 248 CP). Se atribuyó al imputado -funcionario de la División Precursores Químicos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a otros dos masculinos presumiblemente pertenecientes a las fuerzas de seguridad, de común acuerdo, haber abusado de sus funciones al ejecutar actos contrarios a la ley y mediando intimidación, por haber exigido al denunciante la entrega de dinero. Asimismo, se le imputó haberse apoderado ilegítimamente de una caja de luces led de colores y una bolsa de tela que contenía $200.000 que el damnificado llevaba en la parte trasera del remís y de la suma de U$S1.000 dólares que éste tenía en su billetera. La "A quo" consideró que el evento se subsumía en primer lugar en el delito de robo. Indicó que la violencia, como medio comisivo, incluía la intimidación, que definió como “la amenaza de violencia o mal físico inminente para la víctima”. Sostuvo que en el caso el encartado junto con otros dos individuos que no fueron identificados lograron apoderarse indebidamente de la suma de doscientos mil pesos que el denunciante llevaba en una bolsa en el asiento trasero del remís en el que se transportaba, junto con una caja de luces y de por lo menos mil dólares que tenía en su billetera. Destacó que éste manifestó que no entregó sus pertenencias en forma voluntaria, sino que permitió que los encartados se las llevaran, en razón del cargo de policías que ostentaban y del empleo de armas de fuego en su poder. En cuanto a las agravantes consideró aplicables al caso las previstas en los artículos 166 "in fine" del Código Penal –el uso de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo constatarse–, 167 inciso 2º del Código Penal –en poblado y en banda– y 167 bis, del Código Penal, por haber sido el hecho perpetrado por integrantes de fuerzas de seguridad. Sostuvo que el hecho debía encuadrarse además en otro delito, el previsto por el artículo 248 del Código Penal –abuso de autoridad–. Finalmente consideró también aplicable el tipo penal de concusión agravada por el empleo de intimidación (art. 266 y 267 del CP) y descartó la calificación de extorsión que había escogido el Ministerio Público Fiscal, atento a la calidad de funcionario del sujeto activo. Entendió que entre ambas figuras se verificaba una relación de género especie, resultando la acorde al caso aquélla reprimida por el artículo 268 del cuerpo normativo. En cuanto a la forma concursal consideró que se verificaba un concurso ideal entre el delito de robo triplemente agravado y el tipo penal de abuso de autoridad. Señaló que asimismo se verificaba un concurso real, en tanto el hecho concurriría a su vez con otro cometido de modo sucesivo por el encartado al exigir la entrega de una mayor cantidad de dinero. A partir de lo expuesto, consideró que el nombrado llevó a cabo dos conductas independientes entre sí, cometidas de manera sucesiva. Ahora bien, no coincido con las calificaciones legales escogidas por la Jueza. En efecto, no resulta aplicable al caso el delito de concusión. El dinero que se exigió al denunciante no era para ser ingresado a la administración. Entonces, se descarta la aplicación del tipo penal escogido por la "A quo". No desconozco que otro sector de la doctrina considera que el funcionario público que exige una dádiva en provecho propio queda comprendido directamente en el delito establecido por el artículo 266 del Código Penal (y no en el del art. 268 del CP). Para ello, se argumenta que en el tipo penal previsto por el artículo 266 se sanciona dos figuras distintas: las exacciones ilegales y la concusión. Para esa postura la exacción ilegal prevista por el artículo 266 del Código Penal aludiría a la exigencia de parte de las hipótesis allí contempladas. Concretamente, la exigencia de “impuestos, prestaciones, multas, deudas, etc.” que el Estado tiene derecho de cobrar, siempre que lo haga de manera legal. En ese supuesto, de convertirse lo exigido en provecho del funcionario se configuraría la agravante prevista en el artículo 268 del Código Penal. En cambio, cuando lo exigido fuese una dádiva –última de las hipótesis contempladas en el mismo artículo 266, el delito sería directamente el de concusión y no el de exacciones ilegales. Ello toda vez que en tal caso es evidente que el funcionario desde el inicio la exige en provecho propio, pues el Estado nunca puede recibir dádivas (cf. en ese sentido, Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado, Dirección D’Alessio, Andrés José, 2 edición, tomo II, La Ley, p. 594/595 y 652). En cualquier caso, aun cuando se aceptase esta interpretación, el evento que nos ocupa tampoco configuraría el delito de concusión. Cabe señalar que ni el delito de exacciones ilegales, ni el de concusión, requieren que el funcionario amenace al sujeto pasivo, sino que, por el contrario, la voluntad del sujeto pasivo es dominada por el temor genérico que la calidad del funcionario público genera. Se ha sostenido que: “…tanto las exacciones ilegales como la concusión tienen en común el abuso funcional por parte del sujeto activo -quien realiza una exigencia de manera arbitraria e injusta- que obliga a la víctima a hacer entrega de la cosa por temor al poder público…” (Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado, Dirección D’Alessio, Andrés José, 2 edición, tomo II, La Ley, p. 1317). Ahora bien, el artículo 267 del Código Penal establece como agravante el uso de intimidación por parte del funcionario público. Esa hipótesis es la que debe diferenciarse del delito de extorsión (art. 168 del CP). Advierto que lo determinante a tal efecto es el contenido de amenaza de la que se vale el funcionario a efectos de intimidar al sujeto pasivo. Así, si la amenaza impartida consiste exclusivamente en la realización de un acto funcional propio del sujeto activo se configuraría la exacción ilegal o la concusión -agravada por el uso de intimidación-. En cambio, si la amenaza impartida excede la realización de un acto funcional del sujeto activo, no sería aplicable la exacción o concusión agravada por el uso de intimidación, sino, en todo caso, el delito de extorsión. Por otro lado, es la postura es la que mejor se adapta a una interpretación armónica del ordenamiento penal. En ese sentido, la escala penal prevista por el delito de extorsión es muy superior a la establecida por el delito de concusión mediante el uso de intimidación y ello debe ser tenido en cuenta. Ese plus puede ser explicado racionalmente de la forma indicada, no es lo mismo que la amenaza sea la de realizar un acto que el funcionario puede efectuar legalmente, en caso de verificarse los requisitos para ello, que el hecho de que la amenaza radique en un acto que nunca podría realizar legítimamente. En el presente, la amenaza de iniciar una causa penal podría ser considerado un acto funcional, pero nunca podría serlo el hecho de “plantar drogas” para ello. En conclusión, en el caso que nos ocupa nos encontramos ante un único hecho que se subsume en el delito de extorsión -artículo 168 del Código Penal-, en concurso ideal con el previsto por el artículo 248 del Código Penal.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 57581. Autos: Armella, Jorge Enrique Gabriel Sala: II Del voto de Dra. Carla Cavaliere 29-11-2024.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


CALIFICACION DE CONDUCTA – DEFRAUDACION INFORMATICA – TIPO PENAL – FACULTADES DEL JUEZ – CAMBIO DE CALIFICACION LEGAL – COMPETENCIA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – CIBERDELITO – CALIFICACION LEGAL – CALIFICACION PROVISORIA – ESTAFA

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado en cuanto rechazó el planteo de incompetencia interpuesto por el Fiscal. El Juez, para así decidir, entendió que la prueba no justificaba el encuadre jurídico postulado por la Fiscalía (art. 172 del CP), puesto que la defraudación habría ocurrido sin la interacción con un tercero, y que lo más probable era que de algún modo, los autores hubieran ingresado a la computadora del damnificado mediante una técnica de manipulación informática. El Fiscal cuestionó que no se adjuntaron constancias que den cuenta de que la plataforma bancaria utilizada por el damnificado haya dejado de funcionar como correspondía, o de que se haya alterado su normal funcionamiento, circunstancia que sí permitiría la subsunción del hecho en cuestión bajo la figura penal pretendida por el juez de grado (art. 173, inc. 16, del CP). Consideró que fue el ardid desplegado por el sujeto activo lo que permitió defraudar a la víctima y ocasionar el perjuicio patrimonial requerido. Ahora bien, no puede pasarse por alto que surge de la denuncia, que en oportunidad de ingresar el damnificado a su cuenta bancaria por medio de su computadora, visualizó un cartel en la pantalla, que le indicó que debía introducir un número, que le llegó a su teléfono móvil, en un campo ubicado en dicho cartel y luego hacer "click" en continuar. A la vez, el denunciante explicó que tras ello, la pantalla de su computadora se tornó gris y la página "web" se cerró repentinamente. Finalmente, esa secuencia habría derivado en un perjuicio patrimonial para el nombrado, en tanto se realizó una transferencia desde su cuenta con destino a una cuenta desconocida, cuya titularidad pertenecería a alguien que desconoce. Con ello entiendo que no puede descartarse que de algún modo y de forma previa al hecho que aquí se investiga, los autores hayan ingresado a la computadora del damnificado mediante una técnica de manipulación informática, lo que constituiría una defraudación informática, prevista en el artículo 173, inciso 16, del Código Penal. Por lo demás, y en cuanto a la competencia de este fuero en estos casos, el Tribunal Superior de Justicia ha afirmado que corresponde a los tribunales de la ciudad conocer en la investigación y juzgamiento de los delitos creados con posterioridad a la sanción de la Ley nacional N° 24.588, como el que aquí nos convoca (expte. N° 6397/09 “Ministerio Público TS 18114/2020-0 ‘NN, NN s/ 00 presunta comisión de delito (competencia) (art. 173 inc. 15 CP) s/ conflicto de competencia I’”, rta. el 03/03/2021; entre muchas otras. .

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 56850. Autos: NN., NN. Sala: I Del voto de Dra. Elizabeth Marum 17-09-2024.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


CALIFICACION DE CONDUCTA – DEFRAUDACION INFORMATICA – TIPO PENAL – FACULTADES DEL JUEZ – CAMBIO DE CALIFICACION LEGAL – COMPETENCIA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – CIBERDELITO – CALIFICACION LEGAL – CALIFICACION PROVISORIA – DOCTRINA – ESTAFA

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado en cuanto rechazó el planteo de incompetencia interpuesto por el Fiscal. El Juez, para así decidir, entendió que la prueba no justificaba el encuadre jurídico postulado por la Fiscalía (art. 172 del CP), puesto que la defraudación habría ocurrido sin la interacción con un tercero, y que lo más probable era que de algún modo, los autores hubieran ingresado a la computadora del damnificado mediante una técnica de manipulación informática. El Fiscal cuestionó que no se adjuntaron constancias que den cuenta de que la plataforma bancaria utilizada por el damnificado haya dejado de funcionar como correspondía, o de que se haya alterado su normal funcionamiento, circunstancia que sí permitiría la subsunción del hecho en cuestión bajo la figura penal pretendida por el juez de grado (art. 173, inc. 16, del CP). Consideró que fue el ardid desplegado por el sujeto activo lo que permitió defraudar a la víctima y ocasionar el perjuicio patrimonial requerido. Ahora bien, no puede pasarse por alto que surge de la denuncia, que en oportunidad de ingresar el damnificado a su cuenta bancaria por medio de su computadora, visualizó un cartel en la pantalla, que le indicó que debía introducir un número, que le llegó a su teléfono móvil, en un campo ubicado en dicho cartel y luego hacer "click" en continuar. A la vez, el denunciante explicó que tras ello, la pantalla de su computadora se tornó gris y la página "web" se cerró repentinamente. Finalmente, esa secuencia habría derivado en un perjuicio patrimonial para el nombrado, en tanto se realizó una transferencia desde su cuenta con destino a una cuenta desconocida, cuya titularidad pertenecería a alguien que desconoce. Ello así, en cuanto tipo penal previsto en el inciso 16 del artículo 173, “lo que caracteriza a esta forma de estafa es su forma de comisión, el modo en [que] se comete el delito, esto es, mediante una técnica de manipulación informática. El delito puede, pues, cometerse de múltiples maneras, pero en cualquier caso, siempre mediante un sistema informático, lo cual no excluirá, necesariamente, la presencia de una persona física como sujeto pasivo” (David Bagiún, Eugenio Raúl Zaffaroni, Hammurabi; Código Penal, Análisis doctrinal y jurisprudencial, arts. 172/185, pág 279). Por lo demás, y en cuanto a la competencia de este fuero en estos casos, el Tribunal Superior de Justicia ha afirmado que corresponde a los tribunales de la ciudad conocer en la investigación y juzgamiento de los delitos creados con posterioridad a la sanción de la Ley nacional N° 24.588, como el que aquí nos convoca (expte. N° 6397/09 “Ministerio Público TS 18114/2020-0 ‘NN, NN s/ 00 presunta comisión de delito (competencia) (art. 173 inc. 15 CP) s/ conflicto de competencia I’”, rta. el 03/03/2021; entre muchas otras. .

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 56850. Autos: NN., NN. Sala: I Del voto de Dra. Elizabeth Marum 17-09-2024.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


CALIFICACION DE CONDUCTA – DEFRAUDACION INFORMATICA – TIPO PENAL – FACULTADES DEL JUEZ – CAMBIO DE CALIFICACION LEGAL – COMPETENCIA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – CIBERDELITO – CALIFICACION LEGAL – CALIFICACION PROVISORIA – ESTAFA

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que rechazó el planteo de incompetencia interpuesto por el Fiscal. El Juez, para así decidir, entendió que la prueba no justificaba el encuadre jurídico postulado por la Fiscalía (art. 172 del CP), puesto que la defraudación habría ocurrido sin la interacción con un tercero, y que lo más probable era que de algún modo, los autores hubieran ingresado a la computadora del damnificado mediante una técnica de manipulación informática. El Fiscal cuestionó que no se adjuntaron constancias que den cuenta de que la plataforma bancaria utilizada por el damnificado haya dejado de funcionar como correspondía, o de que se haya alterado su normal funcionamiento, circunstancia que sí permitiría la subsunción del hecho en cuestión bajo la figura penal pretendida por el juez de grado (art. 173, inc. 16, del CP). Consideró que fue el ardid desplegado por el sujeto activo lo que permitió defraudar a la víctima y ocasionar el perjuicio patrimonial requerido. Ahora bien, no puede pasarse por alto que surge de la denuncia, que en oportunidad de ingresar el damnificado a su cuenta bancaria por medio de su computadora, visualizó un cartel en la pantalla, que le indicó que debía introducir un número, que le llegó a su teléfono móvil, en un campo ubicado en dicho cartel y luego hacer "click" en continuar. A la vez, el denunciante explicó que tras ello, la pantalla de su computadora se tornó gris y la página "web" se cerró repentinamente. Finalmente, esa secuencia habría derivado en un perjuicio patrimonial para el nombrado, en tanto se realizó una transferencia desde su cuenta con destino a una cuenta desconocida, cuya titularidad pertenecería a alguien que desconoce. Ello así, la circunstancia de que la dinámica del hecho pueda haber incluido al autor actuando en tiempo real –en el caso, inmediatamente después de que el denunciante introdujera en su computadora el código que le había llegado al celular– no convierte a la conducta en una estafa simple (art 172 CP) si, para llevar a cabo la defraudación, se hubiera alterado el normal funcionamiento de un sistema informático. Por lo demás, y en cuanto a la competencia de este fuero en estos casos, el Tribunal Superior de Justicia ha afirmado que corresponde a los tribunales de la ciudad conocer en la investigación y juzgamiento de los delitos creados con posterioridad a la sanción de la Ley nacional N° 24.588, como el que aquí nos convoca (expte. N° 6397/09 “Ministerio Público TS 18114/2020-0 ‘NN, NN s/ 00 presunta comisión de delito (competencia) (art. 173 inc. 15 CP) s/ conflicto de competencia I’”, rta. el 03/03/2021; entre muchas otras. .

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 56850. Autos: NN., NN. Sala: I Del voto de Dra. Elizabeth Marum 17-09-2024.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


CALIFICACION DE CONDUCTA – DEFRAUDACION INFORMATICA – TIPO PENAL – FACULTADES DEL JUEZ – CAMBIO DE CALIFICACION LEGAL – COMPETENCIA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – CIBERDELITO – CALIFICACION LEGAL – CALIFICACION PROVISORIA – ESTAFA

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que rechazó el planteo de incompetencia interpuesto por el Fiscal. El Juez, para así decidir, entendió que la prueba no justificaba el encuadre jurídico postulado por la Fiscalía (art. 172 del CP), puesto que la defraudación habría ocurrido sin la interacción con un tercero, y que lo más probable era que de algún modo, los autores hubieran ingresado a la computadora del damnificado mediante una técnica de manipulación informática. El Fiscal cuestionó que no se adjuntaron constancias que den cuenta de que la plataforma bancaria utilizada por el damnificado haya dejado de funcionar como correspondía, o de que se haya alterado su normal funcionamiento, circunstancia que sí permitiría la subsunción del hecho en cuestión bajo la figura penal pretendida por el juez de grado (art. 173, inc. 16, del CP). Consideró que fue el ardid desplegado por el sujeto activo lo que permitió defraudar a la víctima y ocasionar el perjuicio patrimonial requerido. Ahora bien, no puede pasarse por alto que surge de la denuncia, que en oportunidad de ingresar el damnificado a su cuenta bancaria por medio de su computadora, visualizó un cartel en la pantalla, que le indicó que debía introducir un número, que le llegó a su teléfono móvil, en un campo ubicado en dicho cartel y luego hacer "click" en continuar. A la vez, el denunciante explicó que tras ello, la pantalla de su computadora se tornó gris y la página "web" se cerró repentinamente. Finalmente, esa secuencia habría derivado en un perjuicio patrimonial para el nombrado, en tanto se realizó una transferencia desde su cuenta con destino a una cuenta desconocida, cuya titularidad pertenecería a alguien que desconoce. Ello así, entiendo que al menos en este estado embrionario del proceso, los hechos denunciados encuadrarían bajo la figura de defraudación informática (art. 173, inc. 16 del CP) en tanto, de momento, no es posible descartar que haya existido una alteración en el normal funcionamiento de la computadora del damnificado, o bien, de la página web del banco y que haya sido eso lo que generó la defraudación denunciada. Por lo demás, y en cuanto a la competencia de este fuero en estos casos, el Tribunal Superior de Justicia ha afirmado que corresponde a los tribunales de la ciudad conocer en la investigación y juzgamiento de los delitos creados con posterioridad a la sanción de la Ley nacional N° 24.588, como el que aquí nos convoca (expte. N° 6397/09 “Ministerio Público TS 18114/2020-0 ‘NN, NN s/ 00 presunta comisión de delito (competencia) (art. 173 inc. 15 CP) s/ conflicto de competencia I’”, rta. el 03/03/2021; entre muchas otras. .

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 56850. Autos: NN., NN. Sala: I Del voto de Dra. Elizabeth Marum 17-09-2024.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


CALIFICACION DE CONDUCTA – DEFRAUDACION INFORMATICA – TIPO PENAL – FACULTADES DEL JUEZ – CAMBIO DE CALIFICACION LEGAL – COMPETENCIA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – CIBERDELITO – CALIFICACION LEGAL – CALIFICACION PROVISORIA – JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA – ESTAFA

En el caso, corresponde confirmar la decisión de grado que rechazó el planteo de incompetencia interpuesto por el Fiscal. El Juez, para así decidir, entendió que la prueba no justificaba el encuadre jurídico postulado por la Fiscalía (art. 172 del CP), puesto que la defraudación habría ocurrido sin la interacción con un tercero, y que lo más probable era que de algún modo, los autores hubieran ingresado a la computadora del damnificado mediante una técnica de manipulación informática. A la vez, añadió que ese criterio de distinción coincidía con la jurisprudencia del TSJ en los expedientes nº 70346/22, “NN”, rto. el 13/07/22; nº 140554/22, “NN”, rto. el 24/08/22 y nº 132592/22, “NN”, rto. el 12/10/22. El Fiscal cuestionó que no se adjuntaron constancias que den cuenta de que la plataforma bancaria utilizada por el damnificado haya dejado de funcionar como correspondía, o de que se haya alterado su normal funcionamiento, circunstancia que sí permitiría la subsunción del hecho en cuestión bajo la figura penal pretendida por el Juez (art. 173, inc. 16, del CP). Consideró que fue el ardid desplegado por el sujeto activo lo que permitió defraudar a la víctima y ocasionar el perjuicio patrimonial requerido (art. 172 CP). Ahora bien, no puede pasarse por alto que surge de la denuncia, que en oportunidad de ingresar el damnificado a su cuenta bancaria por medio de su computadora, visualizó un cartel en la pantalla, que le indicó que debía introducir un número, que le llegó a su teléfono móvil, en un campo ubicado en dicho cartel y luego hacer "click" en continuar. A la vez, el denunciante explicó que tras ello la pantalla de su computadora se tornó gris y la página "web" se cerró repentinamente. Finalmente, esa secuencia habría derivado en un perjuicio patrimonial para el nombrado, en tanto se realizó una transferencia desde su cuenta con destino a una cuenta desconocida. Con ello entiendo que no puede descartarse, al menos en esta etapa primigenia del proceso, que la plataforma bancaria empleada haya dejado de funcionar, o bien, que haya sido alterada en su normal funcionamiento, puesto que de sus dichos se desprende que ingresó a la página correcta, que logró entrar a su cuenta ingresando su usuario y contraseña pero que luego de ello no pudo operar porque le apareció el cartel que ya fuera descripto, el que le solicitó que introdujera el código "token" que recibió en su celular, y que tras hacerlo la pantalla se puso gris. Por lo demás, y en cuanto a la competencia de este fuero en estos casos, el Tribunal Superior de Justicia ha afirmado que corresponde a los tribunales de la ciudad conocer en la investigación y juzgamiento de los delitos creados con posterioridad a la sanción de la Ley nacional N° 24.588, como el que aquí nos convoca (expte. N° 6397/09 “Ministerio Público TS 18114/2020-0 ‘NN, NN s/ 00 presunta comisión de delito (competencia) (art. 173 inc. 15 CP) s/ conflicto de competencia I’”, rta. el 03/03/2021; entre muchas otras. .

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 56850. Autos: NN., NN. Sala: I Del voto de Dra. Elizabeth Marum 17-09-2024.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.


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