SECRETO DEL SUMARIO – RECURSO DE REVISION DE CESANTIA O EXONERACION DE EMPLEADOS PUBLICOS (RECURSO DIRECTO) – PRODUCCION DE LA PRUEBA – DEBERES DEL EMPLEADO PUBLICO – DERECHO DE DEFENSA – CESANTIA – SUMARIO ADMINISTRATIVO – EMPLEO PUBLICO
En el caso, corresponde rechazar el recurso de revisión interpuesto por el actor y confirmar la Resolución que dispuso su cesantía por incurrir en situaciones consideradas incompatibles con la Ley N° 471, como el deber de no ejercer coetáneamente con el empleo alguna actividad o profesión inconciliables con éste, que implicó una violación a las obligaciones establecidas en el artículo 10, inciso a), c) y f) de la Ley N° 471 y a la prohibición expresamente establecida en el artículo 11, inciso a) de la ley citada. El recurrente en su agravio criticó la falta de acceso a las pruebas recolectadas en el sumario en la etapa de instrucción, en este punto alega que no tuvo oportunidad de presenciar o de impugnar las pruebas invocadas en su contra. Sin embargo, tal como lo expuso la Administración oportunamente, y de conformidad con lo establecido por el artículo 59 de la Ley N°471, los sumarios serán secretos hasta que el sumariante dé por terminada la prueba de cargo por lo que el actuar de la Administración en la etapa sumarial fue correcto. Por otra parte, de las constancias de autos se desprende que el actor tuvo oportunidad de impugnar las pruebas producidas en sede administrativa; a su pedido se fijó una nueva fecha de audiencia para que concurriera con asesoramiento letrado, presentó descargo y ofreció prueba, sin que alguna de ellas tuviera por fin desvirtuar las que fueron recabadas en la etapa de instrucción.
DATOS: Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo Causa Nro: 43742. Autos: Silva, Ariel de los Ángeles Sala: III Del voto de Dr. Hugo R. Zuleta 29-04-2021.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
SECRETO DEL SUMARIO – PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL – FIJACION DE AUDIENCIA – AUDIENCIA – DERECHO DE DEFENSA – NULIDAD PROCESAL – OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – FALTA DE AGRAVIO CONCRETO
En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad de la audiencia del artículo 45 de la Ley de Procedimiento Contravencional de la Ciudad. La Defensa sostuvo que al momento de ser notificada de la audiencia prevista en el artículo 45 de la Ley de Procedimiento Contravencional local y del derecho de ofrecer prueba dentro de los cinco días, la causa se encontraba en secreto de sumario parcial, por lo que no pudo tener acceso a ella y, consecuentemente, ofrecer prueba. Ahora bien, el hecho de que se hubiese dictado secreto de sumario parcial en la causa principal, en el caso que nos ocupa, no ha vulnerado el derecho de defensa del impugnante. En este sentido, no se advierte qué defensa en concreto se ha visto impedida de ejercer, ni qué prueba específica no ha podido ofrecer. Por lo tanto, lo cierto es que los únicos elementos probatorios que la fiscalía podrá utilizar durante el debate son aquéllos incluidos en el requerimiento de elevación a juicio, los cuales estuvieron a disposición de la defensa.
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 32346. Autos: NN Sala: II Del voto de Dr. Fernando Bosch, Dr. Pablo Bacigalupo, Dra. Marcela De Langhe 02-05-2017.
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SECRETO DEL SUMARIO – FALTA DE INDIVIDUALIZACION – NOTIFICACION – PLURALIDAD DE IMPUTADOS – DERECHO A ELEGIR DEFENSOR – DEFENSOR OFICIAL – DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO – PRINCIPIO DE PUBLICIDAD – DEBIDO PROCESO – NULIDAD PROCESAL – PROCEDIMIENTO PENAL – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES
En el caso, corresponde revocar la resolución de grado y, en consecuencia, declarar la nulidad del procedimiento. En efecto, la Defensa sostuvo que la sustanciación de la presente investigación afectó la garantía de debido proceso y defensa en juicio dado que no se había notificado de las actuaciones a su asistida y a los empleados de seguridad que prestaron funciones el día de los hechos (art. 96 CP) en el local bailable, a fin de que tomen conocimiento de la investigación y puedan ejercer su derecho defensa. Así, Manifestó que se le había impuesto a los imputados una defensa que no eligieron ni conocían, y que al notificársele una medida de prueba sin que la defensa haya tomado conocimiento de la versión de los hechos de los imputados y al no haber podido elaborar una teoría del caso, se veía limitada su intervención que afectaba las garantías citadas. Al respecto, asiste razón a la impugnante respecto de que se ha vulnerado el debido proceso legal al instruir en secreto la presentante causa, omitiendo la intervención del imputado legalmente prevista y al imponer a los encartados, que no han sido notificados de la existencia de la causa, y de su derecho a proponer letrado de su confianza, a la Defensa Oficial. Ello así, ni la imputada que sí a sido individualizada, ni los demás imputados en la causa cuya defensa promiscua se ha encomendado a la Defensa Oficial han sido informados de la existencia de la causa y de la posibilidad de designar defensor. Sobre el punto, no caben dudas de la importancia del principio de publicidad, el cual, debe ser garantizado (y así lo intenta el legislador porteño) durante toda la tramitación del proceso penal, evitando incurrir en comportamientos que mantengan oculta la actuación del agente fiscal, contribuyendo al conocimiento de esa actuación, principalmente por parte del imputado, con las específicas excepciones establecidas. Por ello, la designación de la Defensa Oficial en La presente, sin darle la posibilidad a los imputados de elegir su asistencia técnica y privándolos de la intervención personal que la ley les garantiza, debe ser dejada sin efecto. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 31004. Autos: Fagundez, Magali Sala: II Del voto de Dr. Sergio Delgado 06-12-2016.
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SECRETO DEL SUMARIO – INVESTIGACION DEL HECHO – NOTIFICACION – PLURALIDAD DE IMPUTADOS – SISTEMA ACUSATORIO – DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO – PRINCIPIO DE PUBLICIDAD – DEBIDO PROCESO – NULIDAD PROCESAL – PROCEDIMIENTO PENAL – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES
En el caso, corresponde revocar la resolución de grado y, en consecuencia, declarar la nulidad del procedimiento. En efecto, la Defensa sostuvo que la sustanciación de la presente investigación afectó la garantía de debido proceso y defensa en juicio dado que no se había notificado de las actuaciones a su asistida y a los empleados de seguridad que prestaron funciones el día de los hechos (art. 96 CP) en el local bailable, a fin de que tomen conocimiento de la investigación y puedan ejercer su derecho defensa. Ahora bien, asiste razón a la impugnante respecto de que se ha vulnerado el debido proceso legal al instruir en secreto la presente causa desde la denuncia inicial, sin control jurisdiccional, tanto en sede nacional como luego de aceptarse la competencia por este fuero. En este sentido, recién se dió intervención a la Defensa Oficial, no a la imputada, a los 18 (dieciocho) meses de la presentación de la denuncia. Al respecto, para resguardar el derecho de defensa en juicio es imprescindible que el imputado tome conocimiento de que se sigue una causa en su contra desde los primeros actos procesales. Es el objetivo de las normas legales que reglamentan esta garantía constitucional y que permiten distinguir el procedimiento moderno del denostado procedimiento inquisitorial, caracterizado por el secreto de sus actuaciones. Pero no debe confundirse dicha notificación impuesta por el respeto a la inviolabilidad de la defensa en juicio con la decisión de imputarlo por esos mismos hechos que adopta el fiscal cuando resuelve, valorando la prueba de cargo reunida en su contra y su descargo, intimarlo. Tampoco es posible que se instruya por más de un año un proceso secreto para las personas en él imputadas. Esto debe ser señalado a fin de no admitir comportamientos que, mediante la sustanciación de una investigación secreta y desmadrada temporalmente, vulneren la garantía de defensa en juicio y la de ser juzgado dentro de un plazo razonable. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado)
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 31004. Autos: Fagundez, Magali Sala: II Del voto de Dr. Sergio Delgado 06-12-2016.
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SECRETO DEL SUMARIO – LEGAJO DE INVESTIGACION – ELEVACION A JUICIO – REMISION DE LAS ACTUACIONES – PRINCIPIO DE PUBLICIDAD – DERECHO DE DEFENSA – PROCEDIMIENTO PENAL – DERECHOS DEL IMPUTADO – CONTROL JURISDICCIONAL
En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que devolvió las copias certificadas del legajo y solicitó la remisión de las actuaciones originales. En efecto, el artículo 206 del Código Procesal Penal debe ser leído de modo concordado con el artículo 102 del mismo texto que establece que el legajo de investigación será público para las partes. Por ello, establece el último párrafo de la primer norma citada, que el Fiscal “no podrá ocultar a la defensa la existencia de pruebas en contra o a favor del… imputado…”. Y que: “Las pruebas conocidas no ofrecidas no podrán incorporarse al debate”. Para controlar dichas disposiciones resulta indispensable que el Juez tenga a la vista las actuaciones originales y verifique y garantice que hayan tenido acceso a todas sus constancias tanto el imputado como su defensa.
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 28820. Autos: Ojeda, Isabel del Carmen Sala: III Del voto de Dr. Sergio Delgado 13-05-2016.
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SECRETO DEL SUMARIO – DECRETO DE DETERMINACION DE HECHOS – INVESTIGACION A CARGO DEL FISCAL – NOTIFICACION – NULIDAD – PRINCIPIO DE PUBLICIDAD – PROCEDIMIENTO PENAL – DEBERES DEL FISCAL – DERECHOS DEL IMPUTADO
En el caso, corresponde revocar la resolución de grado y declarar la nulidad de lo actuado. En efecto, si bien es posible investigar de modo secreto, sólo lo es cuando resulta indispensable. La ley autoriza al Fiscal a disponerlo por resolución fundada (artículo 102 segundo párrafo del Código Procesal Penal) y al imputado a oponerse planteando sus objeciones ante el Juez (artículo 103 del Código Procesal Penal). Una vez radicada la denuncia contra el imputado, la Fiscal inmediatamente determinó el objeto procesal, consistente en averiguar si el referido, había amenazado de muerte a la denunciante y dispuso medidas de prueba (citó a dos testigos) el mismo día. Las disposiciones del Código Procesal Penal, claramente establecen que debió notificar ese decreto al acusado ya que lo mencionaba ya como imputado de la comisión del delito que se investiga. Esta notificación debió efectuarse de modo inmediato dado que es la única forma de garantizar el derecho a la defensa y a designar Defensor consagrado en el artículo 28 del Código Procesal Penal. Si el Fiscal consideraba conveniente investigar secretamente al imputado, la ley lo autorizaba a disponer el secreto sumarial; pero en autos no existen motivos para ello en esta causa, dado que ni antes ni después de que finalmente se le comunicase que había sido denunciado, se ordenó el secreto sumarial. Asimismo, la causa fue archivada sin que se hubiera notificado al imputado de la existencia de la denuncia penal en su contra, y al ser desarchivada, tampoco se le informó que iba a volver a ser investigado por la posible comisión de un delito. En este contexto, donde se omitió notificar al imputado de la denuncia presentada en su contra, se lo invitó a participar de una mediación penal, a la que asistió con el patrocinio de la Defensa oficial. Ante el fracaso de la mediación, transcurrido más de un año de recibida la denuncia, el imputado fue notificado de la denuncia en su contra. Ello así, durante todo el tiempo se investigó de modo secreto para el imputado y su Defensa por lo que lo actuado es nulo. (Del voto en disidencia del Dr. Sergio Delgado)
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 28775. Autos: Z., R. J. Sala: III Del voto de Dr. Sergio Delgado 07-04-2016.
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SECRETO DEL SUMARIO – DECRETO DE DETERMINACION DE HECHOS – DERECHOS Y GARANTIAS PROCESALES – INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR – DEBIDO PROCESO – DEFENSA EN JUICIO – DERECHO A CONOCER EL HECHO IMPUTADO – DERECHO A SER JUZGADO EN UN PLAZO RAZONABLE – NULIDAD (PROCESAL)
En el caso, corresponde anular lo actuado a partir del decreto de determinación de los hechos que omitiera comunicar a los imputados en este proceso por el delito regulado en el artículo 1de la Ley Nº 13.944 y que, además, ha afectado la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable. En efecto, el decreto de determinación del hechos, se dictó un año y nueve meses luego de recibida la denuncia. No se le comunicó al imputado la existencia de estas actuaciones, ni la conducta que se le imputaba, ni las pruebas presentadas y reunidas en su contra, ni durante ese prolongado tiempo, ni al formular el decreto de determinación del objeto procesal. Ello así, los artículos 28 y 29 del Código Procesal Penal local, reglamentan el derecho a la defensa, y con ese fin establecen que el Sr. Fiscal debe informar de inmediato al imputado que existe una causa iniciada en su contra, los derechos que le asisten y que puede hacerse defender por un abogado de su confianza o por la defensa pública. Pese a ello, la primera comunicación formal al respecto fue realizada, con los defectos señalados, luego de un año y ocho meses de iniciado el proceso y, aparentemente, con la finalidad de generar incertidumbre en el imputado al que se le ocultó toda información sobre las presentes actuaciones, incluso el texto del decreto que se ordenó notificarle. Durante el tiempo señalado la Sra. Fiscal ha llevado adelante el proceso omitiendo dicha notificación, esto es, manteniendo secretas las actuaciones para la parte imputada, quien se presentó 1 año y ocho meses después, a fin de designar defensa, luego de reiteradas visitas policiales a su domicilio. El transcurso de tan prolongado tiempo sin dudas vulneró la garantía de defensa en juicio dado que ello necesariamente impide recordar con precisión lo sucedido a los propios protagonistas y, con mayor razón, procurar la prueba que pudiera requerir la defensa.(Del voto en disidencia del Dr. Delgado)
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 17962. Autos: A., D. M. Sala: II Del voto de Dr. Sergio Delgado 29-10-2012.
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SECRETO DEL SUMARIO – DECRETO DE DETERMINACION DE HECHOS – DERECHOS Y GARANTIAS PROCESALES – INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR – DEBIDO PROCESO – DEFENSA EN JUICIO – DERECHO A CONOCER EL HECHO IMPUTADO – PLAZOS PARA RESOLVER – DERECHO A SER JUZGADO EN UN PLAZO RAZONABLE – NULIDAD (PROCESAL)
En el caso, corresponde anular lo actuado a partir del decreto de determinación de los hechos que omitiera comunicar a los imputados en este proceso por el delito regulado en el artículo 1de la Ley Nº 13.944 y que, además, ha afectado la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable. En efecto, el decreto de determinación del hechos, se dictó un año y nueve meses luego de recibida la denuncia. No se le comunicó al imputado la existencia de estas actuaciones, ni la conducta que se le imputaba, ni las pruebas presentadas y reunidas en su contra, ni durante ese prolongado tiempo, ni al formular el decreto de determinación del objeto procesal Es así que, la acción para investigar y juzgar el delito en cuestión prescribe a los dos años (art. 1 ley 13944). Pero este es el término máximo (salvo que resulte interrumpido o suspendido legalmente) durante el cual puede ejercerse la acción penal, antes de que el mero transcurso del tiempo torne írrito su ejercicio y obligue a extinguirla, por razones de seguridad jurídica. Resulta irrazonable, que una Fiscal haya actuado durante tan prolongado lapso bajo lo que no puede ser sino considerado “secreto sumarial”, que es lo que en los hechos se hizo en esta causa, sin haber informado razón alguna para disponer la reserva de las actuaciones cuya existencia y objeto omitió comunicar al imputado individualizado desde el inicio de las actuaciones y sin que se advierta que ello fuera imprescindible para no frustrar medidas probatorias. La ley no permite extender la reserva (el secreto sumarial) por más de diez días. Obliga a fundar expresamente su dictado y sólo autoriza, excepcionalmente, una única prórroga que no puede volver a exceder dicho lapso, conforme lo previsto en el artículo 102 del Código Procesal Penal local, por lo que una instrucción sumarial que se extiende por un año y ocho meses de modo secreto para con el imputado, resulta claramente inadmisible y contraria a la ley. (Del voto en disidencia del Dr. Delgado).
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 17962. Autos: A., D. M. Sala: II Del voto de Dr. Sergio Delgado 29-10-2012.
Advertencia: Esta es una publicación oficial del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los sumarios se adecuan al sentido de los fallos, pero no contienen afirmación de hecho o de derecho, ni opinión jurisdiccional. El contenido puede ser reproducido libremente, y no genera responsabilidad por ello, bajo condición de mencionar la fuente y esta advertencia.
SECRETO DEL SUMARIO – DECRETO DE DETERMINACION DE HECHOS – NOTIFICACION – DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO – PRINCIPIO DE PUBLICIDAD – PROCEDIMIENTO PENAL – DENUNCIA – PLAZOS PROCESALES – DERECHOS DEL IMPUTADO – INVESTIGACION PENAL PREPARATORIA – DERECHO A SER JUZGADO EN UN PLAZO RAZONABLE
Desde el prisma de la inmediatez y pericia en la actuación fiscal, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 92 del Código Procesal Penal de la Ciudad, cuando decide actuar a raíz de una denuncia, debe dictar inmediatamente el decreto de determinación del objeto de la investigación preparatoria. Cuando los imputados están ya individualizados en ese momento, debe notificarles tanto los hechos como la prueba existente en su contra, claramente lo establece el artículo 29 tercer párrafo del capítulo I del Título III del código citado, relativo a los derechos del imputado, al regular el derecho a designar defensor, que el fiscal debe invitar a ejercer, precisamente, “al momento de notificarlo del decreto de determinación de los hechos”. Incluso, siempre dentro del señalado marco de pronta diligencia fiscal, el legislador dispuso, para evitar que se demore esta inicial intervención del denunciado y de su defensa técnica, en el artículo 94 del mismo cuerpo legal, que el fiscal pueda delegar en el secretario la notificación de los hechos investigados (y de los derechos que lo asisten, conforme el art. 28 del ritual citado). El artículo 102, que autoriza la reserva de las actuaciones (el secreto sumarial), que deben ser públicas para las partes a partir de que el fiscal resuelva intimar el hecho (conforme el art. 161 del CPPCABA), aclara que el secreto de la investigación no impedirá que el imputado y su defensor conozcan todas las pruebas existentes en su contra al momento de informársele los hechos imputados. Para mayor garantía el artículo 28 del citado código, dispone que se lo asegure obligando a la policía y al fiscal a informar de inmediato al imputado su derecho a acceder a toda la información disponible, desde el momento en que tenga noticia sobre la existencia del proceso, según las previsiones de ese código (conforme el inciso octavo de la norma citada).
DATOS: Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nro: 14728. Autos: S., R. F. Sala: I Del voto de Dr. Sergio Delgado 06-07-2011.
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