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FRAUDE – PLATAFORMA DIGITAL – IMPUTACION DE PAGO – DESCONOCIMIENTO DE DEUDA – PHISHING – ORGANIZACION VERAZ – TRANSFERENCIA ELECTRONICA – BILLETERA VIRTUAL – REGISTROS ESPECIALES – MEDIDAS CAUTELARES – DAÑOS Y PERJUICIOS – BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA – VEROSIMILITUD DEL DERECHO INVOCADO – PROCEDENCIA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – RELACION DE CONSUMO – DEUDOR – PRESTAMO PERSONAL – ESTAFA

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora, y ordenó a la empresa demandada -prestadora de servicios financieros digitales-, que suspendiera el cobro del préstamo personal cuya contratación se encontraba desconocida, y se abstuviera de informar al actor como deudor ante la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina y ante administradores privados de datos o, en su caso, rectificara la calificación correspondiente a la acreencia discutida. La demandada en sus agravios sostuvo que la determinación de la estafa denunciada requiere una mayor amplitud probatoria; y que la medida cautelar fue concedida exclusivamente sobre la base de los dichos del accionante. Ahora bien, la controversia no se circunscribe únicamente a determinar de qué modo se habría concretado la maniobra fraudulenta denunciada por el actor, ni a establecer si aquella fue ejecutada materialmente por terceros. Antes bien, uno de los aspectos centrales del litigio consiste en dilucidar el origen y la regularidad del crédito que posteriormente fue registrado en la cuenta del actor, cuya contratación desconoce, así como la legitimidad de los débitos y de las consecuencias crediticias derivadas de dicha obligación. De las constancias incorporadas hasta el momento surge, con el grado de probabilidad exigible en esta instancia, que el actor denunció oportunamente la maniobra de la que afirmó haber sido víctima y formuló los correspondientes reclamos. Asimismo, se encuentra documentado que la propia demandada restituyó posteriormente una de las sumas transferidas durante aquel episodio bajo el concepto “Devolución de dinero – Compra protegida”. A ello se añade que, con posterioridad, se registró en la cuenta del accionante un crédito cuya contratación éste desconoce y respecto del cual se habrían efectuado débitos y generado consecuencias desfavorables en su situación crediticia. Tales elementos, valorados en conjunto y con la provisionalidad propia de esta etapa procesal, resultan suficientes para tener por configurada la verosimilitud del derecho invocado, sin que ello importe emitir juicio definitivo acerca de la existencia y legitimidad de la deuda ni de la eventual responsabilidad de la demandada.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 63655. Autos: Luna, Edgardo Sebastían Sala: I Del voto de Dr. Pablo C. Mántaras, Dra. Fabiana Schafrik, Dr. Carlos F. Balbín 24-08-2026.

Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora, y ordenó a la empresa demandada -prestadora de servicios financieros digitales-, que suspendiera el cobro del préstamo personal cuya contratación se encontraba desconocida, y se abstuviera de informar al actor como deudor ante la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina y ante administradores privados de datos o, en su caso, rectificara la calificación correspondiente a la acreencia discutida. En efecto, la demandada recurrente sostiene que las operaciones habrían sido realizadas desde un dispositivo utilizado habitualmente por el actor y desde una ubicación geográfica compatible con sus antecedentes de utilización, que los mecanismos de seguridad de la cuenta se encontraban activos y que no existió una vulneración externa de sus sistemas. Sin embargo, tales afirmaciones no permiten, por sí solas, tener por acreditada en esta instancia liminar la existencia de una manifestación de voluntad válida del consumidor. En particular, la circunstancia de que una operación hubiera sido cursada desde un dispositivo asociado al usuario o desde una ubicación compatible con sus antecedentes de utilización constituye un elemento que deberá ser ponderado al momento de resolver el fondo del litigio, conjuntamente con la restante prueba que se produzca. Además, no debe perderse de vista que de las constancias incorporadas a la causa surge que el actor denunció oportunamente la maniobra de la que afirmó haber sido víctima y formuló los correspondientes reclamos; que la demandada restituyó posteriormente una de las sumas transferidas durante aquel episodio bajo el concepto “Devolución de dinero – Compra protegida”; y que con posterioridad, se registró en la cuenta del accionante un crédito cuya contratación éste desconoce y respecto del cual se habrían efectuado débitos y generado consecuencias desfavorables en su situación crediticia.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora, y ordenó a la empresa demandada -prestadora de servicios financieros digitales-, que suspendiera el cobro del préstamo personal cuya contratación se encontraba desconocida, y se abstuviera de informar al actor como deudor ante la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina y ante administradores privados de datos o, en su caso, rectificara la calificación correspondiente a la acreencia discutida. En efecto, la demandada recurrente sostiene que las operaciones habrían sido realizadas desde un dispositivo utilizado habitualmente por el actor y desde una ubicación geográfica compatible con sus antecedentes de utilización, que los mecanismos de seguridad de la cuenta se encontraban activos y que no existió una vulneración externa de sus sistemas. Sin embargo, no resulta suficiente, en el limitado marco cognoscitivo propio de una medida cautelar, para descartar la apariencia del derecho invocado cuando precisamente se encuentra controvertida la autenticidad y regularidad de la contratación. En efecto, la circunstancia de que la determinación definitiva de tales extremos requiera mayor debate y prueba no resulta suficiente, en este estado del proceso, para desvirtuar la apariencia del derecho que surge de los elementos hasta aquí incorporados. Desde esa perspectiva, y sin que ello implique anticipar juicio alguno acerca de la responsabilidad definitiva de la demandada, la solución adoptada en la instancia anterior aparece razonablemente dirigida a preservar la situación existente mientras se esclarece la legitimidad de la acreencia controvertida. No debe perderse de vista que de las constancias incorporadas a la causa surge que el actor denunció oportunamente la maniobra de la que afirmó haber sido víctima y formuló los correspondientes reclamos; que la demandada restituyó posteriormente una de las sumas transferidas durante aquel episodio bajo el concepto “Devolución de dinero – Compra protegida”; y que con posterioridad, se registró en la cuenta del accionante un crédito cuya contratación éste desconoce y respecto del cual se habrían efectuado débitos y generado consecuencias desfavorables en su situación crediticia.

FRAUDE – PLATAFORMA DIGITAL – IMPUTACION DE PAGO – DESCONOCIMIENTO DE DEUDA – PHISHING – ORGANIZACION VERAZ – TRANSFERENCIA ELECTRONICA – BILLETERA VIRTUAL – REGISTROS ESPECIALES – MEDIDAS CAUTELARES – PELIGRO EN LA DEMORA – DAÑOS Y PERJUICIOS – BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA – PROCEDENCIA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – RELACION DE CONSUMO – DEUDOR – PRESTAMO PERSONAL – ESTAFA

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora, y ordenó a la empresa demandada -prestadora de servicios financieros digitales-, que suspendiera el cobro del préstamo personal cuya contratación se encontraba desconocida, y se abstuviera de informar al actor como deudor ante la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina y ante administradores privados de datos o, en su caso, rectificara la calificación correspondiente a la acreencia discutida. La demandada en sus agravios sostuvo que no se encuentra configurado el peligro en la demora, en tanto no existirían razones que impidan aguardar al dictado de la sentencia definitiva. Ahora bien, la continuidad de los débitos y de las gestiones de cobro, así como el mantenimiento o eventual agravamiento de una calificación crediticia desfavorable, resultan susceptibles de producir consecuencias actuales sobre el patrimonio y el acceso al crédito del actor durante la sustanciación del proceso. En ese marco, la circunstancia alegada por la recurrente relativa a que los perjuicios invocados serían de naturaleza patrimonial y, por ende, susceptibles de reparación ulterior, no basta para descartar el recaudo bajo examen. En efecto, lo que la tutela procura evitar no se limita a la eventual pérdida de determinadas sumas de dinero, sino también a que, durante la tramitación del proceso, se consoliden o agraven las consecuencias derivadas de una deuda cuya existencia y legitimidad constituyen, precisamente, materia de controversia. Por lo demás, cabe señalar que la medida dispuesta no importa cancelar definitivamente la eventual acreencia ni resolver anticipadamente la cuestión de fondo. Se limita a suspender su cobro y a impedir que la situación crediticia del actor continúe viéndose afectada por la obligación discutida. No debe perderse de vista que de las constancias incorporadas a la causa surge que el actor denunció oportunamente la maniobra de la que afirmó haber sido víctima y formuló los correspondientes reclamos; que la demandada restituyó posteriormente una de las sumas transferidas durante aquel episodio bajo el concepto “Devolución de dinero – Compra protegida”; y que con posterioridad, se registró en la cuenta del accionante un crédito cuya contratación éste desconoce y respecto del cual se habrían efectuado débitos y generado consecuencias desfavorables en su situación crediticia.

IMPUTACION DE PAGO – SUJETO PASIVO DE LA OBLIGACION – FALTA DE SUSTANCIACION – NULIDAD – IMPOSICION DE COSTAS – PERITO TRADUCTOR – REGULACION DE HONORARIOS – CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – INVESTIGACION PENAL PREPARATORIA

En el caso, corresponde anular la resolución que dispuso la regulación de honorarios del perito traductor (conf. art. 77 CPP) y devolver los actuados a primera instancia para que, previo a resolver, sustancie la incidencia con todos los posibles obligados al pago de los honorarios del perito traductor. El Juez reguló honorarios del perito en la suma total $5.595.842 cuya satisfacción quedó a cargo del Consejo de la Magistratura de esta Ciudad (CMCABA). Contra lo decidido, el obligado al pago apeló. Señaló que la imposición de los honorarios al CMCABA se apartó de la ley, dado que la labor de la intérprete se desarrolló exclusivamente en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, que cuenta con autarquía presupuestaria según Ley Nº 1.903. Agregó que si bien el CMCABA tiene a su cargo el registro de los auxiliares de justicia, esa función no conlleva el deber de afrontar los honorarios en cada caso concreto, pues ello implicaría la derogación de las disposiciones procesales en materia de costas. En cambio, dijo que el gasto debía ser soportado por quien lo generó. Ahora bien, corresponde señalar que, si bien existe una regulación de honorarios profesionales que ha sido oportunamente impugnada, el estado procesal de las actuaciones evidencia que aún no se ha adoptado decisión alguna respecto de la imposición de costas, conforme lo previsto por los artículos 355 y concordantes del Código Procesal Penal de la Ciudad. A ello se suma que el auto apelado no se limitó a fijar el monto de los honorarios, sino que además determinó que su pago debía ser afrontado por el Consejo de la Magistratura. En tales condiciones, mientras no exista un pronunciamiento firme al respecto, no se encuentra determinado quién habrá de soportar, en último término, el pago de los honorarios regulados. Por ello, antes de avanzar en la fijación definitiva de los emolumentos o en cualquier decisión susceptible de afectar patrimonialmente a los eventuales obligados, el magistrado actuante debe convocar a todos aquellos sujetos que pudieran resultar alcanzados por dicha obligación, a fin de otorgarles la oportunidad de expedirse sobre la procedencia de la regulación, su cuantía y, especialmente, sobre la determinación del sujeto pasivo de la obligación. Solo una vez cumplido dicho trámite podrá adoptarse una decisión válida respecto de la regulación de honorarios y de la persona obligada a su pago.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 63510. Autos: NN.,NN Sala: IV Del voto de Dr. Javier Alejandro Buján, Dr. Gonzalo E. D. Viña 01-09-2026.

IMPUTACION DE PAGO – SUJETO PASIVO DE LA OBLIGACION – FALTA DE SUSTANCIACION – NULIDAD – DEBIDO PROCESO – PERITO TRADUCTOR – REGULACION DE HONORARIOS – CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – INVESTIGACION PENAL PREPARATORIA

En el caso, corresponde anular la resolución que dispuso la regulación de honorarios del perito traductor (conf. art. 77 CPP) y devolver los actuados a primera instancia para que, previo a resolver, sustancie la incidencia con todos los posibles obligados al pago de los honorarios del perito traductor. El Juez reguló honorarios del perito en la suma total $5.595.842 cuya satisfacción quedó a cargo del Consejo de la Magistratura de esta Ciudad (CMCABA). Contra lo decidido, el obligado al pago apeló. Señaló que la imposición de los honorarios al CMCABA se apartó de la ley, dado que la labor de la intérprete se desarrolló exclusivamente en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, que cuenta con autarquía presupuestaria según Ley Nº 1.903. Agregó que si bien el CMCABA tiene a su cargo el registro de los auxiliares de justicia, esa función no conlleva el deber de afrontar los honorarios en cada caso concreto, pues ello implicaría la derogación de las disposiciones procesales en materia de costas. En cambio, dijo que el gasto debía ser soportado por quien lo generó. Ahora bien, se advierte que el órgano ahora obligado al pago de los honorarios no ha sido citado al proceso, de modo que no pudo ejercer su derecho a controvertir la naturaleza y fuente de la obligación, ni su extensión, pues existió un pronunciamiento sin la sustanciación previa de dicha controversia. De tal forma, en orden al trámite impreso por el juez de grado, el auto apelado se ha aparatado de las formas que regulan la incidencia, circunstancia contraria al debido proceso que, como garantía constitucional, ampara a todas las partes en juicio (Fallos 199:617; 299:17; 328:1874 y 342:624, entre muchos otros), desde que para arribar a su decisión omitió el procedimiento adecuado para su tratamiento.

IMPUTACION DE PAGO – PARTES – RECURSOS PRESUPUESTARIOS – HONORARIOS DEL PERITO – CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES – FALTA DE IMPOSICION DE COSTAS – COSTAS PROCESALES – INVESTIGACION PENAL PREPARATORIA – GASTOS DEL PROCESO – MINISTERIO PUBLICO FISCAL

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado que dejó el pago de los honorarios de la perito en cabeza del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CMCABA) y, en consecuencia, imponer su pago al Ministerio Público Fiscal. En el curso de la investigación penal preparatoria, el Fiscal ordenó la realización de un examen pericial caligráfico. En función de dicho resultado dispuso el archivo del caso por atipicidad respecto de las dos personas imputadas. Luego, se presentó la profesional ante la Fiscalía y solicitó que se regularan sus honorarios por la labor cumplida. Dicha petición fue remitida a conocimiento del juzgado interviniente cuya titular reguló lo honorarios e indicó que el pago debía ser afrontado por el CMCABA por entender que no existió un condenado en costas y es el órgano del Poder Judicial encargado de “proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley le asigne al Poder Judicial” (conf. artículo 116, inciso 6°, de la CCABA). El CMCABA apeló. En su agravio indicó que la imposición de los honorarios a ese órgano resultaba arbitraria, dado que la labor de la perito se desarrolló exclusivamente en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, que cuenta con autarquía presupuestaria según Ley N°1903. Agregó que si bien el CMCABA tenía a su cargo el registro de los auxiliares de justicia, ello no implicaba el deber de pagar los honorarios en cada caso particular, pues ello se traduciría en la derogación de las disposiciones procesales en materia de costas. En cambio, dijo que el gasto debía ser soportado por quien lo generó. En efecto, el estipendio en cuestión constituye un gasto en el que la acusación incurrió como consecuencia directa de la tramitación de la pesquisa, como también pueden serlo las tasas judiciales, los honorarios de abogados, erogaciones derivadas de la producción de prueba, etc. Esas erogaciones conforman lo que se conoce como costas procesales (conf., por todos, Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Tomo II, 5.ª ed. actualizada, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2022, pp. 1232-1233) y, en tanto que tales, deben ser soportadas por las partes (conf. art. 356 CPP). De ese modo, desde que el CMCABA no es parte en el proceso, no debe soportar sus costas. Por el contrario, dicho órgano tiene la función de “proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley le asigne al Poder Judicial” (116 inc. 6° CCABA), por lo tanto, en lo que a gastos se refiere, su deber jurídico se agota en asegurar el derecho a la jurisdicción (conf. art. 12 CCABA) mediante el sufragio de todo aquello que sea necesario para la constitución del proceso como, entre muchos otros, los honorarios de un intérprete (conf. esta Sala in re “Dutt, Arquesh”; caso. n° 60580/2023- 1; rto. el 29/2/2024). Acierta el recurrente, entonces, cuando señala que no se encuentra dentro de sus competencias y deberes sufragar los gastos en los que las partes incurran para dar sustento a sus pretensiones, como aquí se intenta.

DATOS: Cámara de Apelaciones Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y Faltas Causa Nro: 60444. Autos: Personal Policial, comisaria vecinal Sala: IV Del voto de Dr. Gonzalo E. D. Viña, Dra. Luisa María Escrich 22-09-2025.

IMPUTACION DE PAGO – HONORARIOS DEL PERITO – CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES – FALTA DE IMPOSICION DE COSTAS – COSTAS PROCESALES – INVESTIGACION PENAL PREPARATORIA – GASTOS DEL PROCESO – MINISTERIO PUBLICO FISCAL

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado que dejó el pago de los honorarios de la perito en cabeza del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CMCABA) y, en consecuencia, imponer su pago al Ministerio Público Fiscal. En el curso de la investigación penal preparatoria, el Fiscal ordenó la realización de un examen pericial caligráfico. En función de dicho resultado dispuso el archivo del caso por atipicidad respecto de las dos personas imputadas. Luego, se presentó la profesional ante la Fiscalía y solicitó que se regularan sus honorarios por la labor cumplida. Dicha petición fue remitida a conocimiento del juzgado interviniente cuya titular reguló lo honorarios e indicó que el pago debía ser afrontado por el CMCABA por entender que no existió un condenado en costas y es el órgano del Poder Judicial encargado de “proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley le asigne al Poder Judicial” (conf. artículo 116, inciso 6°, de la CCABA). El CMCABA apeló. En su agravio indicó que la imposición de los honorarios a ese órgano resultaba arbitraria, dado que la labor de la perito se desarrolló exclusivamente en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, que cuenta con autarquía presupuestaria según Ley N°1903. Agregó que si bien el CMCABA tenía a su cargo el registro de los auxiliares de justicia, ello no implicaba el deber de pagar los honorarios en cada caso particular, pues ello se traduciría en la derogación de las disposiciones procesales en materia de costas. En cambio, dijo que el gasto debía ser soportado por quien lo generó. Ahora bien, toda pesquisa genera erogaciones propias de su tramitación, tal es así que la propia ley de rito prevé el anticipo de aquellas con relación al imputado y los sujetos procesales que gocen del beneficio de pobreza (conf. art. 354 CPP). En ese entendimiento, a lo largo del trámite, cada parte deberá soportar las erogaciones que de su propia conducta deriven y en la decisión que ponga término al proceso o a un incidente se determinará cuál es, en definitiva, el sujeto obligado al pago (art. 355 y 356 CPP). Ello, a excepción del Ministerio Público Fiscal, pues el artículo 357 del Código Procesal Penal CABA veda la posibilidad de que esa parte sea condenada en costas, lo cual, sin embargo, no la deja a salvo del deber de afrontar los costos en que incurre por su propia decisión y hasta tanto no se haya dirimido la responsabilidad sobre las costas (nuevamente, art. 356 CPP). Entonces, solo podrá librarse de afrontar los gastos que ocasionó (sean estos honorarios profesionales o cualquier otro costo), o repetir el pago que ya hubiera cancelado, si su adversaria es condenada en costas. Pero si nada de ello ocurre, ya sea por el singular modo de culminación del proceso, por la eximición de costas a la vencida o porque aquellas se impusieron por el orden causado, cada parte se verá obligada a sufragar sus gastos.

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado que dejó el pago de los honorarios de la perito en cabeza del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CMCABA) y, en consecuencia, imponer su pago al Ministerio Público Fiscal. En el curso de la investigación penal preparatoria, el Fiscal ordenó la realización de un examen pericial caligráfico. En función de dicho resultado dispuso el archivo del caso por atipicidad respecto de las dos personas imputadas. Luego, se presentó la profesional ante la Fiscalía y solicitó que se regularan sus honorarios por la labor cumplida. Dicha petición fue remitida a conocimiento del juzgado interviniente cuya titular reguló lo honorarios e indicó que el pago debía ser afrontado por el CMCABA por entender que no existió un condenado en costas y es el órgano del Poder Judicial encargado de “proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley le asigne al Poder Judicial” (conf. artículo 116, inciso 6°, de la CCABA). El CMCABA apeló. En su agravio indicó que la imposición de los honorarios a ese órgano resultaba arbitraria, dado que la labor de la perito se desarrolló exclusivamente en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, que cuenta con autarquía presupuestaria según Ley N°1903. Agregó que si bien el CMCABA tenía a su cargo el registro de los auxiliares de justicia, ello no implicaba el deber de pagar los honorarios en cada caso particular, pues ello se traduciría en la derogación de las disposiciones procesales en materia de costas. En cambio, dijo que el gasto debía ser soportado por quien lo generó. En efecto, los honorarios de la profesional deben ser soportados por el Ministerio Público Fiscal, dado que posee autonomía funcional y autarquía financiera legitimada para afrontar los emolumentos cuestionados. Tal es así que la ley n° 1903 le reconoce atribuciones propias, como “elaborar y remitir al Plenario del Consejo de la Magistratura, a través de la Comisión de Administración y Financiera, el anteproyecto de presupuesto anual y el plan anual de compras” (conf .art. 22, in. 4°, de la ley n° 1903), pudiendo solicitar la reasignación de partidas presupuestarias (conf. art. 24 de la referida ley n° 1903). En efecto, la representación de la profesional que actuó en estas actuaciones le incumbe al Ministerio Público Fiscal ya que fue quien requirió la realización del cuerpo de escritura en el marco de la investigación penal, y que sirvió para definir la suerte del caso (se archivó en los términos del art. 212 inc. “a” CPP). Por lo tanto, no se observa motivo alguno para que las sumas reguladas en concepto de honorarios sean afrontados por el Consejo de la Magistratura local.

IMPUTACION DE PAGO – INTERPRETACION DE LA NORMA – HONORARIOS DEL PERITO – CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES – FALTA DE IMPOSICION DE COSTAS – COSTAS PROCESALES – INVESTIGACION PENAL PREPARATORIA – GASTOS DEL PROCESO – MINISTERIO PUBLICO FISCAL – JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

En el caso, corresponde revocar la decisión de grado que dejó el pago de los honorarios de la perito en cabeza del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CMCABA) y, en consecuencia, imponer su pago al Ministerio Público Fiscal. En el curso de la investigación penal preparatoria, el Fiscal ordenó la realización de un examen pericial caligráfico. En función de dicho resultado dispuso el archivo del caso por atipicidad respecto de las dos personas imputadas. Luego, se presentó la profesional ante la Fiscalía y solicitó que se regularan sus honorarios por la labor cumplida. Dicha petición fue remitida a conocimiento del juzgado interviniente cuya titular reguló lo honorarios e indicó que el pago debía ser afrontado por el CMCABA por entender que no existió un condenado en costas y es el órgano del Poder Judicial encargado de “proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley le asigne al Poder Judicial” (conf. artículo 116, inciso 6°, de la CCABA). El CMCABA apeló. En su agravio indicó que la imposición de los honorarios a ese órgano resultaba arbitraria, dado que la labor de la perito se desarrolló exclusivamente en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, que cuenta con autarquía presupuestaria según Ley N°1903. Agregó que si bien el CMCABA tenía a su cargo el registro de los auxiliares de justicia, ello no implicaba el deber de pagar los honorarios en cada caso particular, pues ello se traduciría en la derogación de las disposiciones procesales en materia de costas. En cambio, dijo que el gasto debía ser soportado por quien lo generó. Ahora bien, en el presente, el CMCABA fue citado como consecuencia de una interpretación errónea del artículo 357 del Código Procesal Penal CABA, dado que dicho artículo está dirigido a eximir de imposición de costas a los/as funcionarios/as del Ministerio Público que intervengan en el proceso en determinadas circunstancias, pero no así para eludir el pago de los gastos generados por la tramitación del caso. Así, hacerse cargo de los costos que un litigante genera no es lo mismo que ser condenado en costas. Solventar los costos que genera cada parte es lo que a ella le toca en ausencia de condena en costas. Dicha postura fue sostenida por el Dr. Lozano en el precedente "Mariano Moreno" (cf. TSJ cn° 10939/14 “Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Incidente de regulación de honorarios en autos Moreno, Mariano s/ infr. art. 181, inc. 1, usurpación (despojo), CP”; rto. 15/4/2015). En definitiva, la regulación de honorarios practicada se apartó del procedimiento aplicable, por lo que debe revocarse la resolución e imponer el pago de los honorarios profesionales en cabeza del Ministerio Público Fiscal.

IMPUTACION DE PAGO – PRUEBA DEL PAGO – EFECTOS LIBERATORIOS DEL PAGO – CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES – REGIMEN – ERROR – EJECUCION FISCAL – ALCANCES – IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS – CONVENIO MULTILATERAL – TRIBUTOS – IMPROCEDENCIA – EXCEPCION DE PAGO – PAGO DOCUMENTADO – PAGO POR ERROR – REQUISITOS – EXCEPCIONES PROCESALES

En el caso, corresponde revocar la sentencia de grado y, en consecuencia, rechazar la excepción de pago opuesta por la demandada, y mandar llevar adelante la presente ejecución fiscal hasta hacer íntegro el pago al Gobierno de la Ciudad de la deuda reclamada en concepto de Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, debiendo tenerse presente las sumas ya ingresadas por la demandada conforme surge de autos. El Gobierno actor se agravió por considerar que no se encontraba acreditado el pago de la deuda reclamada, toda vez que la ejecutada había confeccionado un Volante Electrónico de Pago -VEP-, correspondiente a los períodos mencionados, bajo un régimen diferente del cual resultaba contribuyente -Régimen General en lugar del Régimen de Convenio Multilateral- encontrándose pendiente de pago la deuda objeto de autos al momento de su inicio. Se desprende de autos que los pagos efectuados por la contribuyente fueron transferidos, en su totalidad a las arcas del Gobierno local el 17/05/18. Si bien los montos abonados por los distintos períodos coinciden con aquellos que aquí se ejecutan, lo cierto es que de las constancias acompañadas se desprende que esas sumas fueron ingresadas bajo un régimen distinto a aquel en el que la ejecutada se hallaba inscripta. En efecto, del informe agregado a autos se advierte que “…para los ejercicios fiscales 10/2017 al 04/2018, [el contribuyente] se encontraba en el tramo Convenio Multilateral” mientras que los pagos que aneja para fundar la excepción fueron efectuados bajo el régimen de contribuyentes locales. Las circunstancias expuestas, sumadas a la previsión normativa contenida en el artículo 454 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, no habilitan la procedencia de una defensa como la opuesta. Ello así, toda vez que allí se dispone que “[l]os pagos efectuados después de iniciado el juicio, los pagos mal imputados por el/la contribuyente o no comunicados por el contribuyente o responsable en la forma que se establezca, no son hábiles para fundar excepción. Acreditado el pago, procede el archivo de los autos o reducción del monto demandado”. Si bien los pagos en cuestión ocurrieron con anterioridad al inicio de la presente ejecución fiscal (17/11/23), lo cierto es que su errónea imputación impidió que ellos quedaran relacionados con la deuda a la cual se los opone. Ahora bien, la improcedencia de la excepción de pago no obsta a que las sumas abonadas por el contribuyente, que efectivamente ingresaron a la órbita del Gobierno local, sean tenidas en consideración. Es que, aún cuando el pago fue ingresado bajo un régimen equivocado, las sumas abonadas coinciden con la deuda que aquí se ejecuta.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 60161. Autos: GCBA Sala: II Del voto de Dr. Marcelo López Alfonsín, Dra. Mariana Díaz 08-07-2025.

IMPUTACION DE PAGO – DESCONOCIMIENTO DE DEUDA – ENTIDADES BANCARIAS – ORGANIZACION VERAZ – INSCRIPCION REGISTRAL – RESPONSABILIDAD SOLIDARIA – INEXISTENCIA DE DEUDA – DEUDAS DE DINERO – CREDITO PRENDARIO – DAÑOS Y PERJUICIOS – BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA – ENTIDADES FINANCIERAS – PROCEDENCIA – DEFENSA DEL CONSUMIDOR – PRESTAMO BANCARIO – RELACION DE CONSUMO – CREDITO BANCARIO

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto al hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios iniciada por la actora en el marco de una relación de consumo, responsabilizó a la entidad bancaria codemandada. La actora tomó un préstamo personal con la entidad bancaria codemandada, y un crédito prendario con la entidad financiera, también codemandada, para adquirir un automóvil. El crédito prendario lo consiguió a través de la entidad bancaria, ya que la financiera se ocupaba que los pagos realizados sean dirigidos al banco. Comenzó a abonar mediante una cuponera provista por la entidad financiera. La entidad bancaria intimó a la actora por la falta de pago de algunas cuotas, y pese a haber acompañado todas las constancias de pago para aclarar la situación -porque la entidad financiera no cumplía con la obligación de informar los pagos en debida forma-, fue informada como deudora en el Sistema de Información Financiera del Banco Central de la República Argentina -BCRA-, además se le debitó de su caja de ahorro montos en concepto de intereses punitorios y moratorios. Ahora bien, la impugnación formulada por la entidad bancaria apelante no constituye una crítica concreta y razonada de los argumentos brindados en la sentencia atacada y no resultan idóneos para conmover lo allí decidido. En efecto, la entidad bancaria sostuvo que el Juez de grado habría arribado a una sentencia condenatoria respecto de su parte, únicamente, por su condición procesal de rebelde; cuando de los términos de su sentencia se desprende, en sentido contrario, que aquel realizó un minucioso examen de las constancias acercadas a la causa y el derecho aplicable al caso, dentro de los lineamientos establecidos en el artículo 56 del Código Procesal para la Justicia en las Relaciones de Consumo. Es así que la orfandad del planteo trunca toda posibilidad de rebatir lo decidido, dado que no demuestra con argumentos válidos cuál sería el error que le atribuye a la resolución de grado. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el agravio bajo análisis.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 59226. Autos: Cuellar Silvina Sala: II Del voto de Dr. Fernando E. Juan Lima 11-04-2025.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto al hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios iniciada por la actora en el marco de una relación de consumo, responsabilizó a la entidad bancaria codemandada. La actora tomó un préstamo personal con la entidad bancaria codemandada, y un crédito prendario con la entidad financiera, también codemandada, para adquirir un automóvil. El crédito prendario lo consiguió a través de la entidad bancaria, ya que la financiera se ocupaba que los pagos realizados sean dirigidos al banco. Comenzó a abonar mediante una cuponera provista por la entidad financiera. La entidad bancaria intimó a la actora por la falta de pago de algunas cuotas, y pese a haber acompañado todas las constancias de pago para aclarar la situación -porque la entidad financiera no cumplía con la obligación de informar los pagos en debida forma-, fue informada como deudora en el Sistema de Información Financiera del Banco Central de la República Argentina -BCRA-, además se le debitó de su caja de ahorro montos en concepto de intereses punitorios y moratorios. Ahora bien, no puede dejar de señalarse que el Banco codemandado intentó desligarse de responsabilidad por haber intimado a la actora bajo amenazas de iniciar acciones legales e informarla como deudora al BCRA, utilizando el lábil argumento de que resultaba ser la entidad financiera codemandada quien había recibido los pagos y, pese a ello, no los había rendido de manera oportuna. En efecto, omitió por completo hacerse cargo de los razonamientos expuestos por el Magistrado de grado en relación con la debida diligencia que, debido a su posición y “expertise” en el mercado, así como las consecuencias disvaliosas que su conducta podía generarle al consumidor, debió haber adoptado antes de proceder de la manera en que lo hizo. Es así que la orfandad del planteo trunca toda posibilidad de rebatir lo decidido, dado que no demuestra con argumentos válidos cuál sería el error que le atribuye a la resolución de grado. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el agravio bajo análisis.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 59226. Autos: Cuellar Silvina Sala: II Del voto de Dr. Fernando E. Juan Lima 11-04-2025.

En el caso, corresponde confirmar la sentencia de grado, en cuanto al hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios iniciada por la actora en el marco de una relación de consumo, responsabilizó a la entidad bancaria codemandada, y la condenó a que arbitre los medios necesarios para suprimir de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina -BCRA- la calificación crediticia histórica a su nombre vinculada con el crédito prendario objeto de autos. La actora tomó un préstamo personal con la entidad bancaria codemandada, y un crédito prendario con la entidad financiera, también codemandada, para adquirir un automóvil. El crédito prendario lo consiguió a través de la entidad bancaria, ya que la financiera se ocupaba que los pagos realizados sean dirigidos al banco. Comenzó a abonar mediante una cuponera provista por la entidad financiera. La entidad bancaria intimó a la actora por la falta de pago de algunas cuotas, y pese a haber acompañado todas las constancias de pago para aclarar la situación -porque la entidad financiera no cumplía con la obligación de informar los pagos en debida forma-, fue informada como deudora en el Sistema de Información Financiera del BCRA, además se le debitó de su caja de ahorro montos en concepto de intereses punitorios y moratorios. El Banco recurrente cuestionó la orden de supresión de la calificación crediticia de la actora de la central de deudores del sistema financiero del BCRA. Sostuvo que a partir de noviembre de 2023, habiendo sido rendidos los pagos por parte de la entidad financiera, se dejó de informar a la actora como deudora. Ahora bien, los argumentos esgrimidos carecen de entidad suficiente para desvirtuar lo decidido por el Juez de grado. Es que la entidad bancaria insiste en responsabilizar a la entidad financiera codemandada por la incorrecta imputación de los pagos en cuestión, pero, en este caso, pasa por alto un aspecto fundamental: la inclusión de la actora en la central de deudores carece de causa. Dicho de otro modo, la actora cumplió en debida forma con la obligación por ella contraída y, por ende, no hay razón -más allá del desajuste entre los codemandados y la impericia por parte de la entidad bancaria al momento de notificar una deuda que no era tal- que justifique su inclusión en dicho registro por los meses comprometidos. Así las cosas, no cabe más que rechazar el planteo bajo examen.

DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 59226. Autos: Cuellar Silvina Sala: II Del voto de Dr. Fernando E. Juan Lima 11-04-2025.

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