COHECHO ACTIVO – PRINCIPIO ACUSATORIO – AUDIENCIA – DEBIDO PROCESO – PRINCIPIO DE INMEDIATEZ – PROCEDIMIENTO PENAL – FACULTADES DEL JUEZ – PRISION PREVENTIVA – PRINCIPIO DE ORALIDAD – DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD – JUICIO PREVIO – EXISTENCIA DE OTRO PROCESO EN TRAMITE
En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto dispuso que no correspondía fijar una audiencia en los términos del artículo 185 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires y, en consecuencia, disponer que se fije la audiencia en cuestión para que se debata la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Se investiga al imputado por la presunta conducta desplegada en el marco de un procedimiento policial en el cual fue detenido, calificada como constitutiva de los delitos de desobediencia a la autoridad y cohecho activo. El Fiscal llevó a cabo la intimación de los hechos y solicitó al Juez la prisión preventiva y la fijación de la audiencia prevista al efecto (artículo 185 del Código Procesal Penal de la Nación). El Magistrado resolvió el rechazo de la prisión preventiva por escrito y sin la celebración de la audiencia. Argumentó que otro Juzgado del fuero había dispuesto la rebeldía, la captura y la prisión preventiva del imputado, de modo que los riesgos procesales se hallaban conjurados por dicha medida cautelar. El Fiscal apeló la decisión. Sostuvo que resulta violatoria de los principios del proceso acusatorio, oralidad e inmediatez establecidos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y que no brindó motivo alguno que lo habilitara para apartarse de los preceptos legales. Ahora bien, la celebración de la audiencia en cuestión no sólo no constituía un “exceso de rigor formal” como sostuvo el Magistrado, sino que resultaba necesaria en virtud de las previsiones del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires. Surge con claridad que el Magistrado no ha oído a las partes ni ha analizado si existen elementos de convicción para sostener la materialidad del hecho, la autoría del imputado en aquél, o la existencia de riesgo de fuga y/o entorpecimiento respecto al suceso que se investiga. De ese modo, en oposición a lo dispuesto por los artículos 181, 184 y 185 del Código Procesal citado, el Juez obturó la posibilidad de que se analizaran las circunstancias del presente caso y, en particular, la materialidad del hecho y los riesgos procesales afirmados por la Fiscalía.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 62259. Autos: Lugo Mendoza, Giuliano Germán Sala: I Del voto de Dr. Carlos Fel Rolero Santurian, Dr. Marcelo P. Vázquez, Dra. Elizabeth Marum 08-04-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
COHECHO ACTIVO – PRINCIPIO ACUSATORIO – AUDIENCIA – DEBIDO PROCESO – PRINCIPIO DE INMEDIATEZ – PROCEDIMIENTO PENAL – FACULTADES DEL JUEZ – PRISION PREVENTIVA – PRINCIPIO DE ORALIDAD – DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD – JUICIO PREVIO – EXISTENCIA DE OTRO PROCESO EN TRAMITE
En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto dispuso que no correspondía fijar una audiencia en los términos del artículo 185 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires y, en consecuencia, disponer que se fije la audiencia en cuestión para que se debata la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Se investiga al imputado por la presunta conducta desplegada en el marco de un procedimiento policial en el cual fue detenido, calificada como constitutiva de los delitos de desobediencia a la autoridad y cohecho activo. El Fiscal llevó a cabo la intimación de los hechos y solicitó al Juez la prisión preventiva y la fijación de la audiencia prevista al efecto (artículo 185 del Código Procesal Penal de la Nación). El Magistrado resolvió el rechazo de la prisión preventiva por escrito y sin la celebración de la audiencia. Argumentó que otro Juzgado del fuero había dispuesto la rebeldía, la captura y la prisión preventiva del imputado, de modo que los riesgos procesales se hallaban conjurados por dicha medida cautelar. El Fiscal apeló la decisión. Sostuvo que resulta violatoria de los principios del proceso acusatorio, oralidad e inmediatez establecidos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y que no brindó motivo alguno que lo habilitara para apartarse de los preceptos legales. Si bien es cierto que el imputado se halla privado de la libertad en el marco de otra causa, esa circunstancia de ningún modo resulta suficiente para obviar la determinación de su libertad en este proceso. Es dable recordar que las normas procesales no son disponibles por las partes, ni para el Juez, y el juicio previo así como la garantía del debido proceso consagrados constitucionalmente no es cualquier proceso que puedan establecer, a su arbitrio, las autoridades públicas competentes para llevarlo a cabo. Así, la circunstancia de que, de momento, los eventuales riesgos, que no fueron analizados por el “a quo”, puedan estar siendo conjurados por la medida cautelar impuesta en otro proceso no exime a la judicatura de fijar esa audiencia, ni de tomar una decisión acerca de si corresponde o no limitar la libertad del imputado en lo que atañe este proceso.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 62259. Autos: Lugo Mendoza, Giuliano Germán Sala: I Del voto de Dr. Carlos Fel Rolero Santurian, Dr. Marcelo P. Vázquez, Dra. Elizabeth Marum 08-04-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
COHECHO ACTIVO – PRINCIPIO ACUSATORIO – AUDIENCIA – PRINCIPIO DE INMEDIATEZ – PROCEDIMIENTO PENAL – FACULTADES DEL JUEZ – PRISION PREVENTIVA – PRINCIPIO DE ORALIDAD – DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD – EXISTENCIA DE OTRO PROCESO EN TRAMITE
En el caso, corresponde revocar la resolución de grado en cuanto dispuso que no correspondía fijar una audiencia en los términos del artículo 185 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires y, en consecuencia, disponer que se fije la audiencia en cuestión para que se debata la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Se investiga al imputado por la presunta conducta desplegada en el marco de un procedimiento policial en el cual fue detenido, calificada como constitutiva de los delitos de desobediencia a la autoridad y cohecho activo. El Fiscal llevó a cabo la intimación de los hechos y solicitó al Juez la prisión preventiva y la fijación de la audiencia prevista al efecto (artículo 185 del Código Procesal Penal de la Nación). El Magistrado resolvió el rechazo de la prisión preventiva por escrito y sin la celebración de la audiencia. Argumentó que otro Juzgado del fuero había dispuesto la rebeldía, la captura y la prisión preventiva del imputado, de modo que los riesgos procesales se hallaban conjurados por dicha medida cautelar. El Fiscal apeló la decisión. Cuestionó que el Magistrado le haya solicitado a su par del fuero que en caso de disponer la libertad del imputado lo notificara previo a hacerla efectiva. En este sentido, señaló que esa disposición implicaría que se retrase la libertad concedida en tanto un segundo Juez, que de momento no ha dictado una orden que permita mantenerlo detenido, se notifique y resuelva. Coincidimos con el Fiscal respeto a que con ese accionar el “a quo” ha puesto en cabeza de otro colega –que, por lo demás, es su par– su propia responsabilidad indelegable de asegurar la permanencia a derecho del imputado en su propia causa, lo que no puede ser admitido. En efecto, corresponde al Magistrado a cargo de cada causa la decisión respecto de la situación procesal y de las medidas cautelares a imponer en el caso concreto, y aquella resolución no puede depender de lo que otros Jueces, de este u otros fueros, hayan decidido y mucho menos quedar supeditado a que el Magistrado interviniente en otro caso avise, en tiempo y forma, del cese de una medida cautelar a los efectos de que, solo en ese momento y de forma antojadiza, el Juez fije la audiencia dispuesta en los artículos 184 y 185 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 62259. Autos: Lugo Mendoza, Giuliano Germán Sala: I Del voto de Dr. Carlos Fel Rolero Santurian, Dr. Marcelo P. Vázquez, Dra. Elizabeth Marum 08-04-2026.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
FALSIFICACION DE INSTRUMENTO PUBLICO – COHECHO ACTIVO – PLANTEO DE NULIDAD – VIDEOFILMACION – CUESTIONES DE HECHO Y PRUEBA – PROCEDIMIENTO PENAL – IMPROCEDENCIA – FLAGRANCIA – PROCEDIMIENTO POLICIAL
En el caso, corresponde confirmar el decisorio de grado en cuanto dispuso no hacer lugar a los planteos de nulidad introducidos por la Defensa de uno de los imputados. La Defensa planteó la nulidad de las dos videograbaciones efectuadas por personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en ocasión de la presunta comisión del ilícito de cohecho activo desplegado por parte de los imputados, por considerar que habían sido incorporadas sin pericia, sin cadena de custodia, sin origen verificado ni autorización judicial previa, configurándose dicho material en una prueba ilegal. Corresponde destacar que los registros fílmicos en cuestión fueron practicados por una funcionaria policial uniformada, en pleno ejercicio de sus funciones en el marco de un procedimiento que tuvo inicio a raíz de un control vehicular en la vía pública, cuya intervención continuó en virtud de la comisión en flagrancia de los hechos delictivos aquí investigados, esto es, cohecho activo y falsificación de documento público. Ahora bien, ante los comportamientos ilícitos que se estaban perpetrando ante su persona, no luce desproporcionada la actuación llevada a cabo por la Principal de la Policía de la Ciudad, la que realizó con el objeto de asegurar la prueba conducente a documentar y sustentar lo observado. Tampoco la forma en que fue registrada importa la restricción de derechos de las personas imputadas. Precisamente, no se trató de una filmación subrepticia e invasiva de un ámbito privado, sino que se capturaron imágenes de un accionar flagrante, acaecido frente a un funcionario público en ejercicio de sus funciones, en la vía pública, a plena luz del día, e incluso, ante la vista de cualquier transeúnte que pudiera transitar por el lugar. Asimismo, dicho material, cuyo contenido en sí no fue impugnado, estuvo a disposición de las partes en todo momento, a fin de que pudieran evaluarlo y de efectuar las medias de prueba que se considerasen pertinentes –verbigracia, las pericias, cuya ausencia reclama el recurrente–. Por lo demás, nuestro ordenamiento adjetivo contempla el principio de amplitud probatoria a efectos de acreditar, por cualquier medio de prueba, los hechos y circunstancias de interés del caso (artículo 113 del Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires).
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 59557. Autos: N. M., G. J. y otros Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dra. Carla Cavaliere 23-06-2025.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
ENCUBRIMIENTO – COHECHO ACTIVO – PENA EN SUSPENSO – ESCALA PENAL – DERECHO PROCESAL PENAL – CUESTIONES DE HECHO Y PRUEBA – PRISION PREVENTIVA – PROCEDENCIA – CALIFICACION DEL HECHO – ASOCIACION ILICITA
En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso la prisión preventiva de los imputados en la presente causa. La Defensa sostuvo que la pena mínima de la escala prevista para la calificación jurídica escogida es de tres años, por lo que, dada la ausencia de antecedentes condenatorios, en caso de recaer condena la pena podría ser dejada en suspenso. En efecto, de la calificación provisoria de los hechos realizada por la Fiscalía, surge que la escala penal de la posible pena va de los tres a los dieciséis años de prisión. En ese contexto, no se pierde de vista que el mínimo de la escala permitiría que una eventual condena quede en suspenso, máxime cuando los encausados carecen de antecedentes, pero tampoco puede soslayarse, como bien pusieron de relieve los distintos representantes del Ministerio Público Fiscal que intervinieron, que por las circunstancias -gravedad de los hechos y calidad de funcionarios públicos de los imputados- parece bastante plausible que la pena pudiese ser superior al mínimo de la escala, supuesto en el cual la condena sería de cumplimiento efectivo. En esta línea, ya he tenido oportunidad de sostener que aún en casos donde de acuerdo al mínimo de la pena en expectativa una eventual condena pueda quedar en suspenso (si el imputado carece de antecedentes), la prisión preventiva puede resultar procedente si concurren otros riesgos procesales en una magnitud muy elevada, a punto tal que no es posible neutralizarlos con medidas cautelares de menor intensidad.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 59255. Autos: NN.,NN Sala: III Del voto de Dra. Patricia A. Larocca 14-05-2025.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
ENCUBRIMIENTO – COHECHO ACTIVO – DERECHO PROCESAL PENAL – TIPO PENAL – CUESTIONES DE HECHO Y PRUEBA – PRISION PREVENTIVA – PROCEDENCIA – CALIFICACION DEL HECHO
En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso la prisión preventiva de los imputados en la presente causa. La Defensa sostuvo que el encubrimiento agravado que se les reprocha a sus asistidos es incorrecto, porque dicha figura penal requiere que exista un delito previo cometido por una persona distinta de quien encubre y ello no ocurre en el caso. Sin embargo, el planteo de la Defensa no resulta acertado. Así, cabe destacar que, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, lo que estarían intentando encubrir los imputados a través de su accionar son hechos delictivos cometidos en el pasado por terceros (agentes de seguridad, individuos privados, etc.) y ello surge de las evidencias colectadas hasta el momento. En efecto, se deduce de las conversaciones mantenidas por los imputados con el agente revelador que su interés es frustrar o impedir procedimientos policiales en casas de cambio ilegales, es decir, procedimientos futuros que, sin lugar a dudas, podrían tener origen en hechos delictivos cometidos en el pasado, no sólo relativos a la Ley Penal Cambiaria Nº 19.359, sino inclusive cohecho u otras figuras, ya que se escucha a los interlocutores mencionar que conocen qué agentes de distintas fuerzas de seguridad hacen rondas por dichos lugares -las casas de cambio ilegales- ofreciendo servicios de protección a cargo de dinero.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 59255. Autos: NN.,NN Sala: III Del voto de Dra. Patricia A. Larocca 14-05-2025.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
ENCUBRIMIENTO – COHECHO ACTIVO – INTENCION DE ENTORPECER LA INVESTIGACION JUDICIAL – MEDIDAS CAUTELARES – DERECHO PROCESAL PENAL – CUESTIONES DE HECHO Y PRUEBA – PRISION PREVENTIVA – PROCEDENCIA – ASOCIACION ILICITA
En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso la prisión preventiva de los imputados en la presente causa. La Defensa sostuvo que los riesgos procesales requeridos para dictar una medida cautelar no se encuentran acreditados. Puntualmente, expuso que los argumentos utilizados para sostener que el proceso puede verse entorpecido son abstractos y potenciales y que no hay una imputación concreta de haber procedido efectivamente a obstruir investigación judicial alguna. Sin embargo, las características propias de los hechos que la Fiscalía les atribuye (y que han sido provisoriamente acreditados) dan cuenta de que el accionar de los imputados habría estado dirigido a frustrar o impedir el avance de investigaciones penales a cambio de dinero, por lo que resulta plausible la conclusión de que, en aras de lograr su propia impunidad, podrían intentar también obstaculizar el avance de esta pesquisa. En este sentido deviene razonable intentar evitar por todos los medios que los imputados tengan comunicación con otros eventuales miembros de la organización, y la única manera de garantizarlo es con el encierro cautelar en prisión.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 59255. Autos: NN.,NN Sala: III Del voto de Dra. Patricia A. Larocca 14-05-2025.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
ENCUBRIMIENTO – COHECHO ACTIVO – DERECHO PROCESAL PENAL – CUESTIONES DE HECHO Y PRUEBA – PRISION PREVENTIVA – PLAZO – ASOCIACION ILICITA
En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso la prisión preventiva de los imputados en la presente causa. La Defensa criticó que no se haya puesto un límite temporal a la prisión preventiva, por cuanto dicha medida no es una pena aplicada en forma anticipada y, por lo tanto, debe ser provisoria. Sin embargo, la magnitud del riesgo procesal que se advierte en la actualidad justifica extender la prisión preventiva hasta tanto cesen el peligro de fuga y el de entorpecimiento del proceso que justifican su dictado, al menos de momento; y nada obsta a que en el futuro la Defensa pueda solicitar la morigeración de la medida o incluso la libertad, en caso de estimar que se modificaron las circunstancias actuales.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 59255. Autos: NN.,NN Sala: III Del voto de Dra. Patricia A. Larocca 14-05-2025.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
COHECHO ACTIVO – COHECHO PASIVO – DEBIDO PROCESO LEGAL – FALTA DE ORDEN DEL JUEZ – FACULTADES DEL FISCAL – NULIDAD PROCESAL – DETENCION – LICENCIA DE CONDUCIR – IMPROCEDENCIA – PROCEDENCIA – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – FLAGRANCIA – COHECHO – PROCEDIMIENTO POLICIAL – INTERVENCION DE LINEA TELEFONICA – FALSEDAD IDEOLOGICA
En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que declaró la nulidad del procedimiento policial y rechazó el peritaje sobre los dispositivos electrónicos secuestrados. Las actuaciones fueron iniciadas a través de la denuncia realizada por personal a cargo de la Dirección General de Habilitación de Infracciones del Gobierno de la Ciudad, el cual refirió haber tomado conocimiento de que un agente de su repartición facilitaba de manera irregular y a cambio de una remuneración, la obtención de la licencias de conducir a personas que no podían obtenerlas por no haber superado los exámenes médicos pertinentes. Las conductas investigadas fueron calificadas como cohecho pasivo (artículo 256 del Código Penal) en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica (artículo 293 primer párrafo del Código Penal). La Jueza dispuso la nulidad del procedimiento argumentando que la detención de los imputados se llevó a cabo sin la debida orden judicial, afectándose el debido proceso legal y la libertad de las personas. La Fiscalía se agravió contra dicha resolución sobre la base de que el delito se había cometido en flagrancia, configurándose así, la excepción prevista en el artículo 164 del Código Procesal Penal de la Ciudad por la cual se puede disponer la detención de una persona, sin requerir para ello una orden judicial. Ahora bien, a través de varias escuchas telefónicas previas la Fiscalía había tomado conocimiento acerca del encuentro de los encartados con el objeto de llevar a cabo los delitos investigados. El personal policial que dispuso la detención de los imputados tenía orden de la Fiscalía de detener a los mismos en caso de advertir su presencia, por lo que difícilmente pueda sostenerse que la detención fue producto de las maniobras presuntamente ilícitas detectadas por aquellos, sino que previamente ya estaba establecido el temperamento a adoptar. Lo que correspondía era que la solicitud de detención fuera requerida ante el Juzgado de Garantías correspondiente que se encontraba interviniendo y había otorgado la orden de escucha telefónica a raíz de la cual se obtuvieron los datos que hicieron presumir la comisión del delito. A partir de lo expuesto, no resta más que afirmar la máxima constitucional de que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente (artículo 18 Constitución Nacional).
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 52918. Autos: O., y otros Sala: I Del voto de Dr. José Saez Capel, Dra. Elizabeth Marum 25-08-2023.
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COHECHO ACTIVO – COHECHO PASIVO – DEBIDO PROCESO LEGAL – FALTA DE ORDEN DEL JUEZ – FACULTADES DEL FISCAL – NULIDAD PROCESAL – DENUNCIA – DETENCION – LICENCIA DE CONDUCIR – IMPROCEDENCIA – PROCEDENCIA – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – FLAGRANCIA – COHECHO – REQUISA – JUECES NATURALES – INTERVENCION DE LINEA TELEFONICA
En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso declarar la nulidad del procedimiento policial efectuado y el rechazo del peritaje sobre los dispositivos electrónicos secuestrados. Las actuaciones fueron iniciadas a través de la denuncia realizada por personal a cargo de la Dirección General de Habilitación de Infracciones del Gobierno de la Ciudad, el cual refirió haber tomado conocimiento de que un agente de su repartición facilitaba de manera irregular y a cambio de una remuneración, la obtención de la licencias de conducir a personas que no podían obtenerlas por no haber superado los exámenes médicos pertinentes. Las conductas investigadas fueron calificadas como cohecho pasivo (artículo 256 del Código Penal) en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica (artículo 293 primer párrafo del Código Penal). La Jueza dispuso la nulidad del procedimiento por violación de la garantía del Juez natural, toda vez que la Fiscalía, sin orden judicial, procedió a detener a los imputados, sustrayendo el caso de la intervención de su Juzgado. La Fiscalía se agravió afirmando que no se había vulnerado la garantía del juez natural ya que al momento de la detención de los encartados, se había dado intervención al juzgado de turno, que se estaba ante la comisión de un hecho delictivo. En dicho sentido, manifestó que la violación que se alegaba de juez natural era meramente abstracta ya que la única intervención de la Titular del juzgado había sido anoticiarse de la detención ordenada por el Fiscal y de la soltura de los detenidos dispuesta dentro del plazo legal de 48 horas. Ahora bien, entendemos que la Magistrada de grado era la única capaz de disponer la orden de detención de los imputados, teniendo en cuenta que los mismos se encontraban investigados a través de las intervenciones telefónicas resueltas por su parte. La Fiscalía, en vez de requerirle a la Juez competente las medidas pertinentes del artículo 184 Código Procesal de la Ciudad, procedió a detener y requisar a los encartados únicamente con autorización fiscal, manifestando que se trataba de un delito cometido en flagrancia, como si se tratara de un hecho ilícito cometido sorpresivamente, cuando en verdad ya esperaban de antemano su perpetración debido a los datos obtenidos a partir de la intervención telefónica ordenada por la Titular del juzgado interviniente. Ninguna norma procesal y mucho menos constitucional habilitaba al órgano acusador a proceder de tal modo, no siendo suficiente la notificación de lo acontecido al Juzgado de turno, con el objeto de subsanar las irregularidades cometidas.
DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 52918. Autos: O., y otros Sala: I Del voto de Dr. José Saez Capel, Dra. Elizabeth Marum 25-08-2023.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
